La contradicción política más importante en Cuba no es una próxima administración estadounidense, ni siquiera la Ley Helms Burton del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica; lo es la exclusión política de los ciudadanos cubanos, el no reconocimiento del derecho de igualdad política y la imposibilidad actual de un marco —de identidad, prácticas y culturas— para el desarrollo democrático.

Tal como dije recientemente a alguien que me preguntó sobre el tema: se pueden desactivar todas las medidas económicas, las políticas hostiles implementadas por sucesivas administraciones estadounidenses, el inadmisible programa de injerencia y evaluación política que establece dicha Ley, y la contradicción persistirá, en tanto es inherente al paradigma de poder vigente en Cuba, pero también a sus propias consecuencias y límites. Esto último es, probablemente, lo más importante para entender el verdadero alcance de la referida contradicción.

Si la noción moderna de la política reivindica al derecho de igualdad política como canon jurídico universal, muy difícil de refutar también desde el punto de vista ético; la exclusión política es una deformación intencional del paradigma de poder público de sociedades que en algún momento llegaron a desarrollar una cultura asentada en el reconocimiento y la garantía formal del derecho a la igualdad política de todos los ciudadanos.

Los que han usado la exclusión como recurso de empoderamiento para la opresión de individuos, grupos y clases sociales, han destruido siempre la garantía jurídica y también las distintas formas de socialización del derecho de igualdad de los ciudadanos, como fundamento del sistema político de sus sociedades.

La jerarquización de la igualdad como presupuesto formal y jurídico para la vida política de los ciudadanos, remite a la conclusión de que la única manera en que en una sociedad pueda ser admitida como válida la exclusión de un individuo y sus ideas —prácticas y estructuras organizativas— es cuando en su conjunto, ellas promuevan, o tengan como objetivo, la desactivación, anulación o cualquier forma de enajenación o condicionamiento del derecho de igualdad política de los ciudadanos en tanto base del sistema.

Por el contrario, la instauración de un orden para la exclusión política impondrá en algún momento de su evolución un enunciado por el que serán válidas, y por tanto admisibles, todas las formas de exclusión, discriminación y persecución política que permitan la desactivación, anulación y condicionamiento de la igualdad de los ciudadanos como presupuesto para privatizar y monopolizar el poder.

Propongamos la siguiente pregunta a los lectores de estas páginas: ¿admitirían como válido que puedan ser  excluidos, discriminados, vigilados, perseguidos y castigados de cualquier forma por tener las ideas políticas que tienen?

Los que ejercen el poder y entronizan la desigualdad política de sus ciudadanos como forma de monopolizarlo, concentrarlo y retenerlo para ellos, necesitan ocultar que la base de su paradigma de poder, su núcleo ideológico central y la condición imprescindible de su funcionamiento y éxito, es precisamente el logro de la obediencia.

El vacío que deja la igualdad política en los sistemas políticos que la cancelan, se puede ocultar durante un tiempo —incluso durante mucho tiempo— mediante el logro de consensos sociales y políticos mayoritarios, casi siempre vigorosamente acompañados de distintos mecanismos de obediencia. Rituales de participación política serán suficientes en tales sistemas durante prolongados períodos con el fin de ocultar la ausencia de derechos y libertades de libre ejercicio. También lo serán la exclusión, discriminación, persecución y castigo de los ciudadanos por motivos políticos como resultados claves para el poder.

En cambio, cuando el logro de la obediencia se degrada —a menudo como proceso consustancial a la propia degradación que experimenta el ejercicio del poder—, la importancia que cobra la conducta de simulación subsiguiente no puede ser más ocultada.

El problema de los sistemas políticos que ya no consiguen funcionar sobre la base de consensos sociales y políticos mayoritarios, y de la obediencia, y que empiezan a operar entonces a partir de complejas prácticas de simulación de la obediencia de sus destinatarios; es que para ese momento se sustentan en un poder sumamente débil que —inexorablemente y hasta su desaparición—, tendrá que recurrir cada vez más a la represión desembozada.

La simulación de la obediencia —sea como práctica social o recurso y estrategia política válida para individuos y grupos a la hora de conseguir sus metas—, llega finalmente a convertirse, al interior de estos sistemas políticos, sus instituciones y los roles que dentro de ellas se interpretan y son exigidos; en una cultura de simulación de su coherencia sistémica, de la lealtad, unidad política, de intereses y propósitos de sus integrantes y operadores, frecuentemente avalada por beneficios de distinto tipo, recompensas y privilegios. Cuando ello ocurre, puede reconocerse como signo de un momento irreversible de la decadencia de dichos sistemas.

A medida que estos procesos se instauran y consolidan, producen una intensa paradoja de la autenticidad política: mientras más extendida y eficiente sea la cultura de simulación de la obediencia al interior del sistema político, más auténticas serán las demandas políticas de los ciudadanos.

Convertida en un complejo sistema institucional y de relaciones sociales que se erige y funciona para impedir la existencia de la noción y cualquier forma cultural y práctica de igualdad política; la exclusión política concluye siendo, por su efecto nocivo en todas las esferas de realización de los individuos, de toma de decisiones políticamente relevantes, la matriz de todas las formas de exclusión, de sus diversas culturas y sus medios de expansión.

La desactivación y anulación de la igualdad política es ciertamente un esfuerzo inútil por hacerlo con las contradicciones políticas que se generan en una sociedad, o con los desafíos concretos que enfrenta el poder que, sin embargo, posee una notable capacidad para dificultar, posponer u obstruir durante mucho tiempo las condiciones y posibilidades del desarrollo de los ciudadanos. Un sistema político y social funcional al objetivo de garantizar la exclusión política de una parte de sus ciudadanos, lo es siempre, no eventualmente; pero invariablemente conduce a la sociedad, sus instituciones, culturas e imaginarios, a un estadio de subdesarrollo político.

No es difícil percatarse de cómo ha evolucionado tal contradicción en Cuba si seguimos el patrón de destrucción, empobrecimiento y progresiva disfunción ocasionados en nuestras estructuras sociales y políticas. Ese patrón ha trazado un laberinto de exclusiones políticas, sociales y económicas cada vez más impresionantes e interrelacionadas, consolidadas en tanto orden estructural y cultural, mientras reclama para sí la capacidad de opresión política suficiente para imponerse y aplastar cualquier resistencia o reacción y también —abandonando la zona crepuscular que le cobijó hasta ahora— la posibilidad de desplegar, sin vergüenza, la cultura e imaginarios sociales que las legitiman.

Mientras la mayoría de los ciudadanos cubanos sobrevive cada día en un profundo y persistente estado de shock, parece difícil que el código de obediencia, simulación y apatía que se le ofrece e impone como modelo de conducta política pueda ser roto. Sin embargo, la evidencia de estar en un bucle de subdesarrollo político del que debemos salir a toda costa, es cada vez más importante. Las antiguas liturgias de participación —como la que fue convocada para el día de hoy—  ya no solo son parte del viejo arsenal al que acude el algoritmo político de la decadencia, sino una indiscutible y pública constatación de algunos de los derechos y libertades que la exclusión niega a los ciudadanos.

En tanto tal contradicción continúe ignorada, devaluada y permanezca irresuelta, el problema no solo persistirá, sino que continuará degradando a la sociedad cubana, a sus contradicciones y posibilidades de desarrollo. Esencialmente el problema en Cuba es político, de subdesarrollo político. Resulta imposible entonces que la solución no sea política.

Asumir que el problema es político, no es solo entender que lo es. Asumirlo significa no querer legitimarlo de ninguna forma, no ser cómplice de su funcionamiento, métodos y estrategias, no darle ningún tipo de soporte o apoyo, y eventualmente ser parte de la solución.

Quizás por ello, la lucha por la restauración constitucional y práctica del derecho de igualdad política y la democratización de las instituciones y las culturas de la sociedad cubana, sean la única esperanza de los excluidos de ser protagonistas de su propio destino. Hasta ahora había sido la incapacidad de aprender de la experiencia. En lo adelante se trata de intentar cambiar lo que ya sabemos nos atrasa y daña. Tal tiene que ser el propósito del movimiento de los ciudadanos excluidos en Cuba.

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Este artículo de opinión es ejercicio de derechos y libertades reconocidos por la Constitución.