Resulta curiosa la forma en que el gobierno cubano aborda los cambios de su discurso, a través de sofismas de distracción y giros lingüísticos, en lugar de decir las cosas por su nombre. Jamás mencionan a los pobres, sino a los «vulnerables»; nunca han reconocido la necesidad de transformaciones estructurales, sino de «actualización del socialismo cubano»; los aumentos de precios decretados se denominan «actualización de precios», mientras insisten hasta la saciedad en identificar socialismo con estatización. No se trata de la semántica, sino del tradicional interés de la propaganda oficial en intentar enmascarar la esencia de los fenómenos, algo que, por cierto, se aleja por completo de una posición ideológica verdaderamente marxista.

Es cierto que el conjunto de medidas recientemente anunciadas no apunta hacia una fórmula neoliberal porque, efectivamente y en contra de lo que debería ocurrir, se sigue apostando a mayores controles por parte del Estado; sin embargo, nadie le puede quitar el carácter de paquetazo de ajuste que, dicho sea de paso, no conducirá a la tan mencionada estabilización macroeconómica, mucho menos a solucionar la crisis del país y sí agravará el nivel de vida de la mayor parte de la población cubana.

Ahora bien, las contradicciones del paquetazo son evidentes. En teoría estas medidas harían parte de un «programa de estabilización macroeconómica», pero cualquier programa que persiga ese objetivo debe proponerse reducir los desequilibrios fiscales, propender a la estabilidad de precios y lograr una relativa estabilidad cambiaria. Las medidas del gobierno cubano, por el contrario, prevén un aumento del déficit presupuestal, conducirán a un nuevo aumento de precios y no pueden garantizar la estabilidad cambiaria, porque no están presentes, ni lo estarán en el corto o incluso mediano plazo, las condiciones que la aseguran.

¿Saneamiento fiscal a través de la elevación del déficit?

No resulta serio plantearse un saneamiento de las finanzas públicas elevando el déficit fiscal en varios puntos porcentuales respecto al producto interior bruto (PIB). Para el ejercicio de 2024, el gobierno presentó a la Asamblea Nacional —y esta aprobó—, un déficit que representaría un 18,5% del PIB, el nivel más alto desde 1993. De 68.126,6 millones de pesos de déficit en 2023, se pasaría a 147.390,8 millones de pesos a precios corrientes.

Aunque se asume que lo más adecuado para las finanzas públicas sería una situación de equilibrio fiscal (ingresos = gastos), lo usual es que los Estados tengan déficits que les permitan cumplir con una serie de medidas orientadas al desarrollo económico y social. De hecho, en algunos países con adecuado manejo presupuestal, los gobiernos tratan de lograr superávits en los tiempos de bonanza económica para entonces enfrentar déficits en situaciones de crisis o estancamiento. Sabemos perfectamente que la economía cubana hace mucho que no conoce una situación de bonanza.

Los países europeos, cuando debieron acordar las condiciones macroeconómicas para alcanzar su unión económica y monetaria, fijaron en un máximo del 3% del PIB el déficit deseable, mientras que la deuda pública interna no debería exceder el 60% del PIB. Esas magnitudes han sido superadas en varios países de la zona euro desde la crisis de 2008-2009, pero están muy lejos de alcanzar las existentes en Cuba.

Cuando los déficits fiscales adquieren magnitudes como las del caso cubano, se vuelven un serio problema para la economía nacional, entre otras cosas porque el sistema financiero insular está profundamente subdesarrollado y carece de los instrumentos usados con frecuencia en otros países. Por otra parte, el Banco Central no posee independencia respecto al gobierno y es parte de él, por lo que no le queda más remedio que emitir dinero para financiar el déficit. Este tipo de emisión es esencialmente inflacionaria, porque aumenta la oferta monetaria sin respaldo en la de bienes y de servicios.

¿De qué forma se va a financiar el aumento decretado de salarios para el personal de la salud y la educación? Emitiendo papel moneda. No existe otra vía en las condiciones de Cuba. Con esto no quiero decir que no sea necesario y merecido el incremento. De hecho, es preciso asimismo aumentar los sueldos de otros profesionales, técnicos y obreros, como también incrementar las pensiones.

No obstante, ello sería posible solo si son adoptadas las medidas ineludibles para facilitar el emprendimiento en los negocios, que permitan la recuperación de una senda de crecimiento en la industria, la agricultura y los servicios en general — especialmente los productivos— y, al mismo tiempo, redimensionar el Estado, eliminando del presupuesto la inmensa carga que representa el sostén de las actividades del Partido Comunista y las «organizaciones de masas», además de la gran erogación que requiere el enorme aparato represivo del país.

Pero nada de esto está concebido en las medidas planteadas para reorganizar las finanzas públicas cubanas. Es evidente que el aumento del déficit fiscal es una determinación totalmente contraria a un programa de estabilización macroeconómica y apunta hacia un aumento de la inflación.

¿Contener la inflación aumentando los precios de los combustibles y elevando las tarifas eléctricas, el gas y los servicios de transporte?

El paquetazo incluye un notable incremento en los precios de los combustibles, que se ubica entre 428% y 445% de acuerdo al tipo de combustible de que se trate. Estos aumentos se trasladan, tanto a la economía nacional como familiar, a través de la elevación de los costes asociados a los combustibles que impactan a prácticamente toda la economía.

Esta decisión pretende ajustar los precios internos de los combustibles debido a que resultaban muy baratos de acuerdo con los precios internacionales. De hecho, con el draconiano ajuste realizado siguen estándolo, si consideramos como tasa de cambio la del mercado informal. Pero, ¿quiénes son los responsables de esta «distorsión»? Los propios miembros del gobierno, que a contracorriente de las razones expuestas por varios economistas, entre los que me incluyo, alertamos que la tasa de cambio de 24 pesos cubanos por un dólar estadounidense no era adecuada pues no guardaba relación alguna con el mercado, resultaba sobrevalorada y abarataba artificialmente las importaciones en tanto encarecía las exportaciones. No hicieron caso, como es usual. Y ahora tampoco han ofrecido disculpas al país por los errores garrafales asociados a la llamada «Tarea Ordenamiento», que ha desorganizado aún más la economía nacional.

Ahora aumentan los precios de los combustibles en una magnitud descomunal, lo que significa reconocer implícitamente los errores cometidos, pero carecen del coraje político para asumir sus responsabilidades y, como siempre, trasladan a la población, y también a ciertos actores económicos, el costo de sus políticas económicas fallidas.

Además, persisten en el error de desconocer las leyes de la economía y de los mercados. El nuevo precio de un litro de gasolina regular continuará siendo barato para quienes dispongan de moneda dura, pues los nuevos precios se han establecido considerando una tasa de cambio de 120 pesos por dólar, que constituye menos de la mitad del precio que cotiza el mercado informal, único al que realmente pueden acudir tanto la población como determinados actores económicos. Sin embargo, resulta notablemente alto para la mayor parte de la población, cuyos salarios no se han incrementado en los últimos dos años pese a la estampida de precios observada en el país, al punto de que continúa aumentando la brecha existente entre los salarios y el costo de la vida.

Por otra parte, a quienes tenían sus divisas en cuentas bancarias, estas les fueron cambiadas obligatoriamente a la tasa de 24 x 1. Si el precio de los combustibles se quintuplica ahora, sus recursos, que originalmente eran en divisas, se han reducido en términos reales en más de un 80%, que es el resultado de la pérdida de poder adquisitivo.

Este ha sido el resultado de una operación claramente confiscatoria del gobierno cubano, que refuerza con ello el carácter tradicionalmente extractivo de sus instituciones. En realidad, el deterioro del poder adquisitivo es mayor si se tiene en cuenta la galopante escasez de bienes y la altísima dependencia que el país ha alcanzado respecto a las importaciones para satisfacer las necesidades más elementales de la población.

Difícilmente el aumento significativo de los precios de combustibles y tarifas eléctricas y de transporte tribute a una política anti-inflacionaria. Será todo lo contrario.

¿Estabilizar la tasa de cambio a través del control del mercado cambiario?

Las autoridades cubanas parecen negadas a comprender las leyes de la economía y los mercados. En realidad, subliman un subjetivismo extremo al desconocer que las economías funcionan a través de leyes objetivas. La soberbia de un poder indiscutido se combina con una profunda debilidad teórica, no solo en la ciencia económica, sino también en el marxismo como filosofía.

Continúan apelando a infundadas teorías de la conspiración para no reconocer las razones objetivas que hacen que el valor del peso cubano expresado en divisas extranjeras haya caído por un despeñadero, en gran medida debido a las políticas económicas fallidas adoptadas por el gobierno y sancionadas tanto por el Comité Central del Partido Comunista como por la Asamblea Nacional.

Los precios ajustados a una tasa de cambio de 120 CUP por USD no son reales, porque esa tasa de cambio no lo es. Por tanto, se mantendrán las distorsiones de los precios internos respecto a los precios internacionales, debido a que esta tasa sigue estando sobrevalorada respecto al valor del mercado, lo cual conspira contra la necesidad del país de sustituir importaciones con producción nacional y promover exportaciones.

Tanto el primer ministro como el ministro de Economía y Planificación insisten en que el objetivo es «controlar» el mercado cambiario y combatir el mercado que ellos llaman «ilegal» y en realidad es informal. Una vez más se equivocan. No existe la suficiente disponibilidad de divisas en manos del Estado para garantizar un mercado controlado en el que pueda imponerse el tipo de cambio. Mantener tasas de cambio múltiples es un error demostrado por la misma práctica de Cuba y de otros países.

La única opción es abandonar las tasas de cambio fijas, aceptar como única tasa la de un mercado legal, transparente y competitivo en el que participen tanto el sector financiero como actores privados provistos de licencias para operar. La estabilidad cambiaria no se decreta, es necesario lograrla con medidas económicas adecuadas. Sin ella no habrá estabilización macroeconómica posible.

A manera de coda

Nadie tiene dudas de que Cuba necesita un programa de estabilización macroeconómica, pero este que anuncia el gobierno no lo es. Y no solo eso, sino que conspira contra dicho objetivo. El costo del ajuste, una vez más, lo pagará la sociedad en su conjunto, sobre todo los grandes sectores de trabajadores y jubilados a través de su mayor empobrecimiento.

Finalmente, no existen alternativas económicas viables para superar la crisis que no sean las que conduzcan a desatar las fuerzas productivas, sometidas a camisas de fuerza impuestas por las medidas restrictivas del gobierno y su excesivo control e ineficaz intervención.