Preámbulo

Cuando en la novena legislatura se presentó a aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular el actual Código Penal, descubrí que estaba entre mis contactos en Messenger una joven diputada, recién incorporada al Consejo de Estado en razón de su cargo político. Con la esperanza de que aceptaría un diálogo sobre el tema, o al menos se interesaría por conocer la opinión de un ciudadano, le escribí por esa vía, en los términos respetuosos que acostumbro.

Jamás recibí respuesta. Seguramente, para esa diputada el «contacto de los diputados con sus electores» de que hablan los medios de difusión se limita a paseos programados por lugares seleccionados, con amplio séquito acompañante y mucha prensa.

Alguien puede afirmar que una diputada no es todo el parlamento, otros miembros acaso actuarían diferente. Pero no fue esa mi primera experiencia infructuosa con diputados.

Pocos meses antes de los sucesos del 11 de julio, mediante el llamado Portal del Ciudadano, me dirigí a los presidentes de la República y de la Asamblea Nacional (por tanto, los dos diputados de más alto nivel) para referirme a hechos graves sucedidos por esos días, violatorios de la Constitución.

Tampoco obtuve respuesta.

El largo camino y..., ¿un primer paso?

Recientemente, la Gaceta Oficial publicó la resolución 271/2023 (GOC-2023-966-EX79), firmada por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, puesta de inmediato en ejecución. Dicha resolución establece la tarifa de precios para la venta de suelo en Cuba.

Usted leyó bien: venta. No «arrendamiento». No «usufructo», gratuito u oneroso.

Eso es más de lo que mi condición de ciudadano puede soportar sin sentir violentado mi patriotismo. Sin mucho pensarlo, y en vista de las anteriores experiencias con diputados del más alto nivel, publiqué un comentario en Facebook y me dispuse a escribir una denuncia pública.

Para mi asombro, entre los muchos «me gusta» recibidos se encontraba el de uno de los diputados que, en teoría, representan a mi municipio Diez de Octubre en el parlamento cubano.

(En Diez de Octubre «elegimos» seis diputados; ninguno de ellos alcanzó ni de cerca el mínimo de 50% de los votantes, pero ello no quita que sean los representantes del municipio en la Asamblea Nacional).

Ante el hecho inesperado, detuve la escritura de la denuncia y me dirigí por Messenger al diputado. Cito mi mensaje:

Espero que los diputados se pronuncien contra esa resolución violatoria de la soberanía nacional. De no hacerlo el país quedará en descrédito absoluto. ¿Qué diremos al mundo? ¿Cómo justificar que se entrega la soberanía por un puñado de dólares, cuando hemos soportado décadas de dolor y agresiones, precisamente por defender nuestra soberanía nacional y nuestro decoro?

Espero que usted y sus colegas diputados entiendan la gravedad de esto.

Para mi sorpresa, ¡el diputado me respondió! Me pedía que lo pusiera al tanto, pues no se encontraba en el país. Imaginé que podría dialogar con él y obtener un canal por donde transmitir mis inconformidades a la Asamblea Nacional. Le escribí:

Gracias por responder. En la Gaceta Oficial aparece la resolución 271 del Ministerio de Finanzas y Precios donde se establece la tabla de precios para la concesión de terrenos, en propiedad, a inversores extranjeros para instalaciones de energía renovable.

Como cubano estoy muy dolido, pues echa por tierra la base en que se sustenta la soberanía nacional. Solo el Estado cubano puede ser propietario de la tierra, ningún extranjero puede disponer de ella. Una cosa es dar en arriendo con garantías y otra es enajenar esa tierra con carácter definitivo. Un ejemplo: Se entrega tierras en arriendo a quien quiera cultivarla, no en propiedad, ¡y se trata de un cubano!

Lo grave es que hace cosa de un año hubo una negociación que despertó sospechas, con canadienses que, según Turismo, solo tendrían la administración de las instalaciones hoteleras en un cayo. No se convenció a todos,  pero se negó que hubiera habido venta del cayo. Esta resolución pareciera confirmar la sospecha de que se está vendiendo la soberanía nacional.

Eso es más peligroso para nuestro país que una agresión armada.

Gracias una vez más. No imagina cuánto agradezco su atención.

El diputado respondió: «Pues le digo que también me molesta visto así de esa manera y en cuanto llegue haré las averiguaciones pertinentes. Le agradezco yo a usted. En cuanto sepa se lo comunicaré. Saludos».

¡No todo estaba perdido, un diputado se mostraba receptivo a mis preocupaciones como ciudadano!, ¡había un comienzo de diálogo con las autoridades!

Pero ahí quedó todo. Era el 2 de diciembre. No hubo más comunicación. ¿No ha regresado? ¿Regresó y no se ocupó del asunto? ¿Se ocupó, pero le dijeron que otros responderían en su lugar, o que el asunto se trataría en la Asamblea?

¿O le «orientaron» no continuar el diálogo con un «agente enemigo»?

Nunca lo sabré. Lo que sé, porque estuve frente al televisor casi todo el tiempo, es que en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supuestamente encargado de defender la soberanía nacional, ningún diputado se pronunció sobre la existencia de una tarifa para la venta del territorio nacional a compañías extranjeras. Ninguno expresó al menos una duda sobre posibles interpretaciones inadecuadas de la resolución 271. Ni ella ni ninguna otra decisión gubernamental suscitó la menor petición de aclaración o enmienda: Se aprobaron en bloque, sin señalamientos, por unanimidad.

El diputado que prometió atender y responder a mi preocupación también aprobó.

¿Conclusión?: Carece de sentido, no conduce a ningún lugar, ¡es una pérdida de tiempo!, pretender hablar a los diputados de los problemas del país, incluso sobre asuntos tan graves como la soberanía nacional u otras violaciones de los preceptos constitucionales a que todos los días asistimos. Las otras «vías establecidas», como el Portal del Ciudadano, son solo una forma de mantenernos entretenidos pensando que alguien oye nuestras inquietudes.

Ni siquiera tenemos derecho a la manifestación pacífica en defensa de la propia Constitución, pues el artículo 56 de la ley de leyes es letra muerta, condenado a nunca ser puesto en vigor, por conveniencias del gobierno y con el consentimiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que debería ser su principal adalid.

Para los cubanos de cualquier signo ideológico, ni siquiera para quienes hemos vivido intentando hacer realidad los sueños de enero del 59, no hay espacio donde exponer opiniones que disientan en algo del discurso oficial. Ni parlamento, ni manifestación pública pacífica, ni prensa están a nuestro alcance.

Por fortuna, hoy existen las redes sociales y, aunque precaria y metida toda en una misma bolsa con el membrete «enemigo», está la prensa alternativa. A ella acudo ahora para denunciar lo que considero un gran paso hacia el camino que conduce a la venta de nuestro país al extranjero.

Pasos

1. El camino más largo comienza con el primer paso, afirma la sabiduría asiática. Pero a veces consideramos primer paso lo que no lo es: Hubo otros antes y no nos percatamos. Entre consignas, represiones más o menos evidentes y dificultad (cuando no imposibilidad) en acceder a la información, las voces de advertencia apenas se perciben. O son tildadas de traidoras.

Lo cierto es que desde hace mucho se anda en el camino de la pérdida de la soberanía nacional.

Vaya por vía de ejemplo: Durante décadas, en violación de la letra de la Constitución de 1976, los cubanos estuvimos impedidos de acceder a ciertos espacios nacionales: cayos, algunas playas, hoteles y las mejores instalaciones turísticas del país. Se ha modificado esa política, sin embargo, hay denuncias de que aún existen espacios turísticos prohibidos para los cubanos.

En esencia, eso es una expropiación de la soberanía de los ciudadanos cubanos en favor de ciudadanos extranjeros, sea cual fuere el artificio lingüístico con que se adorne. No obstante, ningún diputado se ha pronunciado al respecto en la Asamblea Nacional. Por el contrario, al crearse la cartera gubernamental de Primer Ministro se aprobó por unanimidad nombrar a quien hasta ese momento encabezaba el Ministerio de Turismo, responsable visible de esa violación continuada de los derechos constitucionales.

2. Hace pocos meses, gracias a las redes sociales, se supo de la entrega de uno de los cayos cubanos a cierta empresa canadiense, como pago por una deuda millonaria.

En cualquier país el asunto habría adquirido proporciones de noticia de primera plana, pero el monopolio estatal sobre los medios de difusión impidió que trascendiera. A través de los medios no permitidos por el Estado y de las redes sociales la información se difundió, y las autoridades concernidas se vieron forzadas a publicar un desmentido oficial. No era el primero ante denuncias de ese tipo, pero este caso era muy grave: La entrega de territorio nacional a cierta compañía extranjera a cambio de la condonación de una deuda.

Según el desmentido, no era cierto: El cayo continuaba como parte inalienable del territorio nacional, a la compañía canadiense solo se le había adjudicado los derechos de administración exclusiva sobre las instalaciones turísticas allí enclavadas.

Los pormenores del contrato no se reprodujeron en el desmentido, de manera que hay que hacer un acto de fe y confiar, pues lo afirmó una autoridad, en que la soberanía nacional está a salvo y el cayo continúa siendo propiedad de los cubanos.

Lo ocurrido en realidad nunca lo sabremos, pues las licitaciones del Estado con compañías extranjeras no son públicas en Cuba, ni se someten a escrutinio por el parlamento (si bien esto último sería simple formalidad, dado que nunca cuestiona o discrepa en asuntos de fondo en lo decidido por el gobierno). Pero quien no practica la fe en el dios Estado se hace preguntas incómodas: ¿Cómo se aplican en la práctica las leyes cubanas en instalaciones «bajo administración de la compañía extranjera»? ¿Tiene derecho un ciudadano cubano a hacer uso soberano de ese trozo de territorio nacional? ¿Puede alojarse en esas instalaciones, o solo los extranjeros que la compañía canadiense traiga desde su país?

La práctica, esa misma que Marx y Engels afirmaban que es el criterio de la verdad, muestra que tales instalaciones son para uso exclusivo de los grupos de turistas trasladados por la compañía al cayo. Como las instalaciones llegan a la orilla del mar, también el mar queda vedado para los cubanos. Dicho de otro modo: El territorio supuestamente soberano y «solo administrado» por la compañía extranjera, es un trozo del suelo nacional donde los únicos cubanos autorizados a poner los pies serán quienes sirvan como empleados, si no es que la compañía impone su propio personal. Cubano que intente acercarse pagará multas o irá a prisión por violación de propiedad privada.

Por mí, pueden denominar eso como quieran, pero en tales territorios «exclusivos» no se ejerce la soberanía nacional.

3. Alguien puede objetarme, dada la lamentable situación material y espiritual de la mayoría de la población: Es más trascendente el desayuno de un niño que esa cosa que no se come, no sana o impide morir a un enfermo, llamada soberanía, ¿a quién interesa si los cayos pertenecen a Cuba o a compañías extranjeras? Importante es el mercado con productos, y en el bolsillo un salario que alcance para adquirirlos.

Si la preocupación principal del ciudadano es tratar de sobrevivir y que sobrevivan quienes de él dependen, queda poco espacio para temas abstractos, como la soberanía sobre el territorio nacional. En cualquier caso, según los medios de difusión oficiales, gracias a esos negocios entran al país las divisas que «permiten a nuestro pueblo continuar su heroica resistencia». Hoy en día nadie recuerda cuáles son esas «conquistas» por cuya defensa el pueblo debe resistir y sacrificarse, pero es alentadora la idea de que, como resultado de la venta de territorio nacional, llegue comida a las tiendas, y medicinas a las farmacias. Si ese será el resultado, qué bueno que los extranjeros se adueñen de las playas, los hoteles, la cayería, ¡y hasta de la estatua de José Martí en el Parque Central!

Primero vivir, después filosofar, advertían los romanos. Sin soberanía se puede vivir, sin comida no. Después de todo, no nos diferenciamos tanto de los otros primates.

El pueblo necesita comida y medicinas, y está acostumbrado a que la Constitución sea letra muerta hasta para quienes juraron defenderla; por tanto, poco interesa si la venta del territorio nacional significa violar la Constitución vigente.

Dicho de esa manera suena muy duro, pero es lo que se ha sembrado en el subconsciente de los ciudadanos. Esto es: Las condiciones subjetivas para emprender «la larga marcha» por el camino de la entrega de la soberanía nacional están creadas, es solo echar a andar. Un día de estos despertamos y nos percatamos de que se alcanzó el punto de llegada.

4. En cualquier otra parte del mundo, la aparición de algo semejante a la resolución 271/2023 hubiera adquirido ribetes de escándalo (y la prensa cubana se hubiera hecho eco de ello, con lujo de detalles en los noticieros y sesudos análisis de especialistas), pero en Cuba los medios informativos oficiales, como de costumbre, miraron hacia otra parte y no se enteraron. La mayoría de la población no sabe siquiera que existe; de conocerlo, ¿acaso le importará? Lo veo poco probable dada la apatía generalizada ante lo que no sea luchar por la supervivencia.

Como señalé en un párrafo anterior, esta resolución establece una tarifa de precios para la venta de terrenos a compañías extranjeras, dictada por el ministro de Finanzas y Precios «En el ejercicio de la atribución que me está conferida en el Artículo 145, inciso d), de la Constitución de República de Cuba». Cito textualmente los fragmentos principales:

PRIMERO: Aprobar como valor mínimo del suelo (en propiedad) un valor de 0,34 USD/m² para terrenos donde se desarrollarán proyectos de inversión con capital extranjero en el sector de la energía renovable (solar fotovoltaica y eólica), en los municipios del país, según se relaciona en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución.

SEGUNDO: Los valores que se obtienen están dados (en propiedad), y serán afectados por un coeficiente de corrección para determinar el valor en Derecho de Superficie o de Usufructo.

TERCERO: Aprobar el coeficiente de corrección que se aplica al valor mínimo del suelo (en propiedad) para determinar el valor del suelo en Derecho de Superficie o de Usufructo, en función del tiempo de vigencia de cada negocio, según se establece en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Por su parte el anexo II se titula «Coeficiente de corrección a aplicar al valor mínimo del suelo, en propiedad, para la determinación de los valores del suelo en derecho de superficie o usufructo».

Más claro no puede estar: Son los precios en que se vende el suelo cubano. Repárese en la insistencia en la expresión «en propiedad», llamada a evitar cualquier confusión: No es «en usufructo», es «en propiedad». ¿Alguna duda, señor empresario extranjero?; no tema usted, venga y compre su pedacito de Cuba.

Obsérvese, además, que la venta no es a cubanos, sino a extranjeros. Como quiera que lo presenten, eso es desnacionalización de un bien de todo el pueblo. Se podría pensar que este es un primer paso en la desnacionalización del territorio cubano, y con él comienza el recorrido del largo camino de la entrega total de la soberanía nacional al extranjero.

Para mí no es así, porque el paso ya estaba dado: Se establece la tarifa porque hay una mercancía en venta o lista para ser vendida; de otro modo no tendría sentido. Si se mencionan «correcciones», existe algo que corregir. Volviendo al caso del cayo «administrado» por la empresa extranjera, ¿no es dable sospechar que sí fue una venta? ¿La «corrección» no intentará poner orden en lo hecho hasta el momento?

5. Se podría aceptar que, por estar el país endeudado y en ruinas, y en aras de la salvación de la nación, se hagan concesiones. Ello explicaría ciertas posturas ante temas internacionales con las cuales es difícil concordar, como la ausencia de condenas públicas a Rusia, Irán o Arabia Saudita por crímenes cometidos a la vista de todos.

Aunque algunos no encontramos justificación a ese actuar que pone en duda la soberanía política, es dable admitir (con mucho esfuerzo) su validez, pues se hace para no perder fuentes de financiamiento y evitar más miseria a la población.

Los gobernantes no están obligados, en ningún país, a llamar a plebiscito cada vez que deciden, en la esfera internacional, adoptar determinada postura ante un hecho al momento de producirse, por ejemplo, una votación en las Naciones Unidas. Pero están obligados a someterlas con posterioridad a la aprobación, o no, del parlamento. Así se procede en un Estado de derecho, como afirma el artículo 1 de la Constitución que es el cubano.

No es lo mismo cuando se trata del componente físico de la soberanía; esto es, del lugar concreto donde ella se ejerce: el territorio nacional. En ese caso nada justifica concesiones y, en un Estado de derecho, implica la caída inmediata del gobierno y la convocatoria a elecciones generales: La soberanía sobre el territorio la ejerce el Estado, y ninguna parte de él puede cederse si no es mediante un plebiscito realizado con amplias garantías y normas muy precisas.

En cuanto a Cuba, la Constitución no deja lugar a duda alguna:

Artículo 11. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción:

a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley, el espacio aéreo que sobre estos se extiende y el espectro radioeléctrico…

Artículo 12. La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, concesiones o pactos acordados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial.

Artículo 13. El Estado tiene como fin esenciales los siguientes:

b) mantener y defender la independencia, la integridad y la soberanía de la patria…

Artículo 23. Son de propiedad socialista de todo el pueblo: las tierras que no pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, los yacimientos minerales, las minas, los bosques, las aguas, las playas, las vías de comunicación y los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica exclusiva de la República.

Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad...

6. La historia nos recuerda luchas de hace unos cien años por recuperar Isla de Pinos. Luego de tres décadas peleando por la independencia, una generación de cubanos debió elegir entre tener patria cercenada en una porción de su territorio o no tenerla; a sus descendientes les correspondió luchar por la soberanía sobre todo el territorio y lo hizo. Faltó Caimanera, pero al menos se rescató Isla de Pinos.

¿Estaremos repitiendo la historia? ¿Luego de seis décadas de sacrificios y desgarramientos asistiremos a la pérdida paulatina de la soberanía sobre porciones de nuestro territorio, no para tener patria como entonces, sino para recibir tubitos de picadillo de ave? ¿Legaremos a nuestros nietos una patria devastada física y espiritualmente, y sin siquiera soberanía sobre su territorio? ¿A cambio de qué?

Algunos de nosotros vimos la esperanza de una patria mejor para todos en enero de 1959, pero hoy vemos que la patria que legaremos no es mejor que la de entonces, y el concepto de soberanía esgrimido cuando nos arengan para la resistencia ya no sabemos qué significa: Por perder, hemos perdido hasta el significado de las palabras.

7. He visto algunas explicaciones/justificaciones, a la resolución 271; no en fuentes oficiales, pues la prensa no la ha mencionado. En un órgano supuestamente no oficial se publicó un artículo donde se explicaba que la lista de precios no es tal, sino un «coeficiente de corrección», y que la propiedad de los terrenos no está en venta. Se obvia que el texto insiste en la frase «en propiedad». Tampoco veo que se altere el resultado si es un «coeficiente de corrección» o una simple tablilla de precios. Lo trascendente es que se trata una lista de precios para la venta de suelo nacional a extranjeros.

A 34 centavos de dólar el metro cuadrado, para mayor especificidad. Eso es lo que vale la tierra por la cual han matado y muerto miles de cubanos a lo largo de más de siglo y medio.

Alguien, para negar la venta del territorio nacional, ha afirmado que se trata de un problema de redacción, que la resolución es ambigua y da pie a ser mal interpretada. Pero no es cierto que sea ambigua en lo fundamental. Además de la repetición de la expresión «en propiedad», ya señalada, al inicio se aclara que se basa en un decreto de marzo de 2012 (algo más de once años), que establece considerar como aportes destinados al capital social de empresas mixtas y de empresas de capital totalmente extranjero, los derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles y otros derechos reales sobre estos, incluidos los de usufructo y superficie.

Dicho de otro modo, como el Estado cubano no anda sobrado de divisas, la parte de capital que debe aportar para la compañía extranjera se deduce del valor asignado al suelo. Ese valor es lo que corrige la tarifa, no el hecho de que se venda el terreno.

También he leído en redes sociales que la venta de suelo responde a la exigencia de los inversores extranjeros sobre garantías para su inversión y que, en definitiva, se trata de terrenos improductivos, no aptos para la agricultura. Yo me pregunto, por una parte, si el único modo de ofrecer garantías al inversor extranjero es realizar un acto violatorio de la Constitución, y, por otra, si una porción de suelo cubano deja de serlo por no ser apto para la agricultura.

Conclusión

Para mí solo hay una lectura de lo ocurrido: Asistimos a un paso importante en el camino de la pérdida de la soberanía nacional. Hoy tenemos una tablilla que «corrige» precios para el otorgamiento de terrenos a compañías dedicadas a las energías renovables. Mañana acaso veamos otra, con otro «coeficiente de corrección», para la venta de terrenos o capacidades instaladas, como grandes hoteles de lujo edificados en detrimento de la agricultura y la salud pública, o laboratorios de la industria biológica.

Estoy convencido de que la privatización de las escasas empresas rentables del país ocurrirá antes de que termine el actual mandato gubernamental o no mucho después; tal vez en algún caso sea necesario desnacionalizar alguna industria. No estoy ni a favor ni en contra de ello, siempre que se someta a la consideración de los ciudadanos, y siempre que se encamine a elevar el nivel de vida de la población, que debería ser el fin supremo de todo gobierno.

Con lo que nunca podré estar de acuerdo es con la desnacionalización de nuestra tierra. Eso lo considero traición a la patria, ni más ni menos.

Por cierto, el Estado cubano expropió tierras e industrias tanto de cubanos como de extranjeros, y llamó a esa expropiación «nacionalización», lo cual es inexacto cuando el expropiado es un nacional. El camino emprendido ahora conducirá a otro cambio de dueño, esta vez extranjero. Eso se llama desnacionalización.

Pienso que, al final del camino, todo lo vendible será vendido al extranjero. Soy viejo, pero, al paso que vamos, estoy convencido de que alcanzaré a verlo. Con un parlamento que encuentra bueno y aplaude cuanto provenga del gobierno, el éxito de la operación está garantizado.

Por último, aclaro que admito la posibilidad de estar equivocado, de ver fantasmas donde no los hay. Pero no soy el único. Cumplí mi deber cívico y avisé a un diputado de mi municipio, quien debió tramitar mi preocupación. Hay quienes no se alarman como yo, pero consideran que la resolución se presta a confusión. Son razones más que suficientes para que la Asamblea Nacional hubiera exigido explicaciones al ministro involucrado y detuviera la aplicación de la resolución.

La Asamblea Nacional no ha cumplido con el deber de cualquier parlamento en cualquier país medianamente democrático, que es servir de contrapeso al accionar gubernamental. Por su parte, todos y cada uno de los diputados incumplieron, como se ha vuelto costumbre, su obligación de defender la Constitución que juraron cuando asumieron sus cargos.

A mí, por lo tanto, no me representan.