Casi tres años después de adoptarse en Cuba la llamada «Tarea Ordenamiento», cuyo diseño e implementación fueron criticados por varios economistas, entre los que me incluyo, los principales dirigentes del país —finalmente— reconocen los errores cometidos aun cuando no admitieron las críticas durante todo este tiempo. Esto lo hacen sin ofrecer disculpas a la ciudadanía ni reconocer sus responsabilidades personales y colectivas en una medida que, no solo no corrigió las distorsiones del sistema productivo, sino que profundizó los desequilibrios macroeconómicos y afectó severamente el nivel de vida de la población.

Las máximas autoridades —a contrapelo de la realidad— continúan evadiendo su responsabilidad en el desastre que es hoy la economía cubana, que ahora fue catalogada en un nuevo subterfugio distractor como «economía de guerra».

En la intervención que recién realizara el ministro de Economía y Planificación ante la Asamblea Nacional, al presentar los factores que determinaron el desempeño de la economía en 2023, mencionó en este orden: el recrudecimiento del bloqueo; la crisis multidimensional a nivel global; la insuficiente generación de ingresos en divisas; y los desequilibrios macroeconómicos. En ningún momento se hizo un reconocimiento honesto de los graves errores en política económica. Y, por si eso no fuera suficiente, las intervenciones del presidente y el primer ministro evidenciaron que la dirigencia cubana no genera otras propuestas que el reciclaje de un modelo fracasado.

 Siempre he dejado clara mi posición respecto a los efectos nocivos de las sanciones económicas de Estados Unidos sobre la sociedad cubana, incluso en aquella que no vive en la Isla. Sin embargo, a diferencia del discurso oficial, que continúa insistiendo en que estas constituyen la causa principal de la crisis, considero que son los errores de política económica los principales responsables de tal situación.

Si mañana se eliminaran totalmente las sanciones estadounidenses, la economía insular no tendría la posibilidad de recuperar su crecimiento porque está lastrada por una serie de distorsiones estructurales que han conducido a la parálisis del sistema productivo y, en consecuencia, incrementaron la dependencia y vulnerabilidad externa del país, así como la pobreza.

Estado controlador y estancamiento productivo

La práctica dogmática del socialismo burocrático se ha basado históricamente en la existencia de un Estado que, en lugar de regular el funcionamiento del mercado, pretende subyugarlo a partir del control de las actividades económicas al mínimo detalle, lo cual se traduce en una especie de camisa de fuerza para las fuerzas productivas. Solo de esa forma puede la burocracia gobernante asegurar su dominación económica sobre el resto de la sociedad.

Cuando la economía se debate entre la necesidad de superar el estancamiento productivo, eliminando para ello el control de la burocracia, o mantenerlo a costa de la prosperidad económica, el liderazgo cubano siempre ha optado por la segunda opción. En consecuencia, es la defensa a ultranza de la posición dominante de esa burocracia y de sus intereses de clase, la principal responsable de una crisis estructural y multidimensional que afecta a toda la sociedad.

Las últimas medidas económicas anunciadas no apuntan a cambiar ese estado de cosas, sino refuerzan la intención de la dirigencia de ejercer un mayor control sobre los diversos actores económicos, por lo que no es de esperar resultados positivos. Continúan apelando al predominio de las empresas estatales bajo la presunción de que existe una identidad entre lo estatal y lo socialista, cuando el carácter socialista de la propiedad solo puede lograrse a partir de que la sociedad sea capaz de ejercer su condición de propietaria colectiva a través del control de la gestión, algo muy lejos de la realidad en Cuba.

En la práctica, la burocracia es la que ejerce el control sobre las empresas que supuestamente son de todo el pueblo, y como quiera que estas carecen de autonomía económica y financiera real y los ingresos de los trabajadores están lejos de asegurar la satisfacción de necesidades básicas, no existen estímulos suficientes para elevar la producción y la eficiencia. Adicionalmente, si el Estado cubano es el principal inversionista en las empresas estatales pero carece de los recursos financieros para ponerlas a funcionar, el resultado no puede ser otro que la esclerosis productiva, agravada por la obsolescencia tecnológica.

Este es un antiguo dilema sobre el que existe amplia literatura disponible desde hace décadas, cuando comenzaron a debatirse diversos procesos de reforma en los llamados países del socialismo real. Sin embargo, las autoridades cubanas prefieren el inmovilismo haciendo lo mismo, aunque resulte evidente que no funciona.

En uno de los más controvertidos pasajes de su larga intervención ante la Asamblea Nacional, el primer ministro afirmó que «la responsabilidad de alimentar al pueblo es del gobierno» (minuto 38:02 de su intervención en Youtube), craso error que demuestra, además, la concepción de un «Estado que alimenta» e impone a la sociedad un rol pasivo en la autogestión de su vida. Esta cuestión es de naturaleza política, pues intenta generar por parte del pueblo una conducta de sumisión a la burocracia que lo provee de los alimentos necesarios para garantizar su subsistencia, y pretende hacer punibles las expresiones de oposición a las políticas del gobierno.

Programa cuestionable de estabilización macroeconómica

Los desequilibrios macroeconómicos agravados en la economía cubana, se reflejan en el excesivo déficit fiscal que resulta de un desbalance negativo entre los ingresos y gastos del Estado; excesiva emisión monetaria para compensar ese déficit y responder a los ajustes de salarios y precios resultantes de la «Tarea Ordenamiento»; marcada tendencia inflacionaria; y déficit en la balanza de pagos debido al deterioro de la posición financiera externa, lo que conduce al incremento de la deuda externa y a la devaluación sistemática de la moneda en el mercado informal a falta de uno formal.

Todo esto lo habíamos advertido varios economistas cuando se hizo pública la decisión de adoptar el ordenamiento en medio de la peor contracción de la producción nacional de los últimos treinta años, agravada por los efectos de la pandemia del Covid-19. A pesar de ello, el gobierno cubano determinó hacerlo, con los conocidos efectos negativos sobre el nivel de vida de la población, muy especialmente sobre los jubilados y adultos mayores, y el consiguiente y notable incremento de los niveles de pobreza.

Ahora el gobierno anuncia que las prioridades del programa de estabilización macroeconómica son: la implementación de acciones dirigidas a la corrección de precios; gradual desdolarización de la economía; reactivación del mercado cambiario; y la transformación del mecanismo de gestión de liquidez en divisas.

Los desequilibrios macroeconómicos, cuando tienen carácter estructural como el caso de Cuba, requieren de políticas de ajuste.

La «corrección» de precios —aunque debería apuntarse sobre todo hacia su estabilización— requiere eliminar los desequilibrios relacionados con el déficit fiscal y el incremento de la oferta monetaria sin respaldo en la de bienes y servicios en el mercado. Este tipo de desajustes son esencialmente inflacionarios, y para reducir la inflación en un país que carece de la mayor parte de instrumentos de política monetaria, las opciones se reducen a la disminución abrupta del déficit y a la adopción de mecanismos conducentes al aumento de la oferta de bienes, de forma tal que la superación de la agónica escasez se traduzca en un descenso de precios.

Cuando el déficit fiscal se torna insostenible, es necesario corregirlo mediante una contracción del gasto y/o un incremento notable de los ingresos. En el caso de Cuba, resulta difícil pensar en un incremento de los ingresos, pues ello dependería de un despegue económico que no se vislumbra en el panorama inmediato. Por ello el gobierno decidió subir los precios y tarifas a bienes y servicios ofrecidos por el Estado, y reducir las exenciones tributarias concedidas temporalmente a las mipymes.

Por otra parte, para la reducción del gasto público se anunció la eliminación de subsidios a los precios de bienes de consumo básicos, que se transformarán en subsidios a las personas, así como un futuro ajuste en gastos salariales generados por plantillas excesivamente abultadas.

No obstante, para que los ingresos del presupuesto crezcan a la par de un despegue de la economía, es necesario eliminar las restricciones actuales que limitan el emprendimiento y el desarrollo de los negocios y frenan el crecimiento de la producción industrial y agrícola. En este sentido, el gobierno cubano sigue apostando a asignar al sector privado un carácter complementario en el sistema económico, subordinado al sector estatal ineficiente y paralizado.

Por eso, una buena parte de los nuevos empresarios tratan de lograr retornos financieros rápidos como mecanismo de protección frente a una hipotética reversión de las medidas que han permitido el resurgimiento del sector privado. No sería la primera vez que esto ocurriera. La dinamización del sector empresarial privado y la reestructuración del estatal constituyen las principales fuentes de un incremento sustancial de ingresos del presupuesto.

Asimismo, para reducir el gasto público resultaría imprescindible eliminar la carga presupuestal que representan los gastos de las organizaciones políticas y «de masas» que no se financian con las contribuciones de sus miembros, algo que difícilmente hará el gobierno actual.

Sería de esperar que un programa de estabilización macroeconómica incluyera como medida crucial la disminución del déficit presupuestal como proporción del producto interior bruto (PIB). Sin embargo, contrariamente a esto, el gobierno propuso y la Asamblea Nacional aprobó un déficit previsto del 18,5% del PIB, rubro que en 2020 alcanzó el 17,7%; en 2021 el 11,7% y en 2022 el 11,1%. Aunque no se ha informado la cifra de 2023, algunos cálculos gruesos y rudimentarios permiten estimarla por encima del 13%.

En cualquier caso, resulta imposible que se produzca una estabilización macroeconómica incrementando la proporción del déficit respecto al PIB. ¿De qué forma se compensaría este déficit? ¿Incrementando la emisión de papel moneda? ¿Aumentando la deuda pública? ¿Qué mecanismos se utilizarían de adoptar esta decisión? ¿Se aumentaría la deuda externa?

De hecho, la inflación prevista es de 20-25% anual para 2024, lo cual significa un incremento de precios en esa magnitud sobre el 30% de aumento estimado para 2023. Por tanto, no es de esperar que se evite el proceso de empobrecimiento de la población que resulta del deterioro del ingreso real.

Por otra parte, no existen condiciones reales para la superación de los desequilibrios externos traducidos en un déficit crónico de divisas. Cuba necesita una política de incentivos para incrementar las exportaciones de bienes y servicios y sustituir importaciones por producción nacional, objetivos que no pueden lograrse a partir de una simple lista de deseos o con llamamientos de carácter ideológico.

Resulta contradictorio que el gobierno mencione como objetivos del programa de estabilización la gradual desdolarización de la economía y la reactivación del mercado cambiario y, a la par, refuerce el funcionamiento de las tiendas en moneda libremente convertible anunciando un aumento de la oferta de bienes en este tipo de entidades y la creación de gasolineras especiales para turistas y pretendiendo reactivar el mercado cambiario mediante la imposición de una nueva tasa de cambio fija, que quedará desactualizada con el probable deterioro de las condiciones económicas.

La dolarización parcial no es conveniente en ningún caso porque segmenta los mercados y perpetúa el desorden cambiario. Yo apostaría por la soberanía plena del peso cubano con curso forzoso y fuerza liberatoria ilimitada en todo el territorio nacional, pero entre una dolarización o eurización parcial o total, apostaría por una total. El gobierno cubano no ha considerado esta última opción porque perdería la posibilidad de mantener el monopolio en el uso de las divisas y tendría que cumplir con una disciplina fiscal y monetaria impuesta por las autoridades monetarias de los países emisores. Una dolarización total es imposible mientras se mantengan las sanciones económicas y la eurización requiere de un acuerdo con los países de la zona euro. Nada de eso se ve posible en un horizonte de corto plazo.

La mejor comisión creada para revisar y establecer una nueva tasa de cambio no puede reemplazar al mercado, de la misma forma que los precios establecidos por entidad alguna del gobierno no cumplen mejor que el mercado la función de asignar recursos a través del sistema de precios. Quienes dirigen el régimen cubano se niegan a aceptar una ley económica objetiva harto demostrada en la práctica.

Haciendo referencia a la tasa de cambio representativa del mercado informal publicada diariamente por El Toque, el primer ministro cubano se aleja de la verdad cuando acusa a quienes operan «un computador desde un país extranjero» para establecer la tasa de cambio del peso cubano respecto al dólar estadounidense. El Toque ha explicado hasta la saciedad cuál es su metodología de cálculo, que podría ser más precisa de contarse con la información de las transacciones reales en divisas en un mercado libre y transparente.

La ausencia de este mercado formal es la que ha generado la existencia del informal, al que incluso el propio gobierno acudió cuando decidió crear una tasa paralela a la oficial, lo que contribuyó notablemente al desorden cambiario que existe en el país. En la cuestión cambiaria, a través del mecanismo de gestión de liquidez en divisas, el gobierno pretende mantener el actual sistema discrecional, que no guarda relación alguna con el mercado.

El gobierno persiste así en el desconocimiento de las reglas del mercado cambiario y continúa pretendiendo imponer a este las camisas de fuerza aplicadas a toda la economía con efectos nocivos sobre ella y sobre el nivel de bienestar.

En mi opinión, deben suprimirse las tasas de cambio oficiales múltiples porque están sobrevaloradas y no permiten conectar adecuadamente a la economía cubana con la internacional, además de encarecer artificialmente las exportaciones y abaratar artificialmente las importaciones. Por eso, las alusiones constantes de los dirigentes cubanos a la existencia de una «mentalidad importadora» no guardan relación con la realidad. No se trata de mentalidad, sino de condiciones objetivas creadas por la escasa capacidad productiva y la errónea política cambiaria en la que persisten.

La opción adecuada sería tomar como referencia el mercado cambiario informal actual y comenzar a operar un único mercado formal, en el que funcionen los bancos, las instituciones financieras y casas de cambio, incluso privadas, formalizando un negocio que actualmente es informal y que, por tanto, no tributa a los ingresos presupuestales. La tasa de cambio única, debidamente fundamentada, es imprescindible para el funcionamiento adecuado de la economía, corregir los desequilibrios macroeconómicos y permitir una mejor inserción internacional de la economía.

A manera de resumen

Los problemas de la economía cubana son de tal magnitud que no se solucionarán en el corto plazo. Sin embargo, las decisiones económicas adoptadas, lejos de constituir un programa coherente de transformación estructural, no serán capaces de corregir los desequilibrios macroeconómicos actuales. De hecho, parecieran resultar contraproducentes con ese objetivo.

Tampoco resultan adecuadas en la línea de recuperar la senda del crecimiento económico, de forma que se enfrente el significativo deterioro del nivel de vida, ni generan esperanzas creíbles a la población económicamente activa, que abandona en masa el país buscando condiciones más dignas de existencia.

El gobierno carece de voluntad política para adoptar las medidas económicas imprescindibles encaminadas a remontar la crisis. Parece preferir el usufructo de activos nacionales por parte de inversionistas extranjeros en lugar de permitir el desarrollo de un sector privado nacional que pueda desarrollarse en un adecuado clima de negocios con las adecuadas garantías legales y que podría regenerar el deteriorado tejido productivo nacional.

En un país en el que funcionara una democracia normal, un gobierno con estas características difícilmente resultaría exitoso en una elección libre y transparente en la que debiera competir con otras fuerzas y proyectos políticos.

El Comité Central del Partido Comunista, la Asamblea Nacional y el Gobierno, siguen pretendiendo que puede lograrse un mejoramiento de la economía sin eliminar el control que se mantiene sobre esta. Ese control es la principal restricción al despegue de las fuerzas productivas.

No quieren cambiar y han impuesto un sistema que nos impide cambiarlos a ellos. Es necesario comenzar cambiando eso.