a) Un joven anuncia en redes sociales la celebración de su cumpleaños en el bar de su propiedad. Se ha de asistir vestido de blanco. La entrada costará mil pesos; consumo mínimo de quince mil. El joven se llama Sandro.

(Video que circula oficialmente en las redes sociales).

b) Una madre acaricia el rostro de su hijo de veintinueve años, tendido sobre una camilla de hospital, muerto. Sus familiares la ayudan a vestirlo. Un hombre uniformado y con grados de mayor observa en silencio y oye los lamentos. El joven se llama Manuel de Jesús.

(Video que circula extraoficialmente por las redes).

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1. El 26 de mayo de 2023 publiqué en La Joven Cuba un artículo en que analizaba la posibilidad de ver a Cuba, en un futuro no muy lejano, convertida en un Estado anómico.

Las contradicciones internas entre artículos de la Constitución vigente, entre ella y posteriores normas de menor jerarquía, más las violaciones de los derechos que consagra (en particular por el Código Penal, varios de cuyos artículos otorgan amplio margen a la interpretación), dejan a los ciudadanos en plena indefensión frente a los aplicadores de las leyes.

Año y medio después, siguen presentes, incluso se han incrementado, los elementos entonces señalados como signos de que Cuba marchaba hacia su conversión en un Estado de ciudadanos desprotegidos. Lamentablemente, la premonición se cumplió, y hoy no escasean ejemplos que lo demuestran; si no los conocemos es porque la prensa no cumple su misión de informar. Quienes tienen el encargo histórico de impedir esta situación, los diputados, tampoco hacen nada por evitarlo.

2. La falta de normas jurídicas es uno de los signos de anomia de un Estado, pero si de algo no padecen los gobernantes cubanos es de falta de creatividad normativa. Resoluciones, reglamentos, medidas administrativas de variada jerarquía se anuncian casi todos los días; como consecuencia, las limitadas sesiones del Parlamento cubano se convierten en verdaderos maratones de aprobación (nunca rechazo) de leyes y decretos en tiempo récord.

Sin embargo, ese mismo Parlamento no ha encontrado espacio para poner en vigor el artículo 56 constitucional.

El artículo 56 constitucional, para quien no lo sepa, reconoce el derecho a la manifestación pacífica de la inconformidad ciudadana con el actuar del gobierno o de alguno de sus funcionarios. Es un derecho fundamental vigente en cualquier país democrático, cuya ausencia es inimaginable en un Estado de derecho (como define la Constitución al cubano).

La disposición transitoria 13ª constitucional estableció el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la Constitución (abril de 2019), para la confección de «un cronograma legislativo que dé cumplimiento a la elaboración de las leyes que desarrollan los preceptos establecidos en esta Constitución». Luego de casi seis años (y dos legislaturas), no se ha puesto en vigor el artículo 56 constitucional, y no se ha mencionado siquiera esa posibilidad en las sesiones de la Asamblea Nacional.

Esta demora injustificada constituye un abierto desacato, de los diputados y del Consejo de Estado, a la Constitución vigente.

3. Con una prensa atada al discurso oficial, al no poner en vigor el artículo 56 se le cierra a la ciudadanía la única posibilidad de expresar públicamente por vía pacífica sus quejas y reclamaciones. Sin derecho a protestar, el ciudadano está a merced de las buenas o malas decisiones de quienes rigen los destinos del país y de las interpretaciones que den a las leyes los encargados de aplicarlas.

Si se añade a lo anterior que el sistema electoral vigente priva a la ciudadanía de la posibilidad de elegir efectivamente a quienes ostentan su representación en la Asamblea Nacional, los diputados en esta presentes no son sus portavoces; apenas cumplen, en la práctica, la función de ratificar las decisiones de los gobernantes que ellos mismos, no la población, eligieron.

Sin reales portavoces en el Parlamento, sin prensa pública independiente del aparato gubernamental, y con limitadísimas oportunidades de enfrentarse mediante reclamaciones legales a posibles aplicaciones arbitrarias de las leyes, el ciudadano está, en esencia, desprotegido.

Alguien podría argüir que, en las actuales circunstancias, lo importante es secundar al Estado cubano en sus esfuerzos por recuperar la economía nacional, afectada —nos lo recuerdan constantemente gobernantes, prensa y diputados— por la guerra económica impuesta por una potencia enemiga. Ante ello, cualquier otra consideración sería secundaria.

Sin embargo, hay consideraciones que no son secundarias para el ciudadano común, quien sufre no solo las consecuencias de la guerra económica, sino también las resultantes de la acumulación, durante décadas, de decisiones económicas absurdas de quienes gobiernan (¿hace falta enumerar?, ¿no es suficiente con el desmantelamiento de la industria azucarera?), y el manejo desastroso del erario (¿más inversiones en hoteles caros que en investigación científica y producción de alimentos?, ¿un aparato gubernamental cada día más inflado y dispendioso?).

Si no hay modo de obligar a las autoridades a dar respuestas adecuadas a los reclamos de la población (ni siquiera dónde reclamar); si determinadas instituciones no rinden cuentas a los  diputados, quienes no pueden emplazar a los ministros, ni destituir a un primer ministro que no supo atajar a tiempo al subordinado que robaba el dinero del pueblo mientras le exigía sacrificios; si, en fin, los diputados que debían ser la voz del pueblo no la levantan en defensa de los ciudadanos, ¿qué recurso queda?

Quienes acusan a una potencia extranjera y a sus agentes en el interior por los problemas del país debían tomar estos elementos en cuenta antes de hablar de «manipulación desde el exterior». No hacer caso de esta realidad está llevando al país a un callejón sin salida. O a una que ningún patriota quiere para Cuba.

4. En tiempos en que el Estado ejercía el monopolio absoluto de la información no era complicado mantener ocultos los esporádicos brotes de descontento ciudadano. Hoy la situación ha cambiado: A pesar de los esfuerzos por controlar la divulgación no oficial de noticias, falsas o verdaderas, ellas vuelan: Un hecho ocurrido en un intrincado sitio de las montañas puede llegar de inmediato a cualquier rincón del mundo, no solo del país.

El discurso oficial parece desconocer esa realidad cuando, refiriéndose a los disturbios del 11 de julio, afirma que hubo planificación, coordinación y hasta dirección por parte de una potencia extranjera.

Curiosamente, ese discurso no es exactamente el mismo de los primeros días. Entonces se habló de pequeños grupos de ciudadanos con reclamaciones justas, a los cuales se sumaron revolucionarios confundidos o mal informados, y que grupos de antisociales aprovecharon para cometer hechos vandálicos.

Ese día se vio en la televisión al presidente de la República, sudoroso, acabado de llegar del municipio donde, al parecer, se produjo la primera manifestación (o una de las primeras), proclamar la consigna «La calle es de los revolucionarios», y dar la orden de enfrentar con firmeza las manifestaciones. Evidentemente, eso no contribuyó a calmar los ánimos, y las manifestaciones se intensificaron y radicalizaron (más calmado, declaró en posterior comparecencia que sus palabras no significaban una orden para que unos cubanos atacaran a otros, pero el mal ya estaba hecho).

Las protestas ocurrieron en distintos lugares, estimuladas ante todo por las malas condiciones de vida y el olvido en que se encontraban algunos sectores de la población (lo cual, por cierto, no ha cambiado demasiado; solo hay que ver la situación de la mayoría de los jubilados). Contra eso se reclamaba en lo fundamental, aunque siempre hubo reclamos políticos, como los gritos de «Libertad» que algunos lanzaron, pero no hubo en ello nada que mostrara un movimiento coordinado, que hubiera implicado elaboración previa de consignas y demandas.

El pueblo cubano no está acostumbrado a las movilizaciones ciudadanas; no conoce, por décadas sin practicarlas, el poder de las manifestaciones pacíficas.  No era de extrañar que elementos ajenos a los verdaderos motivos de las protestas aprovecharan la oportunidad para realizar desmanes. (Hay quienes afirman que también hubo agentes infiltrados para provocar disturbios y justificar el uso de la fuerza contra los manifestantes, pero no me consta, por no haber participado en ellas).

Las autoridades insisten en que hubo organización y coordinación previas, sin más prueba que el surgimiento de protestas en distintos puntos del país. Pero con la proliferación de la telefonía móvil no es imprescindible que esa condición se dé para que se replique en un lugar lo que sucede en otro.

Admitamos que ocurrió así, que todo comenzó a partir de una acción coordinada previamente. Si las condiciones objetivas no hubieran estado creadas, la operación hubiera sido un fracaso. Los pequeños grupos que salieran a la calle no habrían sido secundados por miles de personas, como ocurrió. La llamita de la «subversión» se habría extinguido por falta de oxígeno.

Si la chispa prendió y se multiplicaron las protestas, fue porque la pólvora estaba seca y lista para incendiarse. Muchos barrios del país vivían (siguen viviendo) en condiciones infrahumanas, y sus pobladores se sentían (siguen sintiéndose) olvidados, a pesar de la repetida afirmación «Nadie quedará desamparado».

No es casualidad que los «vándalos» mostrados por los videos oficiales, así como los detenidos y condenados, sean en su mayoría personas jóvenes, de piel oscura y habitantes de barrios marginados (llamados indistintamente «desfavorecidos», «menos favorecidos» y, ahora, «en transformación»).

Negar que hubo vandalismo en las manifestaciones es mentir. Hubo apedreamientos de vidrieras y asaltos a tiendas, hubo robos. La prensa ha exhibido repetidamente videos que lo demuestran.

Pero también es mentir, y gravemente, afirmar que los manifestantes eran «agentes enemigos» coordinados desde el exterior, unidos a grupos de antisociales que se dedicaron al vandalismo. Además de falsear la historia, es un autoengaño de las autoridades que les impide enfocarse en la búsqueda de verdaderas soluciones a la grave situación del país, que no solo es económica: Es también ciudadana, es moral, es espiritual.

5. Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de ruptura en la modorra política e ideológica que se vive en Cuba, agotada su gente en una lucha por la supervivencia que no parece terminar nunca. Las personas gritaron porque necesitan ser escuchadas, entonces y ahora; porque no ven cuándo acabarán sus privaciones, mientras ven a las familias de quienes dirigen el país llevar una vida de lujos y ostentación; porque en los hospitales faltan las condiciones materiales para la atención decente a los pacientes, y las medicinas ya no se compran en las farmacias, sino en el mercado negro.

Cierto, también se oyeron reclamaciones políticas: No pocos de los manifestantes reclamaron, además de su derecho a vivir mejor, un cambio de gobierno, convencidos de que el actual no está capacitado para resolver sus problemas, y no creen en él. Pero exigencias de cambio de gobierno ocurren en cualquier país del mundo donde hay libertad de expresión y de manifestación, además de verdaderas elecciones. Lo anormal es que por ese reclamo se lleve al ciudadano a la cárcel, lo juzguen y le impongan sanciones comparables a las de peligrosos criminales.

Afirman las autoridades que los sancionados lo son por haber cometido delitos como vandalismo y robos con daños a la propiedad; por tanto, no son presos políticos, como afirman los opositores, sino comunes.

La Fiscalía General de la República informaba en junio de 2022 que se procesó a 381 personas (los opositores hablan de más de mil, pero el tema cantidad no es relevante a los efectos de este análisis). Aun admitiendo que todos los condenados hayan cometido hechos vandálicos, por tanto, delitos comunes, el sesgo político de las condenas se evidencia en la dureza de las sanciones y en la inocultable finalidad ejemplarizante. Lo demuestran las cifras:

Las sanciones estuvieron entre diez y dieciocho años de privación de libertad. Según la propia fuente, los delitos juzgados fueron «sedición», «sabotaje», «robo con fuerza y violencia», «atentado», «desacato» y «desórdenes públicos». Los acusados de «sedición» (¿ese no es un delito político?) fueron condenados a penas entre cinco y ¡veinticinco! años de prisión.

6. Salvando distancias, salta a la mente la comparación de las sanciones impuestas a los participantes en las protestas del 11 de julio de 2021 con las impuestas a los participantes en los acontecimientos del 26 de julio de 1953.

El asalto al cuartel Moncada fue preparado con antelación, los asaltantes estaban armados y se habían entrenado para la acción; su objetivo era derribar al gobierno del país por la vía violenta. Corrió la sangre: Atacantes y soldados murieron en la acción. Sin embargo, el principal responsable fue condenado a quince años de prisión, cuatro de los principales participantes lo fueron a trece años, otros veintidós a diez años, y otros más a sanciones menores.

Como se observa, las condenas impuestas entonces por el delito de rebelión armada y ataque premeditado a instalaciones militares, con el objetivo de derribar al gobierno, fueron mucho menos severas que las recibidas por los involucrados en los hechos del 11 de julio de 2021, donde el único muerto registrado fue uno de los participantes en la protesta.

Para completar la comparación, los participantes en las acciones armadas del 26 de julio de 1953 fueron amnistiados año y medio después de los sangrientos sucesos. Sin embargo, los condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 continúan en prisión tres años y medio después de los sucesos, a pesar de las voces que claman por una amnistía.

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c) Soy un joven revolucionario normal y voy a celebrar mi cumpleaños en el bar de mi propiedad, declara en Instagram el joven llamado Sandro. Exhorta al pueblo a la unidad, para enfrentar las maniobras del enemigo.

d) Me lo han matado, exclama la madre mirando a su hijo muerto de nombre Manuel de Jesús, me lo han golpeado. El hombre uniformado agacha la cabeza y continúa en silencio.

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7. El joven muerto llamado Manuel de Jesús cumplía sanción de seis años de prisión por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021; fue juzgado por desorden público y hechos vandálicos, según la fiscalía. Por haber publicado los videos que grabó durante las manifestaciones, según los opositores. En todo caso, ya había cumplido más de la mitad de la sanción, y más del doble de lo cumplido por quienes asaltaron cuarteles en 1953 cuando fueron excarcelados.

Aun dando por cierto lo afirmado por la acusación, no lo aducido por la oposición, la intención ejemplarizante de la condena se evidencia. No se trataba de impartir justicia y restablecer la legalidad, sino de dar un escarmiento para que los hechos no volvieran a producirse. De otra manera no se explicaría la dureza de las sanciones, ni la negativa a promulgar una amnistía general que traería paz a sus familiares y contribuiría a calmar los ánimos, ya bastante caldeados, de una población hastiada por la situación de penuria que enfrenta y las cada día más inocultables diferencias sociales.

Adviértase que la amnistía beneficiaría, ante todo, a las propias autoridades, que podrían aprovecharla para proclamar ante el mundo su vocación humanista. Y sería una demostración de confianza en sí mismas y en la solidez de sus instituciones.

Lamentablemente, ha primado la tendencia a mostrar mano dura ante los opositores, lo cual no es señal de fuerza, sino de debilidad; la misma debilidad que lleva a posponer la puesta en vigor del artículo 56 constitucional y a criminalizar, por diversos medios, a quien intente hacer valer ese derecho.

8. ¿Qué ocurrió con el joven Manuel de Jesús?, ¿es cierto que se ahorcó, como aseguran las autoridades penitenciarias, o murió a consecuencia de una golpiza, como proclama la familia? La imposibilidad de una investigación independiente impide que lo sepamos con certeza, de modo que cada cual tomará como válida la versión que le parezca más creíble.

Supongamos que, en efecto, se ahorcó, que no lo mataron a golpes. Ello no significa que las autoridades estén exentas de culpa: La vida, la integridad física y la salud de un recluso son responsabilidad del Estado, ejercida a través de las autoridades penitenciarias. La muerte de cualquier recluso, incluso como consecuencia de una riña en la prisión, es de alguna manera culpa de esas autoridades.  

Hablemos claro: El joven Manuel de Jesús Guillén, cuya muerte lloran hoy sus familiares y amigos, estaría vivo si su supuesto delito no hubiera sido castigado con la crudeza propia de un escarmiento. O si, sancionado, hubiera sido excarcelado al año y medio, como lo fueron los moncadistas en su momento. Si hubiera ocurrido al menos lo segundo, su madre no estaría sufriendo hoy, y para siempre, el desgarramiento de ver muerto al ser que formó en sus entrañas, a quien creó a partir de su sangre y su carne, a su fuente de alegrías, temores y esperanzas, a quien estaba llamado a ser su apoyo en la vejez.

Pero no olvidemos que Manuel de Jesús Guillen no es el primer sancionado por los hechos del 11 de julio que muere en prisión. Al menos hay otros dos anteriores, según es conocimiento público. Si se hubiera dictado a tiempo una amnistía para ellos, esos jóvenes hubieran vuelto con sus familias y hoy estarían vivos.

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e) En un lugar de La Habana, una mujer llora una pena no comparable con ninguna otra, la más honda que ser humano alguno pueda sufrir. Un joven de veintinueve años llamado Manuel de Jesús nunca más le dirá: «Mamá, voy a llegar tarde esta noche, no te preocupes».

f) En sus redes sociales, un joven llamado Sandro muestra videos de la gran fiesta por su cumpleaños en el bar de su propiedad..., un joven revolucionario normal, afirma, como cualquier otro joven cubano.