El contexto político que motiva la emigración masiva desde Cuba es complejo y contradictorio. Lo más obvio es que su promoción siempre ha sido parte de una política interna y externa, sea para exportar/fomentar la disensión política, paliar crisis materiales internas, o ambas simultáneamente, incluso a veces con vistas a alcanzar objetivos políticos y económicos basados en interpretaciones parciales de su impacto en lo que ocurre en otros países.

Debido a su carácter, estas políticas, aunque a corto y mediano plazos podían traer beneficios inmediatos, también acarrean costos sustanciales a largo plazo.  El exportar el disenso —como se hizo desde 1959—, dio lugar a una enconada resistencia externa a la Cuba socialista anclada en la población exiliada en los Estados Unidos; mientras que la debacle del Mariel, a la vez que políticamente dañó al presidente Carter, fue instrumental en la llegada al poder del presidente Reagan, paladín de la desaparición del bloque socialista.  

Más recientemente, el relajamiento de las restricciones migratorias se fundamentó como parte de una estrategia económica dirigida a promover la creación de una sociedad transnacional, en la que la población emigrada aportara a Cuba tanto como los ciudadanos transnacionales de otros países tributan a sus respectivas patrias. La gran diferencia es que las ganancias para Cuba han sido limitadas, ya que sus estructuras económicas y políticas, en lugar de incentivar beneficios, los estrangulan.

Las implicaciones subyacentes en estos procesos de éxodo contribuyen al surgimiento y persistencia de desarticulaciones demográficas y sociales. Ante la disyuntiva de caminos para conducir el país hacia un modelo de prosperidad —que también tendría que enfrentar la solución de las desigualdades y divergencias ideológicas y políticas generadas en las últimas seis décadas—, las autoridades decidieron escoger lo que llaman «continuidad» del vigente modelo de «equidad con miseria» (igualdad en la pauperidad, diría Martí), cuyos resultados saltan a la vista: una depreciación de la moneda de 95,83%; las tasas de cambio del euro y el dólar, aunque recientemente han bajado, llegaron a rondar los 400 CUP por cada unidad de esas monedas, el producto interno bruto per cápita más bajo del hemisferio occidental, así como el más elevado índice anual de miseria, a nivel global, impulsado por un récord de inflación, que alcanzó niveles entre 740%, 1.221% y 1.840%.

Crisis habitacional

Luego, habría que dejar explícitamente establecido que los factores que empujan hoy a la población cubana a salir del país, son los mismos que han estado presentes por décadas, al menos desde el decenio de los sesenta, que no solo fueron los contribuyentes a la extinción del baby boom, tal y como documentaran Díaz-Briquets y Pérez.

El desmantelamiento del sector inmobiliario y el congelamiento del parque habitacional en el país han conducido a una severa escasez de viviendas, que sobrepasa las 856,500 casas y que hace inalcanzable el acceso en un contexto en que apenas se sobrepasan las 16,000 nuevas unidades habitacionales al año, obstaculizando de forma severa el proceso de formación de nuevas familias y forzando a la cohabitación de hasta cuatro generaciones en el mismo espacio.

Polarización de los ingresos y las oportunidades. Caída del consumo

El retorno a la diferenciación económica, el desigual desempeño económico de los grupos socio-clasistas y la severa caída del consumo (notablemente de alimentos y medicamentos), tanto por la seria escasez, como por un nivel de inflación que como se ha visto, alcanza entre los tres y los cuatro dígitos, devorando cualquier aumento de los ingresos de la población, en virtud de un estrés socio-económico casi permanente y la consecuente polarización de los ingresos y las oportunidades, impidiendo cualquier posibilidad de ahorro en las personas, que mayoritariamente solo acceden a salarios y a pensiones que tampoco se ajustan por inflación.

Según la ONEI, el salario medio mensual alcanzó 4,648 CUP, que representaba 38.73 USD a la tasa de cambio oficial (120 cup/usd), pero que en el mercado informal (395 cup/usd) serían apenas 11.77 USD. Calcúlense entonces para el salario y las pensiones mínimos, ascendentes a 2,100 CUP y 1,528 CUP respectivamente.

Y todo ello en un contexto en que la canasta básica alimentaria para dos personas equivale a 20,000 CUP mensuales, y en el que Cuba habría perdido el 90% de los productores porcinos que existían entre 2018 y 2022. «La disponibilidad de ciertos alimentos o grupos de alimentos se ha reducido notablemente: arroz, -21 %; frijol, -24 %; viandas, -26 %; carne de cerdo, -44 %; huevos, -11 %; leche, -39 %; aceite, -31%; carne de res, -2%; y harina de trigo, -25 %, situación que se ve agravada por que no se percibe que exista una ruta crítica efectiva para corregir esta distorsión en el corto plazo», según Anaya y García.

En tal escenario de crisis económica profunda, reconocida hoy como una policrisis, la magnitud de la situación alimentaria es tal, que el gobierno cubano no ha tenido otro recurso que pedir ayuda urgente a los organismos internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), mientras UNICEF reconoce ya que más de dos quintos (42%) de los niños menores de cinco años del país padecen pobreza alimentaria grave (9%), o moderada (33%).

Si a estos se agregaran los que la padecen de forma leve, podría afirmarse que al menos la mitad de los niños menores de cinco años en Cuba padece alguna forma de privación nutricional, y ello en base a estimaciones de esa agencia a partir de datos oficiales, que igualmente podrían estar subestimados. Aun así, se trataría de uno de cada dos niños en edad prescolar. Ahora imagínense los porcentajes que se alcanzarían si se incluyeran los datos de la población infantil entre los cinco y diez años.

Aunque no es la primera vez que se atraviesan emergencias alimentarias, es la primera ocasión en que se «solicita apoyo emitiendo una comunicación oficial al más alto nivel de dirección del PMA». Finalmente se decidió la adquisición 500 toneladas de leche en Estados Unidos, 245 en Canadá, 500 en Brasil, y 600 de otros proveedores. De tal forma, ante la imposibilidad de la producción nacional de alimentos, se ha continuado reforzando la dependencia de las importaciones de bienes básicos que podrían haberse logrado en el país, donde incluso los antiguos territorios productores son ya incapaces de autoabastecerse, tras una caída de la producción de 90% en 2023.

Valoración negativa del sistema y el modelo económico

Un factor no menos importante es la valoración negativa de las perspectivas económicas y el impacto que la población avizora. En palabras de la más alta autoridad del país ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, se reconoce haber aprobado y promulgado «una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; [...] una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y [...] una Ley de Pesca, y no hay pescado», mientras «más de 380 mil hectáreas de tierra permanecen ociosas». Dicha situación acentúa dos fenómenos que distinguen el panorama alimentario: una sostenida y galopante crisis en la producción nacional de ese rubro, y la casi completa dependencia de importaciones para garantizar la alimentación de la población, que se «ha mantenido por encima de los 2200 millones de dólares estadounidenses desde 2018».

A ello habría que añadir que estudios recientes basados en encuestas por muestreo en 75 municipios de todas las provincias, indican que los ingresos personales de hasta un 88% de la población cubana podrían situarla por debajo del umbral de pobreza, considerado este como 1,90 USD/día por persona. En poco menos de nueve hogares, de cada diez, sus miembros declaran tener problemas para sobrevivir con sus ingresos; y el 62% manifiesta tener problemas «incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir», mientras que el número de viviendas en peligro de derrumbe ha aumentado dramáticamente.

Como consecuencia, la valoración que los entrevistados hacen de la gestión económica y social de las autoridades ha empeorado de forma notable, pues casi siete de cada diez la consideran «muy negativa», y si se añaden a quienes la valoran como «algo negativa», esta relación aumentaría a nueve de cada diez personas participantes en el estudio. Especialmente críticas han sido las apreciaciones sobre la inversión social: más del 90% la consideró insuficiente en salud pública y hospitales, así como en agricultura y alimentación.

El impacto socio-psicológico de la situación alcanza incluso a los niños y adolescentes. Alonso Pérez —citando investigaciones realizadas en el marco del Proyecto de Investigación sobre Migración del Departamento de Psicología de la Facultad de Sociología de la Universidad de Oriente—, da cuenta de que en ejercicios realizados con niños, el centro de sus respuestas fue  «salir del país»; en tanto «los adolescentes y jóvenes en formación y construcción de proyectos, se visualizan en otro lugar». De acuerdo a la investigación, en ellos se manifiestan situaciones de depresión, ansiedad, violencia y otras repercusiones psicopatológicas.

En un escenario de inmovilismo económico, la situación continúa agravándose, al punto que las autoridades se reconocen superadas por la magnitud de los problemas. El ministro de Economía y Planificación, Alonso Vázquez, en la reunión del Consejo de Ministros, abril 2024, admitió que «de manera general se manifiesta un panorama desfavorable, lo cual se sustenta en que, entre otros elementos, decrecen los ingresos por concepto de exportaciones, también disminuyen las importaciones y se incumplen diferentes actividades económicas claves, como las principales producciones agropecuarias, de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad», en un contexto en el que «más de 300 empresas registran pérdidas en sectores estratégicos, mientras persiste la depreciación del peso cubano por el tipo de cambio informal y, por consiguiente, el incremento de los precios». La estrategia propuesta siguió siendo la misma: «fortalecimiento de la institucionalidad y el control», aun cuando se reconozca la situación actual de emergencia del país.

Restricción de la voz y la salida confabulada

Ante un contexto de reforzamiento de restricción de la voz, y mientras la salida sigue afianzándose como mecanismo de expresión de inconformidad, la última reforma del Código Penal cubano ha aumentado las modalidades de penalización de cualquier forma de manifestación pública. Desde la ampliación del delito de «sedición» y su combinación con figuras delictivas como «desorden público», «desacato», «agresión» o «terrorismo»; así como «poner en peligro el orden constitucional», «normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano», y «delitos contra la seguridad del Estado», cuyas definiciones ambiguas ofrecen amplio margen de interpretación a las autoridades.

La condena por estos supuestos delitos podría llegar hasta los treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o pena de muerte. Respecto a esta última, se ha declarado que aunque exista una moratoria «de facto» desde 2008, existe en la nueva legislación como mecanismo de «defensa» y «tranquilidad ciudadana», y podría aplicarse «cuando sea necesario».

En consecuencia, los acontecimientos, sobrevenidos desde julio de 2021 hasta la fecha —y luego de la convocatoria lanzada por las autoridades: «la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios» y «estar dispuestos a todo», con el consiguiente y fuerte despliegue de tropas en las ciudades—, se han saldado con la aplicación de condenas de toda naturaleza y alcance, que involucran a participantes en grupos que oscilan entre 381 condenados a penas de hasta veinte años y «trabajo correccional».

El castigo ha incluido a menores de edad: cuatro de diecisiete años y uno de dieciséis, quienes recibieron penas de hasta cinco años de limitación de libertad. Asimismo han sido encausadas otras 790 personas, algunas que han participado en recientes episodios de disenso.  De tal modo se ha llegado a la cifra de 1.062 imputados, de los que 118 son mujeres; dos mujeres trans y 34 menores de edad.

En todo caso y aunque ya sucedía de forma habitual, la actual oleada migratoria, experimentó una fuerte aceleración desde el 1ro de octubre de 2021, ya que todos los factores de base antes descritos se combinaron con la apertura de las salidas vía Nicaragua, hacia donde los cubanos pueden viajar sin necesidad de visado. Luego se van uniendo a las caravanas de migrantes que fluyen por el corredor centroamericano en dirección a los Estados Unidos, adonde ya han llegado 738,680 que aún no son reconocidos como emigrantes en las estadísticas oficiales, las cuales continúan ofreciendo un saldo migratorio externo positivo.

Vuélvase a enunciar la evidente pregunta: ¿no es igualmente esa masiva emigración la expresión, a través de la salida, de una voz insatisfecha que reclama el cambio?

Los números no mienten. En términos de migración neta, desde octubre de 2021 hasta abril de 2024, y hacia cualquier destino, el saldo alcanza entre -1,919,919 y -2,565,809 personas, como ya se dijera. Solo hacia Estados Unidos, ello representa casi seis veces lo que fue la crisis migratoria del Mariel, en 1980. Tal y como se había percibido mucho tiempo antes con relación a quienes se marchaban masivamente hacia Estados Unidos u otros países, las autoridades actuales encontraron ventajoso desembarazarse del descontento (pérdida de lealtad) de una parte importante de la población que a todas luces comenzaba a articular su voz, como ocurriera también en la RDA.

No obstante, la oleada de salidas provocada por las circunstancias antes analizadas, alimentada además por el pánico inducido dada la perspectiva del cierre de fronteras en los países de destino (como ocurriera durante el confinamiento de los países debido a la pandemia), parece no tener visos de detenerse.

A pesar de tener conciencia del impacto dañino que ha tenido este éxodo —en tanto drenaje selectivo de fuerza de trabajo calificada y de mujeres (con el consecuente impacto en el número de nacimientos)—, la expulsión del descontento le reporta al gobierno el beneficio de una «válvula de seguridad» de especial contribución a la estabilidad política, toda vez que permite la salida de aquellos que ya han articulado su voz, e incluso han dado lugar a la formación de diversos movimientos y de la conciencia de que un cambio no es más un lujo posible, sino que han demostrado que es una necesidad imperiosa para la mayoría de la población.

Ello pone de manifiesto, de manera indeleble, que las autoridades cubanas, como las de otros contextos, son conscientes del mecanismo de balancín entre la salida y la voz, y la utilidad práctica de utilizar la salida como herramienta para socavar el arte del desarrollo de la voz, así como para la perspectiva real de que esas salidas se conviertan rápidamente en un esperado flujo de remesas, conectándose así con los principios que dieron lugar al cambio de política migratoria, desde la restricción a la libertad de movilidad. Se pretende evitar con ello la articulación de la población en un movimiento de voz y cambio bajo la consigna «Queremos cambiar las cosas quedándonos aquí», como sucediera en los días finales de la RDA.

Pero la lección fundamental todavía sigue sin ser vista en toda su claridad: el éxodo del desacuerdo no es garantía de la continuidad. Y peor aún, se persiste en soluciones temporales que no podrían haber evitado, siquiera provisionalmente, el proceso de policrisis que hoy padece el modelo, y que no han hecho otra cosa que agravar la magnitud de los retos pendientes al haber socavado de forma grave y definitiva el «metabolismo» del sistema, como ocurrió en la Unión Soviética y en Europa del Este en la década de 1990, cuando sus sociedades implosionaron.