Tiempo atrás conversaba con una escritora amiga y ella me preguntaba cómo se puede ser feminista en un país donde se violan los derechos de las mujeres constantemente. «Muy sencillo —le contesté— en realidad no es posible ser feminista. Nos lo creemos porque luchamos a favor de la equidad; pero en verdad no lo somos. Vivir en Cuba sin sufrir represión te obliga a abandonar esa lucha».

Las cubanas nos convertimos en sujetos sin derechos, algunas hasta se vuelven incapaces de pensarse críticamente como dominadas, violentadas o agredidas por el sistema. Esto se debe a que, por lo general, las mujeres bajo estas condiciones sostienen que las formas de dominación solo existen en relación con sus familiares o amigos, y no con su entorno social e instituciones modernas (escuela, religión, clínicas, programas gubernamentales, mercado).

Violencia estructural

Johan Galtung, sociólogo y matemático noruego, fue de los primeros en abogar por una noción lo más amplia posible de violencia que englobara sus diferentes dimensiones. Para él, «la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales», es decir, cuando existe «distancia entre lo potencial y lo efectivo, entre aquello que podría haber sido y aquello que realmente es», al igual que todo obstáculo que dificulte la aminoración de dicha distancia.

Específicamente la «violencia estructural» —llamada también «institucional» o «indirecta»—, a diferencia de la violencia entre individuos, es mucho más compleja e invisible debido a su imbricación en la estructura social y a la ausencia de actores determinados que ejercen la acción violenta. No involucra a actores que infligen daño mediante la fuerza —aun cuando se puede transversalizar o relacionar con la violencia directa—, sino que es equivalente a injusticia social, y puede causar tanto sufrimiento, opresión o dominación como cualquier otro tipo de violencia.

La violencia estructural nace en un sistema social con engranajes y dimensiones políticas, económicas, financieras, históricas, sociales, personales y culturales. Genera desigualdades e injusticias, pues presupone un acceso diferencial a los recursos y a los beneficios, una marginación en la toma de decisiones, un desentendimiento de las necesidades humanas, una degradación de la calidad de vida y, en definitiva, una traba a la potencialidad efectiva de los seres humanos.

Sus expresiones, también sistémicas, son deshumanizantes y generadoras de otras macro y micro-violencias: pobreza, hambre, altos índices de mortalidad, retraso del sector de la Salud, represión, carencia de derechos humanos básicos; así como opresiones, violencias y discriminaciones basadas en género, sexualidad, color de piel, edad, discapacidad, solvencia económica o clase social.

Violencia estructural de género y violencia política

En el corazón de la violencia estructural habita, en forma de red, la violencia estructural de género. En Cuba está basada en la articulación de un conjunto de instrumentos del Estado destinados a la preservación del poder masculino, con el objetivo de reprimir a las mujeres que se oponen al mismo y redirigir las potencialidades de todas las demás hacia determinados ámbitos (la familia, el hogar, la naturaleza); de tal forma que no interfiera en la hegemonía masculina estatal y se mantengan inalterables su poder, dominación e intereses, justificando las desigualdades en aras del bien común, la ley y el orden, la Patria, el desarrollo de la nación, la Cultura, la Revolución y sus principales sostenes ideológicos.

Cuando existen altos niveles de violencia estructural como los presentes hoy en Cuba, el Estado despliega los mecanismos necesarios para mantener a cualquier precio su estructura de poder totalitario mediante la violencia política represiva; la cual se torna aún más intensa cuando se ejerce por razones de género. Ese tipo de violencia es definida en tanto comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con el propósito de que abandonen la política o el disenso.

A pesar de programas, decretos y discursos con el fin de aseverar su interés en la protección a las mujeres, el Estado cubano reprime la potencialidad de las disidentes. Mediante una lógica implacable, ha logrado internalizar la violencia en la mente femenina al punto de enfrentarlas unas contra otras en detenciones, prisiones, delaciones o testificaciones.

Tales actos de violencia se originan por razones de género, es decir, por el deseo de preservar el control masculino sobre los espacios de poder —ya sea impulsados por hombres o por otras mujeres que reproducen formas masculinizadas de ejercicio del poder—, o para escarmentarlas por haber desafiado las normas del sistema.

Aunque existan casos de violencia política no relacionados con cuestiones de género, la tendencia es que el hecho de ser mujer cambia sustancialmente el ejercicio violento del opresor, porque el sistema que este representa no da cabida a mujeres con conciencia, liderazgo, empatía, proyección social, participación y acción políticas.

La violencia política como aliada de la violencia estructural de género, suele ser distinta de aquella que padecen los hombres, pues los actos represivos contra las mujeres suelen incluir vigilancia constante y transgresión de su espacio vital e intimidad; prácticas violentas verbales y sicológicas bajo la creencia de que son sujetos débiles y sienten más temor; difamación; boicot social; chantaje con la familia, pareja o seres queridos; amenazas de publicación de su vida íntima y relaciones; además de la violencia física con superioridad corporal; el acoso y la violencia sexual.

Debido al constante ejercicio de la violencia estructural y de la violencia política directa, el sistema totalitario cubano ha conseguido excluir a las mujeres disidentes de los enclaves económicos, políticos y culturales. Aun así, muchas han logrado desarrollar activismo social dentro del país a favor de nuestros derechos; pero como esta disensión es criminalizada por el Estado, algunas no han tenido otra opción que marchar al exilio o cumplir condena.

Organizaciones independientes de derechos humanos y el medio Justicia 11J han podido constatar que desde el verano de 2021, y debido a hechos de protesta pública, en Cuba han sido puestas tras las rejas al menos 284 mujeres: 223 relacionadas con las manifestaciones de julio de aquel año, y 61 por protestas acaecidas durante los últimos dos años.

Sin embargo, antes de esas protestas, al menos cuatro mujeres estaban ya privadas de libertad por razones políticas. Una de ellas, Aymara Nieto, permaneció dos años en un centro penitenciario a más de 600 kilómetros de su esposo y sus hijas. Su condena se debió a que pertenece al grupo opositor Damas de Blanco y a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).

Según Justicia 11J, diez presas políticas encarceladas durante las manifestaciones de julio de 2021, firmaron con su sangre una carta dirigida a Miguel Díaz Canel-Bermúdez. En el documento pedían que se respetara la voluntad del Sumo Pontífice —expresada por medio del cardenal Beniamino Stella en una visita a la Isla entre el 23 de enero y el 10 de febrero de 2023— de lograr la libertad para los manifestantes.

Afirma este medio, que la publicación de dicha misiva y su repercusión en el espacio digital motivaron un juicio disciplinario a esas mujeres, proceso que, de repetirse, pudiera agravar sus sanciones, que en el caso de una de las firmantes, Lizandra Góngora, madre de cinco menores de edad, ya es de catorce años de privación de libertad. Además, en el centro penitenciario Mujeres de Occidente, donde redactaron y firmaron su grito de auxilio y libertad, se ha prohibido el uso del papel y la redacción de cartas a todas las reclusas. Esto es algo que utilizan las autoridades penales para hacer que las presas se enfrenten entre sí, al marcar a las protestantes como «responsables» del castigo generalizado.

Este hecho sintetiza el ejercicio profundo y combinado de la violencia estructural con la política y carcelaria hacia las presas de conciencia, quienes no solo soportan las condiciones infrahumanas de insalubridad, hacinamiento, hambre, desatención, maltratos físicos e irrespeto de sus derechos, sino que también son víctimas de castigos severos por reclamarlos.

Tales prácticas se transversalizan con otras, como la violencia física (presas comunes vs presas de conciencia, mujeres oficiales vs presas de conciencia, ejecutores de la ley vs presas de conciencia); la sicológica y verbal (impedimento de ver a sus hijos, lejanía de la familia, acoso, vigilancia, propuesta de intercambios de favores, chantajes, amenazas); así como la simbólica (desdibujamiento de su dignidad, silencio mediático).

En cuanto a las mujeres no disidentes, el Estado despliega violencia estructural y política al orientar su potencial solo hacia el ámbito privado, al priorizar el rol de madre y esposa, infravalorando su rol de ciudadanas y promocionando una ideología reduccionista y misógina. Únicamente permite su inserción y participación políticas cuando reproducen esquemas y estilos masculinos de dirección, a lo que se une una selección intencionada de las consideradas sumisas, de las que pueden tener vínculos personales/familiares o de las que simplemente representan un voto o una cifra.

Esas prácticas jerárquicas y excluyentes, además de evidenciar el rechazo de la legitimidad de las mujeres como actoras políticas, implican también un endurecimiento de los obstáculos que enfrentan, al interior de las organizaciones políticas, las mujeres militantes con algo de liderazgo.

Como consecuencia de la migración, sobre todo masculina, la sociedad cubana se compone de mujeres que, aun sin una conciencia clara de identificación ideológica o activismo social, guían hogares e hijos sin solvencia ni recursos, totalmente desprotegidas ante la pobreza y la degradación ético-moral generadas por la violencia estructural (recordemos que esta presupone un acceso diferencial a los recursos o a los beneficios y la precarización de la calidad de vida). Mujeres en mayoría que están cada vez más cerca de ser víctimas del crimen: sea por feminicidios (asesinato a manos de la pareja por razones de género), o por muerte colectiva lenta a través de la privación de las necesidades humanas básicas.

Frente a este panorama, y para cumplir con estándares y programas de la ONU, organización a la que Cuba pertenece desde el 24 de octubre de 1945, el Estado no ha tenido más remedio que crear programas, como el Nacional para el Adelanto de las Mujeres, y comisiones de género o familia en la Federación de Mujeres Cubanas y demás instituciones.

El punto débil de esas políticas y programas que dicen promover la equidad, no se encuentra en su diseño, ni siquiera en su implementación o proceso de evaluación (cuyos problemas son innumerables y generan brechas cada vez más profundas en la opresión). El asunto está en que no parten del principio fundamental de entender a la mujer como sujeto de participación política, social, económica y cultural, y como sujeto de derechos sociales desde su condición humana de género.

En tal sentido, las concepciones y teorías del desarrollo humano, el discurso del empoderamiento, entre otros, han resultado ineficaces no solo para proteger a las mujeres del complejo entramado de desigualdades y violencia; sino que resultan asimismo herramientas erradas para promover su estatus de sujeto social, pues reproducen desigualdades, segmentan estructuras sociales y culturales, además de dejar intactas las estructuras ideológicas patriarcales.

No basta con introducir un «enfoque de género» en políticas y programas, o incluir un discurso vertical desde el Estado a favor de un supuesto «empoderamiento» femenino. Saben, y de hecho les ha sido recomendado por la Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adoptada en 1979 por la ONU, que es urgente una Ley integral contra la violencia de género: un proyecto de ley que no aprueban, porque eso significaría legislar contra la  naturaleza violenta y misógina del propio Estado totalitario. Estarían firmando su sentencia de muerte ante la opinión internacional, porque entonces tendrían que rendir cuentas de cuánto hacen para eliminar lo mismo que los mantiene en el poder.

Proteger a las mujeres y a las niñas para que vivan libres de violencia, con bienestar y paz, es imposible en un Estado violento estructuralmente por naturaleza. Luchar por eliminar totalmente la violencia estructural que padecen más allá de si disienten o no, hacer activismo social a favor de la equidad y los derechos de todas las mujeres y niñas sin importar su ideología, color de piel, edad o filiación política, sería el primer principio de una feminista en Cuba. Pero para eso se necesita acabar antes con el sistema de represión y exclusión que le da origen.

¿Entiendes ahora por qué no es posible vivir sin represión y ser feminista en Cuba?