1. En otras ocasiones he afirmado que los gobernantes cubanos no distinguen entre gol y autogol. Pretendiendo anotar, disparan contra la propia portería. Después se ufanan de la anotación, y colocan en redes sociales grupos de incondicionales para aplaudirlos y, ante todo, acallar críticas.

Nuestros gobernantes no ignoran el sentimiento de repulsa de la población hacia su forma de conducir los destinos del país. Las redes sociales, que también usan, no les dejan espacio para esa ignorancia. Si faltos de información no están, ¿su propio discurso los ensordece al punto de no oír las voces de quienes reclaman, advierten, se quejan o aportan ideas? Habiendo creado un sistema que les garantiza acallar discrepancias, ¿olvidan que sus aplaudidores lo son de oficio, por conveniencia o temor?, ¿se engañan con el cuento, escrito para consumo externo, de las «manifestaciones de apoyo popular » que organizan y garantizan?

Quien pierde en su actuar errático no son ellos (como tampoco pierden con las sanciones económicas de otros países), sino la población. Lo atestiguan las ciudades en ruinas, los servicios médicos y educativos en quiebra, las calles repletas de basura y aguas albañales, los vagabundos y menesterosos por doquier, los jubilados abandonados a su suerte y arrastrando una vida de pobreza, cuando no miseria, que conduce a muchos a la mendicidad, la demencia, el suicido.

Los políticos inteligentes, o con alguna noción del arte de la política, aunque no sientan la menor empatía hacia los gobernados, hacen lo posible por aparentar sentirla. No en Cuba. Aquí no solo falta la empatía, tampoco hay interés en aparentarla ante los problemas provocados por la incapacidad de cumplir con las exigencias del cargo. En el reciente fin de año, un pueblo sin cena de nochebuena ni de año viejo vio a los allegados de los gobernantes ostentar su riqueza en las redes sociales. Y al presidente de la República reeditando, con gran despliegue televisivo y gasto de recursos públicos, una «modesta cena» con habitantes de la ciénaga de Zapata ocurrida hace seis décadas.

2. La respuesta gubernamental a las manifestaciones populares del 11 de julio, junto al bombardeo propagandístico encaminado a presentarlo como acción organizada y dirigida desde el exterior (lo cual nunca se demostró), fue el arresto masivo de participantes, a partir del hecho cierto de que algunos aprovecharon la ocasión para cometer fechorías. Las condenas fueron de dureza extrema, cual si se viviera un estado de guerra o se hubieran producido pérdidas millonarias y un sinnúmero de muertos y heridos.

No es necesaria mucha perspicacia para advertir que el objetivo no era restablecer la legalidad, sino realizar un escarmiento y sentar un precedente para que otras personas lo pensaran dos veces antes de participar en una protesta. El remedio surtió algún efecto, aunque no impidió nuevas manifestaciones, si bien menos numerosas, también severamente castigadas. Un nuevo código penal con duras sanciones, incluida la extensión de la pena de muerte a contrapelo del artículo 46 de la Constitución, fue un bloque más en el muro de contención a futuras protestas populares. La argamasa para unir los bloques es la negativa a poner en vigor el artículo 56 de la Constitución, que establece el derecho a la manifestación pacífica y debería regir desde, al menos, 2020.

Es de suponer que eso se considere una victoria, pero está lejos de serlo. El verdadero resultado es negativo para el gobierno: incremento innecesario (además de injustificable) de la población penal, disgusto ciudadano, pérdida de prestigio del sistema judicial, negativa repercusión internacional. Y lo más terrible: muerte en prisión de reclusos. Cualesquiera sean las causas de esas muertes, la integridad física de los privados de libertad es responsabilidad de quienes los custodian. Por tanto, de esas muertes es culpable el Estado: De no haber estado cumpliendo sanciones tan exageradas continuarían vivos.

3. Todavía viven cubanos que recuerdan los hechos de julio de 1953 en la entonces provincia de Oriente: Tras un proceso de selección, organización y entrenamiento, grupos armados atacaron dos cuarteles, con elevado saldo de muertos y heridos en ambos bandos. La sanción para el principal implicado fue de quince años de prisión. Pasados dieciocho meses, todos fueron amnistiados.

En las manifestaciones del 11 de julio y las posteriores hubo protestas pacíficas con reclamaciones al gobierno y algunos saqueos a mercados; hubo apedreos a la policía, y se volcó un carro patrullero. Nunca se demostró que existiera organización previa, coordinación ni, mucho menos, uso de armas. El único muerto fue un manifestante.

En los primeros momentos, la información oficial aludió a «pequeños grupos de personas inconformes con la difícil situación del país» y algunos «revolucionarios confundidos», a quienes se sumaron «agentes del enemigo», además de «elementos marginales y delincuentes». Pronto desaparecieron las menciones a «inconformes» y «confundidos».  Para referirse a las protestas se añadieron los adjetivos «coordinadas» y «organizadas», y la especificación «desde el exterior». Se pasó a hablar de «agentes enemigos» en todos los casos.

A los arrestos masivos siguieron los juicios, las correspondientes sanciones «ejemplarizantes» y las consecuencias ya mencionadas: No más manifestaciones a gran escala, pero también creciente rechazo popular a las condenas excesivas, aumento de la desconfianza en el sistema judicial y campaña internacional por la liberación de los presos.

En resumen, el pretendido gol fue en realidad un punto en contra.

Un poco de sentido común hubiera podido revertir el error político: Quedó ratificado que el Estado posee el monopolio de la fuerza y no piensa renunciar a él; se mostró a futuros revoltosos que el aparato judicial no está para hacer respetar la Constitución (derecho a la manifestación), y se logró asustar a muchos. Conseguido ese objetivo, lo inteligente habría sido mostrar, a continuación, la «magnanimidad» y la confianza en sí mismo de ese Estado «victorioso».

En pocas palabras: Luego de las condenas, lo que hubiera declarado al mundo que los gobernantes cubanos confían en su fuerza, era la excarcelación de los sancionados, salvo casos reales de violencia contra cosas o personas, si bien a estos se les podría haber revisado las medidas. En cambio, como se vio, contra la opinión nacional e internacional y los reclamos constantes en redes sociales, el Estado cubano prefirió mostrarse inflexible y opuesto a la búsqueda de reconciliación y diálogo.

Es cierto que algunos sectores de la ciudadanía aceptan las sanciones contra los manifestantes, pero eso merece ser matizado: Sistemáticamente los medios divulgaron imágenes de personas arremetiendo contra tiendas y cargando con cuanto podían (por lo general, eran jóvenes negros; siempre me pareció ver un mensaje subliminar en ello, pero tal vez estoy prejuiciado). No obstante, lo real es que la mayoría de la población no apoya la severidad de las penas, y las compara con las impuestas a los protagonistas de los hechos el 26 de julio de 1953.

Los gobernantes saben de ese disgusto ciudadano; las redes, que eficazmente vigilan, se encargan de recordárselo, pero ellos no parecen tener interés en mostrar «generosidad con el enemigo», y actuar con algo de clemencia o buen sentido. Oportunidades de sobra han tenido. Por ejemplo, podrían decretar excarcelaciones masivas en fechas como primero de enero o veintiséis de julio. Así presentarían un rostro de «padre bondadoso» ante la opinión pública nacional y, la más importante, la extranjera. Sería lo lógico, pero no lo hacen. Quizás temen que se tome como señal de debilidad. Otra anotación en contra.

4. Posiblemente estos hayan sido el fin e inicio de año más tristes en décadas, casi sin comida y con grandes carencias y sacrificios para el pueblo cubano: El gobierno no garantizó siquiera la mínima cantidad de alimentos que cada mes se venden a precios más o menos acordes con los salarios; cabía esperar entonces que algún gesto gubernamental llevara un mensaje de esperanza a la población.

Confieso mi ingenuidad: Hasta el último minuto esperé que, no por bondad, sino por conveniencia, se decretaría una amnistía general para participantes en manifestaciones y otras personas que cumplen sentencias, algunas extremadamente severas, por oponerse al sistema político del país, sin haber cometido delitos de sangre o graves daños a la economía. Además de captar simpatía popular, lo cual todo gobierno procura, ello se hubiera podido interpretar como señal de interés en la reconciliación nacional.

Me equivoqué.

Lo ocurrido fue, en cambio, esa excarcelación (no amnistía) de alcance limitado en cuanto al número de «beneficiados», sin garantías de irreversibilidad, y tal vez otorgada como resultado de un proceso de «toma y daca» con un gobierno extranjero.

Los gobernantes cubanos niegan insistentemente que hubo canje, pero esa misma insistencia, las circunstancias en que se anunció, y la alusión al jubileo católico decretado por el Papa Francisco (y no como parte de alguna celebración judía, o musulmana, o cristiana no católica, en un país cuya Constitución prohíbe la preferencia de una denominación religiosa sobre el resto) ponen en entredicho la afirmación de que se produjo en el ejercicio de la soberanía nacional y como manifestación del carácter humanitario del sistema penitenciario cubano.

Si es cierta la afirmación oficial, el momento escogido para realizar el anuncio de las excarcelaciones es de una falta de sentido común y un desconocimiento del arte de la política inconcebibles en gobernantes que no son novatos en el oficio. En el fútbol equivaldría a marcar autogol. Uno más. 

5. Como si pretendieran desautorizar sus propios argumentos, las autoridades hicieron coincidir el comunicado de las excarcelaciones con el anuncio de la medida tomada por el presidente saliente de Estados Unidos a pocos días de concluir su mandato. ¿Existirá alguien en el mundo que, al oírlos, no haya establecido una relación de causa/efecto entre ellos?

Admitamos por un momento que tal relación no existe, que en verdad los gobernantes cubanos quisieron (inconstitucionalmente) sumarse al jubileo proclamado por el Papa, ¿por qué no liberaron a los presos el 31 de diciembre, o el primero de enero, con el comienzo del año? El efecto político de la medida hubiera sido favorable: Momentáneamente olvidadas de las lágrimas antes derramadas, esas familias hubieran recibido el nuevo año felices, y quién sabe si hasta agradecidas. Sobre todo, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que esos seres humanos fueron usados como objetos intercambiables.

No hay que ser un Maquiavelo moderno para advertir que esta era la opción políticamente más rentable. Pero no se escogió; como resultado, prevalece la opinión de que los gobernantes cubanos negociaron el intercambio y esperaron por Washington para la excarcelación. Verdadero o falso, ese estado de opinión es consecuencia directa de la simultaneidad de los anuncios. Se debió prever. Pero parece que los asesores gubernamentales no justifican el salario.

O su función es esa, indicar cómo meter autogoles.

En definitiva, ¿qué ocurrió? Se excarceló a un grupo de personas que cumplían sanción «por diversos motivos» (pues no se admite que en el país haya presos políticos), algunas a punto de cumplir la sanción, enfermas o sancionadas por delitos menores. Y la especificación: No es indulto, no es amnistía, la condena no se extingue, el excarcelado puede volver a prisión en cualquier momento si las autoridades consideran que incumple los requisitos impuestos para salir.

Otros elementos fomentan la angustia entre reclusos y familiares: a) No hay transparencia en cuanto a las condiciones para ser excarcelado. b) No se dio a conocer la relación de posibles beneficiados. c) El proceso de excarcelación es extremadamente lento y la cifra de excarcelados conocida está muy por debajo del número de excarcelaciones anunciado, de por sí pequeño. d) Con la eliminación de la medida del expresidente Biden existe el temor de que el gobierno cubano interrumpa el proceso de excarcelación. Este temor puede ser infundado o no, pero en las redes han aparecido denuncias al respecto.

6. Si el proceso de excarcelación se interrumpe, y hay sospechas de que así será, ello sería un desmentido del propio gobierno a su afirmación de que no hay relación entre salida de presos de las cárceles y salida de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, pero está visto que contradecirse no es algo que quite el sueño a los gobernantes cubanos: Baste comparar entre sí las medidas y afirmaciones en el plano económico de los últimos años. Pareciera que el efecto de sus acciones u omisiones en la opinión popular los tiene sin cuidado.

Razones tendrían para ello: a) Una ley electoral antidemocrática les garantiza ejercer el poder sin asomo de voces discrepantes en la Asamblea Nacional, de modo que pueden desentenderse hasta de lo establecido en la Constitución que ellos mismos concibieron. b) Tienen el monopolio de los medios de expresión. c) Han hecho a las fuerzas armadas participantes del poder político y propietarias de los sectores más rentables de la economía, sin obligación de rendir cuentas a ningún organismo de control. d) No tienen una oposición organizada, y cuentan con recursos para dividir y enfrentar entre sí a quienes discrepan del discurso oficial. e) Asfixiada en la lucha por la supervivencia, gran parte de la población carece de conciencia ciudadana. f) Algunos supuestos opositores se dedican a desacreditar a quienes fomentan en las redes la formación de esa conciencia. g) Otros opositores hacen, desde lejos, llamamientos a acciones violentas que no fueron capaces de realizar en su momento, o contribuyen a la militarización del país reclamando intervenciones extranjeras. g) Las determinaciones de un vecino poderoso posibilitan tener a quien cargarle la culpa de los fracasos y de las restricciones al libre accionar ciudadano.

Ante esa realidad, la única posibilidad de que la situación del país se modifique en sentido positivo es promover conciencia ciudadana. Si no nos transformamos en ciudadanos responsables, conscientes de nuestros deberes y derechos cívicos y capaces de enfrentar las consecuencias de ejercerlos sin esperar por mesías ni salvadores supremos, foráneos o nativos, nos perderemos como nación.

Por ello tiendo a sospechar de la verdadera intención de muchos reclamos y catarsis que encuentro en redes. Es usual que las autoridades policiales en muchos países infiltren agentes en manifestaciones pacíficas para provocar desórdenes y justificar la represión, o para agitar consignas que desvirtúen sus objetivos. No puedo afirmar que esto haya influido en los actos delictivos del 11 de julio, pero tampoco puedo negarlo. Sí estoy convencido, en cambio, de que en las redes los provocadores están activos.

7. Promover la conciencia ciudadana es inundar las redes con consignas capaces de movilizar la mayor cantidad de personas en torno a reclamos aceptables por todos o por la mayoría, sin partidismos políticos o de credo religioso. Por ejemplo, exigir que sean amnistiados, no simplemente excarcelados, los participantes en las manifestaciones del 11 de julio y posteriores. También lo sería reclamar la puesta en vigor del artículo 56 de la Constitución.

La Constitución vigente contiene artículos que no deberían estar ahí, y justamente muchos reclaman su sustitución por otra más democrática, pero mientras ello no se haga realidad (y no veo que pueda serlo en lo inmediato), exigir el cumplimiento de los derechos consignados en la misma es una forma de ejercer la ciudadanía.

Las asambleas de rendición de cuenta o de nominación de candidatos a delegados son los únicos espacios donde la población puede expresarse con libertad; en lugar de desconocerlas y no participar, con el argumento de que participar significa apoyar al gobierno, y dejarlas seguir siendo un ejercicio burocrático, con escasos participantes (o informadas como realizadas sin haberlo sido), es desaprovechar una tribuna desde donde contribuir a despertar conciencia ciudadana.

En vez de discutir si el bodeguero robó una onza en el pesaje o no, esas asambleas podrían ser el espacio donde exigir diafanidad en la información (supuestamente establecida por la ley de comunicación), libertad de expresión y reunión (establecida en la Constitución), atención a los jubilados, liberación de presos por motivos de conciencia, y exigencia de una nueva ley electoral que permita la expresión de la verdadera voluntad popular.

Desde luego, para ello hay que estar convencido de las propias ideas, y estar dispuesto a afrontar las consecuencias de defenderlas en público, sin temor a perder un puesto, una prebenda, n ascenso o un carné.

Habrá quienes opinen que es perder el tiempo. Pero ayuda a crear conciencia ciudadana, y eso no es poco. Solo no se logra nada cuando no se intenta nada. Y aprovechar los resquicios de participación directa será siempre más productivo que proferir ofensas contra los gobernantes en las redes. Y no constituye delito.

Por lo pronto, no se debe dejar de exigir, en todos los entornos, todo el tiempo, libertad de expresión y amnistía para los presos por haberla ejercido.

#AmnistiaYa, #Articulo56Ya, #Todos

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.