El infierno son los otros

J.P Sartre

I

El marxismo-leninismo vendió al mundo un conflicto entre la empresa estatal y la privada. Los que se lo creyeron, piensan que la presencia de pymes en Cuba representa una victoria de la empresa privada sobre su rival estatista. Se trata de un enfoque que reduce implícitamente la política económica del país a una suerte de emulación socialista —dígase competencia absurda basada en indicadores y lecturas superficiales— entre estos dos tipos jurídicos de propiedad.

No obstante, cuando hace décadas el gobierno cubano se abrazó a la propiedad estatal y atacó la privada, no lo hizo porque tenía privatepropertyfobia, por algún trauma de infancia.  En todo caso, Fidel Castro quería ser el dueño de facto de la economía y delegar funciones empresariales, con la capacidad exclusiva de emprendimiento, a personas de confianza. Para ello, no podía salir a la Plaza a decir: «A partir de hoy, toda la agricultura es de Carlos Rafael Rodríguez y la industria es de Ernesto Guevara. Nadie que no sea de nuestra gente podrá tener empresas».

Fue así que entró en escena la propiedad estatal, que fue la forma jurídica que encontró Fidel Castro para encubrir los hechos. Es decir, la propiedad estatal es la fábula que se contó a la ciudadanía para justificar el abuso de poder y el megamonopolio económico ejercido por un selecto grupo de líderes.

Esa narración consiste en hacer creer que todas las empresas son de todos, y que el Estado las administra a nombre de todos. Y funcionó: la élite continuista cubana usa, dispone y disfruta (que es lo que hace un propietario), de las empresas estatales desde que las nacionalizó y/o estatizó la economía. En otras palabras, la propiedad estatal en Cuba ha sido la propiedad privada de la élite que gobierna.

Luego, hay razones para afirmar que el problema para la Revolución no es la propiedad privada en sí misma como esquema empresarial, sino que otros cubanos tengan empresas; la propiedad privada ejercida por otros es percibida como enemiga potencial de la élite. A tenor con ello, la supuesta contradicción entre los tipos jurídicos de propiedad ha sido una fachada que permite elaborar la justificación de los métodos de expropiación y control que ha usado la continuidad para permanecer en el poder.

II

Durante décadas, activistas, expertos y ciudadanos han expresado y reclamado la necesidad de que los cubanos posean empresas privadas (Y en dependencia de la ideología de que se trate, también se ha exigido, infructuosamente por cierto, que los trabajadores controlen la propiedad estatal, pero ello no es objetivo del presente análisis). Esa apuesta por lo privado como mejor opción no es porque sonara bonito el término, sino debido a determinados rasgos que definen a la propiedad privada, sobre todo cierta libertad y autonomía de la que es garante, lo que sería beneficioso para que la economía prospere y empoderar a la ciudadanía. Dicho de otra manera, el considerar la empresa privada como necesidad y alternativa a la realidad cubana pasa por entenderla como una vía de generación de espacios sociales diferentes a los que ha creado la propiedad estatal.

Y al fin, en 2021, se legalizaron las pymes (un paso a la pequeña empresa privada). Pero esta nueva empresa privada no se parece a aquella que reivindicaban ciudadanos, académicos y activistas desde hace mucho.

Los hechos prueban que el gobierno cubano ha rodeado de obstáculos a las nuevas empresas:

1. Le permite una lista reducida de rubros, lo que excluye un grupo de actividades importantes, como los servicios profesionales;

2. limita su posibilidad de crecimiento, al impedirles el tránsito de pequeña a gran empresa;

3. no le facilita el acceso a créditos y fondos de inversiones estatales e internacionales;

4. no le permite organizarse en grupos y asociaciones, así como no las ha reconocido en tanto interlocutores válidos en un diálogo para la toma de decisiones económicas nacionales y, además,

5. las obliga a importar a través de una mediación parasitaria de empresas estatales y

6. no las autoriza en el sector agropecuario.

Asimismo, el gobierno cubano ha fomentado una empresa privada que no puede ni generar volúmenes de oferta suficiente, ni a precios asequibles, para resolver la escasez crónica, y tampoco puede crear un encadenamiento productivo sin pasar de alguna manera por la economía estatal. Es decir, no se trata de un circuito económico alternativo al estatal, sino uno que lo complementa (un poco).

Por otro lado, si bien el gobierno cubano secuestró hace décadas la propiedad estatal para fortalecer su dominio, hoy está transitando hacia una especie de poder inteligente, donde secuestra también a la empresa privada (como ya hizo, por ejemplo, con las organizaciones que deberían ser de la sociedad civil). Con precisión casi quirúrgica, siempre monitoreando quiénes serán los otros que tengan propiedad privada, la élite impone un nuevo pacto social a la ciudadanía, en el que ofrece una oportunidad de prosperidad modesta a cambio de que el sector privado fluya sin encontronazos con el poder (nada de reclamos públicos, ni de críticas frontales, ni de cuestionamiento a las bases del sistema), y de aceptar la lógica de colaboración con los órganos de represión y de Inteligencia en caso de que estos lo requieran.

De ahí que se pueda afirmar que la actual empresa privada, como sector, en términos económicos y políticos, está ofreciendo, más allá del nombre, muy poco de lo que se esperaba que fuera un sector privado. Amén de que en una pyme se gane un mejor salario, que haya funciones de dirección y administración más flexibles que permitan generar un espacio productivo rentable, que no haya matutinos políticos, guardias laborales y exceso de reuniones; no hay verdaderas transformaciones esenciales.

Por esas razones, defender la actual empresa privada cubana argumentando que contiene la condición jurídica de privada, es caer en una trampa de lenguaje e ideológica que pretende reducir el tema de las pymes a una clasificación legal y no al papel que están desempeñando en la sociedad y la economía. La cuestión no radica en el sujeto propietario, sino en el espacio definido en que puede moverse esa propiedad como sujeto económico y político, el cual es muy limitado.

Por eso, defender al sector privado insular pasa por intentar impulsar no una forma jurídica y ahí detenerse, sino también unas reglas del juego que permitan agrandar el sector privado actual, diversificarlo, dotarlo de verdadera independencia de las arbitrariedades del Gobierno, y, por último, aceptar que esa batalla será,  paradójicamente, sin el apoyo público, incluso, con la contrariedad de parte de ese mismo sector privado, debido a que muchos empresarios usan el silencio como mecanismo de supervivencia, y a que otros resultan ya privilegiados con la discrecionalidad en esta apertura a la economía jurídicamente privada o por su cercanía a redes clientelares.