Para la mayor parte de los cubanos es una realidad que nuestra Nación vive una de sus peores épocas. No es necesario describir las inmensas penalidades que sufre la población en su existencia cotidiana porque son harto conocidas, pero resulta obligatorio ilustrar con cifras las magnitudes de la gravísima situación por la que atraviesa el país. Desde hace muchas décadas no recordamos un tiempo de prosperidad, ni cuando el país se beneficiaba de los subsidios procedentes de la desaparecida Unión Soviética. Tras el derrumbe del socialismo «realmente existente», Cuba comenzó una larga crisis jamás superada.

Aun así, lo que diferencia esta etapa de las anteriores es la ausencia de esperanza, que resulta de un estado de cosas que pareciera presagiar el derrumbe de la Nación, debido a la parálisis de la economía; el palpable deterioro del nivel de vida de la población que conduce al hastío y a la emigración masiva; la evidente pérdida de confianza de una parte considerable de la ciudadanía en la capacidad de quienes ejercen el poder para sacar al país de la crisis; la ausencia de voluntad política de estos para adoptar los cambios políticos y económicos imprescindibles; a lo que se suman las acciones de los sectores más extremistas de los grupos de poder en Estados Unidos y sus aliados, que alimentan el discurso oficial cubano respecto al impacto nocivo de las sanciones sobre la economía insular, que son reales, aunque sobrevaloradas al punto de pretender obviar las responsabilidades de la dirigencia cubana en la profundización de la crisis.

Desde el punto de vista económico, situaciones difíciles anteriores fueron abordadas con medidas coyunturales y puntuales que permitieron alivios temporales, pero al mismo tiempo agravaron el carácter estructural y multidimensional de la crisis. Por ello se ha llegado a un punto que parece ser de no retorno, pero del que debemos tener la capacidad y la voluntad de salir por el bien de la conservación de la independencia y la soberanía nacional y la existencia misma de la Nación.

Esto, sin embargo, no se trata de deseos o consignas, y mucho menos de convocatorias a la «resistencia creativa», sino de asumir responsablemente la voluntad política con el fin de colocar los intereses y el bienestar de la sociedad por encima de los partidistas y de grupos de poder. Ello requerirá un cambio profundo en el sistema económico, político e institucional. 

La economía cubana colapsada

La economía cubana está en uno de sus peores momentos, no por las magnitudes de la crisis, sino fundamentalmente porque no existen posibilidades de salir de ella sin cambios estructurales profundos a los que se resisten quienes ejercen el poder, precisamente porque de producirse erosionarían un dominio omnímodo que ellos, ilusamente, consideran incuestionable.

En 2023 se produjo una caída de entre 1% y 2% en el producto interior bruto (PIB), según el entonces ministro de Economía y Planificación ante la última sesión de la Asamblea Nacional; pero entre 2018 y 2022 el PIB tuvo una variación promedio anual de -1,3%, lo que equivale a una contracción económica sostenida desde hace seis años.

En ese período también se han reducido las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Las finanzas públicas muestran una grave situación debido a elevados déficits como proporción del PIB, motivados sobre todo por la contracción de ingresos. De forma especial, se ha acelerado el aumento de los precios de bienes de consumo imprescindibles para la satisfacción de las necesidades básicas que, de acuerdo con cifras oficiales, representó un incremento acumulado de 134,9% entre 2020 y 2022, mientras en febrero de 2024 el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 374,45 respecto a la base de 2010, y en 32,08% de incremento interanual, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Mientras tanto, la moneda cubana ha mostrado una persistente devaluación en el mercado informal, al pasar de 182 pesos por dólar estadounidense el 25 de marzo de 2023, a 328 el 24 de marzo de 2024, lo que representa una pérdida de valor del peso en un 80,2%. Esto tiene efectos directos en los precios internos, debido a la alta dependencia del país a importaciones de bienes esenciales de la canasta básica.

Por otra parte, a pesar de la estampida inflacionaria y la acelerada devaluación, como resultado de la sangría migratoria muchas familias venden sus viviendas con todos los muebles incluidos para salir del país, lo que ha producido el desplome de los precios de la vivienda y, en consecuencia, la destrucción de la riqueza que constituyen los bienes inmuebles en manos de la población. La deflación de precios de estos activos, esenciales en cualquier sociedad, es muestra fehaciente del colapso al que parece estar condenado el país si no se actúa para evitarlo.

El sector productivo está virtualmente paralizado. El índice de producción de la industria en 2022 respecto al año base de 1989 fue de solo 46,0 (1) y en los más de treinta años pasados, nunca ha alcanzado la magnitud de antes del llamado Período Especial. De forma especial, ha sido destruida la industria azucarera, que durante más de dos siglos fue el sector más importante de la economía y aseguraba la inserción económica internacional. En 2022 el índice de producción de esta rama alcanzó solo 7,0 respecto a 1989, lo que significa que la producción azucarera fue un 93% inferior a la alcanzada en aquella fecha.

Solo la fabricación de muebles superaba las cifras no muy altas de 1989, las demás ramas de la producción manufacturera estaban en niveles considerablemente bajos y en algunos casos prácticamente inexistentes, como son los productos textiles (2,4%); prendas de vestir (9,4%); artículos de cuero (5,0%); papel (6,5%), fertilizantes (0,7%); plásticos (4,3%); productos minerales no metálicos (5,5%); aparatos eléctricos (0,1%); instrumentos médicos, óptica y precisión (0,2%); equipos de transporte (0,7%); y equipos de radio y televisión (3,0%).

Sumamente grave es el desempeño del sector agropecuario, donde no solo se produjo una contracción de la producción, sino también de los rendimientos en los últimos años. Han descendido significativamente la cabaña ganadera vacuna, la producción lechera, la existencia de ganado porcino y de aves de corral y se ha desplomado la producción de huevos.

La producción minera se contrajo en los últimos cinco años, con excepción de la producción de laterita más serpentina niquelífera. Respecto a la generación de energía eléctrica, está en niveles considerablemente más bajos a los alcanzados en 2018. Esto explica la gravísima situación de los últimos meses, en que se han reactivado los largos períodos de cortes eléctricos ante la insuficiente disponibilidad de combustible y los persistentes quebrantos técnicos del sistema de generación. Por otra parte, ante la escasez de divisas se ha producido una reducción notable de las importaciones de productos energéticos y derivados del petróleo.

Las exportaciones de bienes se contrajeron de 2.372,8 millones de dólares en 2018 a 1.702,8 millones en 2020, y a pesar de los incrementos obtenidos en 2021 y 2022, en este último alcanzaron solamente los 2.170 millones.

Mientras tanto, el sector turístico no se ha recuperado del desplome sufrido durante la pandemia del covid-19. De acuerdo con cifras de la ONEI, en 2022 la cantidad de visitantes desde el exterior fue solo el 34,5% de los llegados en 2018. La tasa de ocupación media de establecimientos turísticos descendió del 49,5% en 2018 a 27,4% en 2022, y los ingresos brutos descendieron de 2.782,2 millones de dólares estadounidenses a 1.049,5 millones, es decir una contracción del 62,3%, pero en 2021 este descenso había sido del 85,0%.

Las exportaciones de servicios profesionales, que continúan siendo el principal rubro de ingresos en divisas, pasaron de 5.382,2 millones de dólares estadounidenses en 2019 a 4.882,2 millones, lo que representó una contracción del 9,3%.

La parálisis del sector productivo nacional ha incrementado las necesidades de importación, no solo de maquinarias y materias primas sino también de alimentos, ropa y calzado, todo lo cual se producía en el país con alta calidad en los años cincuenta del siglo pasado. De hecho, los bienes de consumo pasaron de representar el 20,1% del total de importaciones en 2018 a 27,1% en 2022; mientras los bienes de capital disminuyeron su participación de un 13,8% a 8,2% en el mismo período. Este cambio estructural ilustra la crisis del sector productivo y el incremento de la dependencia respecto a las importaciones, lo que amplifica la vulnerabilidad del país en un contexto de restricción de divisas.

Paralelamente, a precios corrientes, la proporción entre la inversión bruta fija —que suma la inversión doméstica y la extranjera— y el PIB en el período 2018-2022, ha sido 14,8% como promedio, lo que resulta insuficiente para impulsar el crecimiento económico que se traduzca en el mejoramiento del nivel de vida general de la sociedad, con fuentes de acumulación interna. A esto debe añadirse que la política inversionista del gobierno ha concentrado una parte desmedida de esos escasos recursos en el sector inmobiliario y hotelero, desatendiendo tanto a los sectores productivos como a los principales servicios sociales.

Para colmo, las últimas —aunque atrasadas— cifras disponibles sobre la deuda externa muestran su sistemático incremento, al tiempo que se acumulan nuevos incumplimientos de obligaciones que incluso han conducido a litigios jurídicos en tribunales de otros países en los que han sido demandadas instituciones financieras insulares.

Esto motivó el descenso de la calificación de la deuda cubana y una considerable elevación del «riesgo-país», lo que dificulta no solo el acceso a créditos internacionales, sino también la posibilidad de recibir inversiones directas que dinamicen su economía. De hecho, la agencia Moody’s había mantenido durante varios años la calificación en Caa2, que significa «deuda de poca calidad y sujetos a un riesgo crediticio muy alto», pero a partir de noviembre de 2021 descendió a Ca, que significa «altamente especulativa con antecedentes que pueden prever incumplimiento de compromisos». De tal forma, si bien es cierto que las sanciones estadounidenses dificultan notablemente el acceso del país a créditos internacionales e inversiones directas, la situación financiera actual es tan comprometida que prestamistas e inversionistas internacionales a los que no les preocuparían dichas sanciones, evitan negocios con la Isla.

Lamentablemente, y a pesar de lo que dispone el artículo 53 de la Constitución de 2019, los ciudadanos cubanos no contamos con toda la información económica necesaria basada en datos oficiales, lo que dificulta que los economistas podamos realizar análisis más objetivos. Esto es muy grave en el caso de la balanza de pagos internacionales, en especial en la cuenta de capital y financiera, que es donde se reflejan las transacciones financieras, principalmente las inversiones y los préstamos.

En consecuencia, tampoco conocemos el estado de las reservas internacionales, pero como dice el refranero popular: «para muestra un botón». Que hayan pasado tres años desde el fallido «ordenamiento» sin que el Estado consiga regular un mercado legal y transparente de divisas, ni sea capaz de sostener el tipo de cambio establecido arbitrariamente, evidencia la grave situación de las reservas del país.

El colapso económico y la crisis social y política

En medio de esta situación, la mayor parte de la sociedad cubana está sufriendo un empobrecimiento generalizado, que se expresa en la insuficiencia de ingresos debido al notable deterioro de los ingresos reales, resultado de altísimos niveles de inflación acumulada sin que se corrijan. Lo anterior es gravísimo en el caso de la población jubilada.

A esto se suma la escasez generalizada, que bordea una crisis alimentaria; la desesperación por la crisis energética y sus implicaciones sobre la vida cotidiana; el deterioro generalizado de los sistemas de salud y educación; y una estampida migratoria que, en los últimos dos años y medio, ha significado la llegada de 531.843 cubanos solo a Estados Unidos, según cálculos del destacado economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos.

La acumulación de penalidades en la vida cotidiana y la ausencia de soluciones visibles en la gestión gubernamental, constituyen una combinación explosiva que explica los estallidos sociales ocurridos desde julio de 2021 hasta los más recientes del 17 de marzo pasado. Estas explosiones sociales seguramente continuarán acaeciendo, incluso con mayor dimensión e intensidad, si no se evita el colapso al que nos encaminamos.

No obstante este dramático escenario, el Partido Comunista —que se atribuye una especie de «derecho divino» dada su condición de «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado» según el artículo 5 de la Constitución—, ha sido incapaz de asumir el papel de «vanguardia» que se arroga y de convocar a un análisis autocrítico con toda la sociedad, dados los sucesivos errores de política económica que han agravado la situación, con propósito real de enmienda.

Un partido realmente revolucionario debiera convocar a la sociedad a una especie de parlamento nacional en el que se debatan, abierta y libremente, los problemas y se propongan soluciones, como paso previo a una imprescindible democratización radical del sistema político e institucional.

Por el contrario, la dirigencia política ha apelado a la criminalización del disenso y en consecuencia lo ha reprimido sin piedad, en violación abierta de los derechos consagrados en la Constitución, y se aferra al mantra del bloqueo como causa fundamental de la terrible situación que vive el pueblo cubano; además de sostener, sin ofrecer pruebas, que cualquier protesta social en Cuba es resultado de un macabro plan trazado desde Washington o Miami. Con ello no solo subestiman a la ciudadanía, sino demuestran la profundización de la brecha que los distancia de la cabal comprensión de los problemas reales del país y de las acciones adecuadas para su solución.

Siempre he manifestado mi firme oposición a las sanciones estadounidenses sobre Cuba, porque son ilegales, porque afectan a la población sencilla y porque su condena ha sido ratificada por el concierto internacional en sucesivas Asambleas Generales de la Organización de Naciones Unidas. Y es verdad que los temores respecto a que se apliquen las leyes que las sustentan, dificulta transacciones comerciales y financieras que involucran a ciudadanos cubanos, aunque no tengan nada que ver con el gobierno.

Sin embargo, y aunque esto no se debe relativizar, no se trata de un bloqueo pues Cuba puede comerciar —y de hecho lo hace— con el resto del mundo, y también es una realidad que Estados Unidos es el sexto suministrador de importaciones cubanas, solo superado en magnitud por Venezuela, China, España, Rusia y Países Bajos. De acuerdo con la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas, las exportaciones estadounidenses hacia Cuba pasaron de 326,9 millones de dólares en 2021 a 371,7 millones en 2022, y a 404,3 millones en 2023, lo que muestra una tendencia claramente ascendente.

De esa última cifra, 286,8 millones (70,9%) correspondían a carnes y despojos comestibles, sobre todo pollo. Debido a que aún no están disponibles los datos de las importaciones a Cuba procedentes de todo el mundo en 2023, se observa que en 2022 estas representaron el 70,9% del total de importaciones cubanas procedentes del vecino del Norte.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Estados Unidos, el grueso de exportaciones hacia Cuba lo constituyen productos alimenticios, entre los que destacan preparaciones de carne y pescado, leche y productos lácteos, huevos, preparaciones a base de harina y cereales, y preparaciones alimenticias diversas; e incluso algo más de ocho millones de dólares destinados a la compra de automóviles.

Las sanciones estadounidenses han sido el argumento preferido por la dirigencia cubana para evadir su responsabilidad por los errores de política económica y por el inmovilismo que condujo a la gravísima situación actual; además de que sistemáticamente se las usa para fundamentar, incluso sin pruebas, la criminalización del disenso bajo supuestos vínculos de cualquier expresión opositora con los intereses políticos de la potencia extranjera.

En mi opinión, la causa principal de la gravísima crisis actual radica en el agotamiento del modelo político y económico que se mantiene inamovible desde hace más de seis décadas, y que no solo se ha convertido en el principal obstáculo a su desarrollo económico y social, sino que es responsable de la profundización del subdesarrollo y del colapso a cuyas puertas se encuentra la Nación.

Esta constituye la principal amenaza a la soberanía nacional, no precisamente porque se produzca una invasión extranjera, por ahora descartable, sino por el resurgimiento del pensamiento anexionista, alimentado por la pérdida de esperanzas que resulta de la inviabilidad del modelo de país que se ha querido imponer como único posible en estas seis décadas. 

No solo es la economía, es también y, sobre todo, la política

El deterioro de la situación económica y social que afecta gravemente a la mayor parte de la sociedad cubana, no puede revertirse sin profundos cambios estructurales que se traduzcan en el desmonte de un modelo de economía centralmente administrada resultante de un modelo político autoritario y totalitario que define los mecanismos de toma de decisiones, impide el control social democrático sobre la gestión de las instituciones y permite el usufructo de la propiedad, supuestamente social, por parte de grupos de poder.

Numerosas personas bien intencionadas se preguntan por qué quienes toman decisiones no escuchan las sugerencias de los «expertos», o por qué no se adoptan las medidas correctas. Cada vez se hace más amplio el reclamo de no persistir en expedientes fracasados de política económica. Sin embargo, resulta imprescindible comprender la relación que se genera entre los sistemas de intereses y los mecanismos de toma de decisiones, y lo que ello representa para los grupos de poder.

En la sociedad cubana hubo una Revolución hace 65 años que contó con apoyo social mayoritario, aunque resulta necesario reconocer que, como todo proceso político de esas características, ejerció la fuerza para imponerse sobre los sucesivos segmentos de la sociedad que, por unas u otras razones, no hicieron parte del proceso desde el principio o se desmarcaron de él. La salida para «los otros» casi siempre fue el exilio y esto consolidó un sistema que históricamente ha excluido al «otro».

Mientras tanto, la existencia de un liderazgo carismático condujo a un estilo de gobierno autoritario y autocrático donde todo se decidía por la cúpula de poder. La institucionalización del sistema no fue más que la creación de una versión coral del verdadero núcleo de poder. Por eso las decisiones políticas y económicas han sido más bien disposiciones militares indiscutibles.

La indudable política de agresiones externas creó las condiciones para la exigencia de una unidad excluyente, que percibe al debate y el disenso como mecanismos de erosión del poder, y sí lo son para quienes lo asumen como «derecho divino», pero en cambio resultan excelentes vías para el desarrollo de una cultura cívica que refuerce el papel activo de la ciudadanía en la construcción colectiva de un proyecto de Nación por vías democráticas.

El actual modelo es insostenible, tanto desde el punto de vista económico como político, y, habiéndose agotado, tal y como ha demostrado la historia, no podrá sobrevivir. Está abocado a cambios fundamentales que podrían conducir a dos caminos: o al establecimiento de un capitalismo burocrático autoritario enmascarado en las etiquetas simbólicas del pasado; o al inicio de un arduo y quizás tortuoso sendero hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos individuales y sociales.

Adónde seamos capaces de llegar depende de nosotros, El Pueblo.

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(1) Salvo que se aclare lo contrario, las cifras utilizadas en este texto y los cálculos realizados usan como fuente la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.