En el último lustro, en Cuba ha tenido lugar un proceso sostenido de ocupación del espacio público. Este ha sido protagonizado por un segmento de la ciudadanía con el fin de expresar su descontento por el sistema autoritario de gobierno.

Si bien los primeros síntomas de este ciclo cívico pueden localizarse en la década anterior, la intensidad de la ocupación del espacio público de forma masiva tiene antecedentes en el estallido social del 5 de agosto de 1994, denominado El Maleconazo. Tal protesta, que cumplió hace dos días su aniversario veintinueve, evidenció el disenso público frente al estado totalitario y mostró a la opinión pública internacional los métodos violentos empleados por el gobierno de Fidel Castro para reprimirlo en medio de la crisis económica del Período Especial.

Las más recientes protestas cívicas iniciaron en el marco del debate de la reforma constitucional de 2019. El descontento fue tomando intensidad con la implementación de la legislación complementaria y una serie de decretos-leyes (Decreto 370, Ley de Protección Animal, entre otros ), teniendo su punto de ruptura en la manifestación de la comunidad LGTBIQ+ del 11 de mayo del 2019 en el Prado habanero.

A estos hechos sucedieron otros: el plantón de artistas e intelectuales en la sede del Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre del 2020, y el intento de manifestación del 27 de enero del 2021 frente a dicho organismo; la protesta del 30 de abril del 2021 protagonizada por un grupo de activistas en la calle Obispo, y la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la Plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre del 2021.

En medio de este ciclo cívico, el estallido social ocurrido los días 11 y 12 de julio del 2021, posee una naturaleza sociopolítica distinta al resto de los sucesos antes mencionados, por lo cual será objeto de análisis particularizado en este artículo. El resto de las protestas ciudadanas expuestas presentan un grupo de características afines que nos permiten agruparlas en un ciclo y  argumentar su naturaleza política similar, a pesar de sus particularidades.

El primer elemento distintivo se basa en la ocupación del espacio público como ágora de disenso político. Por décadas, el estado cubano se ha reservado «las calles» como lugar de reafirmación política, por tanto, los sujetos implicados en estos actos de desobediencia civil han apreciado en las avenidas y pequeñas plazas los sitios ideales para exteriorizar sus inconformidades.

Otro elemento distintivo del ciclo político se aprecia en la composición de sus liderazgos. Tales episodios cívicos fueron organizados por ciudadanos políticamente activos y disidentes respecto al statu quo: intelectuales, artistas, animalistas y activistas por los derechos humanos. Esta composición se manifestó en la naturaleza de sus reclamos, así fueran profundamente gremiales: el fin de la censura, la protección animal, el matrimonio igualitario entre otros. A su vez, ello generó un proceso de toma de conciencia ciudadana en sectores no politizados, tanto en la Isla como en la diáspora.

La localización de estas protestas en la capital del país también es un rasgo característico, que posee dos elementos particulares: 1) la pertenencia a una generación de artistas e intelectuales que presenta ciertos índices de bienestar, que ha podido salir de la isla y conocer estados democráticos; 2) el rol de las redes humanas construidas en las universidades, la ciberesfera u otros espacios de resistencia cultural, donde estos sujetos cívicos se fueron articulando progresivamente.

El estallido social del 11-12 de julio del 2021

En medio de este ciclo cívico se produce el estallido social —en lo adelante 11J— que devela una tipología distinta al resto de las manifestaciones antes analizadas. El peso simbólico y el coste sociopolítico del 11J se han convertido en la principal causa de la crisis política del sistema totalitario insular, en medio del escenario de estallidos sociales a nivel regional. Los factores del suceso son diversos, pero vale señalar: los efectos-costes de la pandemia, la crisis sanitaria provocada por el abandono de la inversión en salud pública y los resultados negativos de la reforma económica que dificultaron la vida cotidiana de la ciudadanía.

Otro elemento que se debe señalar en este estallido se basa en la participación de la ciudadanía en las redes sociales, en particular Facebook y Twitter, elemento que dinamitó un proceso acelerado de politización entre los cubanos pertenecientes a la generación millennials. Este aspecto se puede constatar  con el análisis de las sentencias de los presos políticos de los barrios de la Güinera y Toyo, en La Habana, un grupo considerable de los cuales se localiza en  el rango etario entre los dieciocho y treintaicinco años.

El estallido, que se extendió a todo lo largo del país, tuvo una intensidad particular en las comunidades populares afectadas por la pobreza, los cortes de electricidad, las tiendas en MLC y los efectos de la implementación de la Tarea Ordenamiento. Además, a diferencia de las anteriores manifestaciones, el 11J, producto de su naturaleza popular, no presentó un liderazgo articulado y sus reclamos fueron diversos, desde cubrir las necesidades básicas hasta el fin del estado totalitario.

En el estudio del material fílmico existente sobre las protestas, se pueden apreciar dos aspectos recurrentes: el empleo de consignas anti statu quo y el uso masivo de la violencia policial contra la ciudadanía.  

El estallido social cubano, a diferencia de sus similares en la región, fue de corta duración. En parte por el empleo excesivo de la violencia (más de mil detenidos y un fallecido en solo 24 horas); en parte dada la ausencia de una formación ciudadana para la ocupación sostenida del espacio público que fuera capaz de disminuir los costes represivos y la ausencia de derechos para la ciudadanía.  

Aun así, el 11J marcó una pauta en la historia del disenso insular, pues deconstruyó el mito de la excepcionalidad política e inició el camino de la protesta popular masiva en Cuba.

Un nuevo escenario cívico: la protesta popular sostenida.

El fracaso de la convocatoria a la manifestación del 15 de noviembre del 2021 tuvo un efecto de repliegue para la sociedad civil in situ, y evidenció un lento ritmo de rearticulación debido a la migración forzada de decenas de activistas políticos y al costo de la represión. Aun así, ha tenido lugar un proceso de ascenso y consolidación de la protesta popular, en la que se aprecia una toma de conciencia cívica por parte de familiares de los presos políticos, trabajadores públicos, estudiantado y las comunidades populares.

Este nuevo período inició con una protesta estudiantil en la Universidad de Camagüey, el 14 de junio del 2022, y se extendió hasta el mes de septiembre del propio año. Al igual que el 11J, dichas manifestaciones se suscitaron por todo el país y, en su inmensa mayoría, ocurrieron entre horas de la tarde y la noche, demostrando cómo la ciudadanía va incorporando progresivamente estrategias para expresar su disenso político.

Este auge de la protesta popular y autogestionada introduce a Cuba en un escenario similar al regional, que ha servido para favorecer procesos democratizadores y limitar los abusos gubernamentales. Estas acciones populares espontáneas se han caracterizado por su dispersión en el espacio geográfico y el protagonismo de comunidades vulnerables. En ellas van cobrando cada vez más intensidad los reclamos antisistema. A pesar del alto costo represivo y de los abusos policiales, en este período la ciudadanía ha incorporado recursos y técnicas para amortiguar el resultado de la violencia política.  

Al igual que en otros escenarios autoritarios, cómo Irán y Venezuela, en Cuba se percibe una feminización de la ocupación del espacio público y de los liderazgos cívicos, sea mediante el activismo, los reclamos de liberación de los presos políticos o las exigencias de bienestar y cambios en redes sociales.

Un común denominador entre el 11J y las protestas del verano del 2022, es la presencia de sectores racializados de la sociedad en el espacio público, quienes además han tenido que pagar un alto costo represivo por la selectividad de la violencia política, como bien se aprecia en los juicios a los manifestantes de ambos ciclos.

El marco de la reforma constitucional y el contexto legislativo que ella generó,  potenciaron un ciclo cívico liderado por la comunidad artística e intelectual y sectores del activismo político, el mismo se fue complejizando y ganando en intensidad hasta llegar a las comunidades populares y otros sectores de la sociedad insular.

Durante este lustro, en Cuba se ha transitado de la protesta aislada y ocasional a la ocupación masiva y auto-organizada del espacio público, que ha tenido un alto coste represivo, pero a su vez contribuye a dinamitar la legitimidad del estado autoritario y su modelo de Partido-Estado. 

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Imagen principal: Protestas populares en La Habana, en agosto de 1994, conocidas como El Maleconazo / BBC Mundo