En las tres últimas décadas, los gobiernos de Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, fueron aprobando políticas y medidas que, de manera paulatina, han provocado una enorme fractura del consenso social. Ello explica el actual escenario de crisis en Cuba, con un creciente componente político que genera una respuesta gubernamental represiva e inconstitucional.

La pobreza y la exclusión en la Isla han crecido motivadas por los propios paquetes de políticas y medidas gubernamentales que fueron diseñando un modelo económico dependiente del turismo y bajo control del emporio Gaesa, y no debido exclusivamente a la influencia del bloqueo del gobierno norteamericano, como se afirma con ánimo justificativo.

El presente trabajo pretende:

• Determinar las principales etapas y medidas gubernamentales en tal sentido.

• Fundamentar las transformaciones sociales y su influencia en la crisis política actual.

Etapas y medidas

Gobierno de Fidel Castro

Tras la caída del campo socialista, el gobierno cubano se vio obligado a reformas que aumentaron la desigualdad social y la pobreza. La legalización del uso y tenencia de divisas y la autorización del trabajo por cuenta propia, en 1993, fueron decisiones necesarias pero beneficiaron más a ciertos sectores sociales. El surgimiento de tiendas de ropas y alimentos en dólares soslayó a los más humildes, obligados a subsistir con los escasos productos racionados.

El Estado, ante un gran déficit presupuestario, intentó sanear sus finanzas incrementando precios y disminuyendo gastos. En 1994 se decidieron medidas que aumentaban considerablemente los precios del transporte público, agua, electricidad, servicios postales, combustible y artículos de amplio consumo popular, como tabaco y bebidas alcohólicas.(1) Por su parte, las gratuidades eliminadas fueron muchas. A lo anterior se agregaba el establecimiento del pago de impuestos y de derechos fiscales para la obtención de numerosos documentos públicos.

Aunque en esa oportunidad no fueron incrementados los precios de la canasta básica normada, los aumentos mencionados representaban un duro golpe al presupuesto familiar de los trabajadores. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo mensual era de cien pesos, y el salario promedio de 150 pesos, podremos calcular lo que significaban tales medidas para familias de bajos ingresos, con varios hijos, que no recibieran remesas, laboraran en el sector estatal y no se vincularan con el emergente sector turístico.

Las medidas se aplicaron sin distinción a toda la sociedad. Ese sería un enorme error, pues al partir de una serie de privilegios existentes, aumentó la pobreza de determinados sectores y familias.

Es justo reconocer no obstante que, incluso en medio de la crisis, los sistemas de Salud y Educación, si bien muy afectados, no cayeron en los niveles de precariedad actuales. El programa del médico de la familia se había inaugurado en 1984 y funcionó perfectamente. Contaba con instalaciones apropiadas y excelentes profesionales que hacían innecesaria la afluencia y hacinamiento en policlínicos y hospitales. Por su parte, la mayoría de los municipios disponía de servicios de obstetricia, pediatría y cirugía. La pobreza crecía, pero las personas aún podían acudir a servicios médicos sin necesidad de comprar medicamentos e insumos para ser atendidos.

Hubo asimismo mayores niveles de protección social que los actuales. Por ejemplo, en 1994 las mujeres embarazadas tenían un programa de apoyo alimentario. Una vez por semana, y organizado por consultorios, se garantizaba el acceso a un restaurante para una comida gratuita que incluía: fruta, carne y productos lácteos.

La oferta de papa y huevos, sin incremento sustancial de precios, permitió que las familias más pobres, sin acceso a los mercados en dólares, tuvieran al menos un sustento alimentario elemental, que no existe hoy por la ruina de la agricultura.

El censo correspondiente al 2002 ya ofrecía datos preocupantes en cuanto al desempleo, el limitado acceso a la educación superior de sectores empobrecidos y la grave situación de la vivienda. Sin embargo, la alianza con Hugo Chávez dio a Fidel los recursos para maniobrar en función de lo que sería su última gran campaña social, denominada Batalla de Ideas.(3)

Se ampliaron las oportunidades educacionales y el acceso a la cultura como vías de superación. Consignas políticas como: «La cultura salva» o «la cultura como escudo de la nación», evidenciaban una perspectiva idealista que romantizaba la situación de personas, familias y barriadas venidas a menos, con preeminencia de población negra. Esos eran los que no podían entrar en la categoría de emprendedores, cuentapropistas y empresarios, pero tampoco de socios de cooperativas jamás creadas.   

La Batalla de ideas tuvo una óptica asistencialista, con tal fin fue creada, en 2001, la Escuela de Trabajadores sociales de Cojímar. Como profesora de la Universidad de Matanzas por entonces, debí asesorar metodológicamente a un grupo de trabajadores sociales en el municipio de Jovellanos, donde un diagnóstico arrojó resultados alarmantes: personas viviendo en condiciones paupérrimas, familias que dormían en el suelo por carecer de colchones, viviendas en precario estado y carencia de artículos electrodomésticos básicos, como refrigeradores y ventiladores.

La centralización de las decisiones económicas fundamentales en manos de Fidel Castro, y su tendencia a priorizar las inversiones en salud, educación y asistencia social ayudaron a paliar la situación. Como hábil político, comprendió siempre que algo había que dar a cambio si quería mantener el control absoluto del poder. Aunque es difícil, la gente puede adaptarse a vivir sin libertad. Sin alimentos y atención médica, no.

No obstante, ese modelo asistencialista tampoco podía mantenerse por mucho tiempo porque no tenía bases propias. Pero la enfermedad de Fidel y su salida del gobierno dejaron en manos de su hermano la reversión de lo hecho.    

Gobierno de Raúl Castro

Su acceso al poder tuvo dos períodos: uno interino, entre julio de 2006 y febrero de 2008, y uno formal desde esa fecha y hasta 2018. En el primero, lanzó la campaña pro-reforma conocida como Actualización del modelo económico y social cubano, y tomó medidas que devolvían derechos constitucionales a la ciudadanía: viajar fuera del país, alojamiento en hoteles, compra-venta de casas y autos; todas positivas, pero que beneficiaban más a sectores sociales con la solvencia requerida para ejercer tales derechos.

A partir de su nombramiento oficial como presidente del Consejo de Estado, enfatizó en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas». Bajo la consigna «sin prisa pero sin pausas», pronto se constató que la prisa se dirigía más a transformar al modelo social que al económico.

Las medidas adoptadas por entonces afectaron a las personas y familias pobres: cierre de 24 000 comedores de trabajadores; aumento de la edad de jubilación en cinco años; disminución de la edad laboral a quince años, es decir, las personas que empezaban a trabajar siendo adolescentes debían hacerlo durante medio siglo para tener derecho a una jubilación.

Más adelante se suspendería el derecho al almuerzo de los estudiantes que no estuvieran becados en las universidades. Ello afectaba más a las familias pobres, que debían garantizar de sus deprimidos salarios el sustento diario de sus hijos.

En esa etapa hubo una campaña desde los medios estatales que culpaba al pueblo de su dependencia al Estado, como si ello no hubiera sido una directriz política.(4) 

El mayor recorte en la inversión de salud ocurrió durante el gobierno de Raúl Castro (2006-2018), en etapas en que la exportación de servicios médico-farmacéuticos fue la principal fuente de divisas, por encima del turismo. La lógica indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción.(5)

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población más pobre, sin embargo, lo que se hizo fue reducirla. Como demuestra la periodista Karla R. Albert, «entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%».

Según el economista Carmelo Mesa-Lago, ello se explica «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles». En el referido documento se dejaba claro que el Estado transferiría a las familias y al mercado las responsabilidades sociales que decidió no continuar asumiendo.(6)

Llegó incluso a eliminarse, al considerarlos gratuidades indebidas, los estímulos a trabajadores vanguardias que permitían su acceso a instalaciones turísticas, a pesar de que en realidad no era gratis pues ellos sufragaban sus gastos en moneda nacional. Desafiando cualquier rasgo de decoro, la misma prerrogativa se mantuvo para altos dirigentes y sus familias. Evidentemente «algunos animales eran más iguales que otros».

Durante esos años, aun con medidas que encarecían la existencia cotidiana de la población, no se aumentaron los salarios de manera general, solo a determinados sectores como salud, educación y empresas priorizadas.

Los jubilados —alrededor de 1,7 millones en estos momentos— son un sector que sufrió con creces las consecuencias de tales políticas. El economista Mauricio de Miranda demostró el desfase del sistema pensional cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida, y concluyó que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas».

Parámetros exitosos hasta los ochenta, como la «tasa de mortalidad», con tendencia a la disminución, comenzaron a crecer nuevamente. Así lo hicieron la mortalidad general, infantil y la materna, especialmente esta última.(7) Creo pertinente insistir en la influencia en estas cifras del desmontaje de la mayor parte de los servicios municipales hospitalarios de obstetricia, pediatría y cirugía.

La estructura de inversiones en Cuba se tornó marcadamente asimétrica durante el gobierno de Raúl Castro. El turismo devoró sumas millonarias materializadas en más hoteles, ya no solo en playas sino en ciudades, cada vez más lujosos y confortables, destinados a turistas de alto nivel adquisitivo. Mientras tanto, se invirtió menos en agricultura, salud, educación y ciencia. Se disminuían los gastos sociales y la industria de medicamentos era incapaz de sustentar las necesidades crecientes de sectores poblacionales envejecidos y estresados.

¿Cómo entender estos inmensos recortes? Entre 2009 y 2017, la normalización de la deuda externa del país —declarada «impagable» por Fidel durante años— tuvo un elevado costo, ya que su servicio alcanzó alrededor de 23,000 millones, lo que limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos.

A ello se suma que a finales de 2015 Cuba renegoció su deuda con el Club de París. Se logró la condonación de 8.500 millones y el compromiso del gobierno de desembolsar 2.600 millones en dieciocho años para acceder a créditos. El cumplimiento de estas obligaciones explica la política de ajustes raulista iniciada en 2009, que contrajo al sector estatal y redujo drásticamente su presupuesto de gastos e importaciones.

A la par, disminuyó la oferta de bienes de consumo en el mercado interno, en particular los alimentos, al no realizarse en la secuencia lógica las reformas concebidas y prometidas que debieron estimular a los productores nacionales, organizados en pequeñas y medianas empresas que no fueron aprobadas en estos años, a sustituir importaciones.

En 2018 Raúl Castro cedió formalmente el gobierno a Miguel Díaz-Canel, si bien continuó hasta abril de 2021 frente al Partido. Iniciaba así el período de la continuidad.

Gobierno de Miguel Díaz-Canel

Con la designación de Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y de ministros —luego de la Constitución de 2019 sería presidente de la República—, se declaraba la prolongación de esa política antipopular. Varias evidencias apuntaban a ello: la apertura de comercios en MLC que han discriminado a una gran cantidad de personas y la tristemente célebre Tarea Ordenamiento, que disparó los precios y la inflación para convertir en nada las pensiones, jubilaciones y salarios.

El economista Pedro Monreal valoraba a mediados del pasado año: «los datos de ventas minoristas y de inflación en Cuba en el primer semestre de 2022 evidencian dos cosas: un ajuste económico apoyado en la inflación, y distribución desigual del costo del ajuste, con sesgo contra los hogares pobres».

Influencia de estas transformaciones sociales en la crisis política actual

Más allá de los resultados inmediatos de la Tarea Ordenamiento, existen consecuencias sociales debidas a décadas de empobrecimiento y ajustes económicos. Las más notorias son: aumento de la mortalidad general, infantil y materna; disminución sostenida de la natalidad; incremento del número de suicidios; crecimiento de la población carcelaria hasta ubicarse entre las mayores per cápita del planeta; un éxodo de proporciones dramáticas y acentuación de la desigualdad.

La insensibilidad de la dirigencia política ante este escenario, llegó al punto de que en el Informe Central al 8vo Congreso del Partido de 2021, Raúl Castro reprochó con molestia la «cierta confusión» de algunos cuadros de dirección al emprenderla contra la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada.

El Partido ha vuelto la espalda a un problema de primera magnitud, que debió ser analizado profundamente y que condujo, menos de tres meses después del referido congreso, a un estallido social nacional. Pero esta no parece ser su intención. Prefiere catalogar los hechos del 11J como una operación financiada desde el exterior para no admitir su responsabilidad histórica y la razón que asistía a los que salieron a manifestarse ese día.

Durante 2018, en la versión original del proyecto de Constitución, la comisión redactora, en un repunte de honestidad, había decidido eliminar el comunismo como horizonte de aspiración futura, lo cual me pareció muy realista pero poco coherente con un partido que se designa con ese nombre. En la versión final sería devuelta a su lugar la referida aspiración, pero ya todos comprendemos que una cosa es la letra de la Constitución y otra la actitud de las autoridades ante ella, sobre todo cuando esas autoridades no tienen las mismas condiciones de existencia de las mayorías.

Justicia social se ha convertido en una frase usada en foros internacionales con el fin de recabar simpatía hacia el gobierno cubano, y también en medios oficiales para un discurso demagógico; pero no en los documentos y declaraciones programáticas partidistas. Mientras el Canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en su intervención ante la ONU del 3 de noviembre del pasado año, aseguró «que Cuba nunca renunciará a su sistema socialista de justicia social»; las proyecciones del Comité Central del Partido para 2023 no mencionaron ni una sola vez esas palabras.

Lo cierto es que las estadísticas hablan de una década perdida para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020. Pero desde antes, como hemos visto, comenzó el deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía. El hecho que las personas contaran por mucho tiempo con una serie de beneficios, entre los cuales los sólidos y eficaces sistemas de Salud, Educación y Seguridad Social fueron pilares, permite comprender el mantenimiento de altas cotas de consenso frente a evidentes errores de política económica y a prácticamente ninguna libertad política. Esa situación no existe hoy.

El gobierno de Raúl Castro aplicó un paquetazo neoliberal camuflado bajo un discurso socialista que se ha mantenido durante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Este posee ciertas peculiaridades:

• Un estado débil como agente económico, aun con sus patéticos intentos por controlar el mercado interno para responder a una ciudadanía activa que, a diferencia de otras épocas, tiene hoy canales y medios de expresar sus inconformidades.

• Drástico recorte en inversiones y gastos sociales y en subsidios por parte del estado.

• Desregulación financiera, evidenciada en el corrimiento de inversiones a la esfera de la construcción e inmobiliarias, además de que el Grupo de Administración Empresarial S.A, que maneja mucho más del cincuenta por ciento de la economía insular, no se encuentra inscrito en Cuba sino en Panamá y no se subordina a los mecanismos de auditoría de la Contraloría General de la República, creada en 2009.

• En otros contextos el neoliberalismo ha ocasionado una polarización social al proletarizar a los sectores medios en favor de grupos de mayor solvencia económica, aliados a capitales extranjeros. En el caso de Cuba esto tiene sus particularidades: las pequeñas y medianas empresas fueron entorpecidas hasta el año pasado, en tanto se potenciaron formas de organización de la economía de estructura capitalista cuyas finanzas no son transparentes.

Fue una «libertad de emprendimiento» vestida de verde olivo. Cuando en su Informe Central al 8vo. Congreso del PCC, Raúl Castro instaba a «borrar de nuestras mentes prejuicios del pasado asociados a la inversión extranjera y asegurar una correcta preparación y diseño de nuevos negocios con la capacitación del capital extranjero», se estaba dirigiendo evidentemente a ese sector privilegiado.

A tenor con ello, existe en Cuba una estructura socio-clasista típica de los modelos neoliberales. Por un lado, enormes grupos sociales empobrecidos y excluidos compuestos por obreros, trabajadores de servicio, técnicos, profesionales e intelectuales; en tanto, lo que podríamos llamar clase media no ha desplegado sus alas debido a obstáculos y reglamentaciones, y últimamente debido a su tendencia al éxodo; por último, existe una clase tecnocrático-político-militar necesitada de aliarse con capitales extranjeros que, por determinados factores como: la morosidad en el pago de la deuda, las medidas restrictivas del gobierno de Estados Unidos y la inestabilidad política actual, no encuentra el modo de emerger públicamente.

La privatización masiva de empresas estatales es una condición del modelo neoliberal que no se ha producido aún, pero es muy posible que ocurra pronto ya que existen dos factores que la hacen factible: por un lado la ruina y abandono de la empresa estatal, absolutamente depauperada, y por otro, la Constitución de 2019 que, a diferencia de su predecesora, reconoce al estado como administrador de la propiedad «de todo el pueblo» y admite la trasformación de unas formas de propiedad en otras en caso de bancarrota.

• El quiebre del poder de los sindicatos, otro rasgo del neoliberalismo, era una condición preexistente del modelo político de socialismo burocrático.

Los efectos sociales de dicho proceso, a más del creciente autoritarismo para gobernar, explican el aumento de la protesta social y del disenso político en Cuba en la actualidad, igual que ha ocurrido en otros contextos.

***

Esta ponencia fue presentada de manera virtual por la autora en la conferencia anual de la Asociación de Estudios sobre la Economía Cubana, como parte del panel Cuba: Desmontaje de la «justicia social»: Repercusión sociopolítica.

***

Imagen principal: El Gobierno

***

(1) Subieron un 566 por ciento las dos cajas de cigarros mensuales por libreta de racionamiento; un 270 por ciento el galón de gasolina, un 116 por ciento el costo del pasaje del transporte interprovincial, y 122 por ciento en la electricidad para los núcleos familiares que consumían más de 100 kilovatios hora al mes. Se empezó a cobrar por primera vez treinta centavos mensuales por persona a cada núcleo familiar para sufragar gastos de alcantarillado.

(2) 1. Cobro del almuerzo a estudiantes de la enseñanza pre-escolar, primaria y media, con una tarifa de siete pesos mensuales; 2. Los matriculados en cursos de idioma, fuera del sistema regular de educación o de los programas de capacitación de empresas estatales, tendrían que pagar 20.00 mensuales; 3. Los estudiantes becados debían comprar sus uniformes; 4. Cobro de entradas a museos, actividades, espectáculos y exposiciones en las Casas de Cultura, Comunales y Galerías de Arte; 5. Cobro de servicios en los gimnasios, clases de gimnasia musical aeróbica y artes marciales; 6. Cobro de la entrada a competencias deportivas en estadios y salas. (Ver investigación de Pablo Alfonso).

(3) Alrededor de 179 programas se establecieron con el fin de mantener la adhesión de trabajadores y jóvenes. Uno de los más significativos fue la universalización de la enseñanza.

(4) Lázaro Barredo: «Él es paternalista, tú eres paternalista, yo soy paternalista…», Granma, 9 de octubre de 2009. (Ver Alina López: «La maldita culpa»).

(5) Mario Valdés Navia: «La necrotendencia»

(6) La ley de presupuesto para 2011 evidenció el marcado deterioro de indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo un 61% en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total pasó del 5,3% al 2,1%. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de pesos por «depuración de beneficiarios». (Ibídem).

(7) Se relaciona este aumento de la TM con dos aspectos: «por un lado, la falta de mantenimiento de los hospitales, reducción de servicios municipales en muchas provincias, y escasez de medicinas, insumos y equipamiento; por otra, el crecimiento de la desigualdad y pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad cubana». Las cifras muestran una mortalidad infantil de 7,6 por cada mil niños nacidos vivos. Esto indica un crecimiento de 55,1% en comparación con el año 2020 (4,9 por cada mil) y de 91,77% con el 2018 (3,9 por cada mil). La mortalidad materna fue aún superior: 175 defunciones por cada 100 000 nacidos vivos, que significa un incremento del 341%.