El propósito de este texto es realizar algunas precisiones conceptuales sobre un término utilizado en ocasiones sin considerar su amplitud, los múltiples ámbitos y formas en que se manifiesta. La represión política, según la generalidad de las fuentes bibliográficas, se define como un conjunto de acciones reguladoras por parte de determinados gobiernos, dirigidas al control de la ciudadanía mediante el empleo o la amenaza de coerción y fuerza, con el propósito de contener, detener, restringir o prevenir la capacidad de opositores reales o potenciales para cuestionar, desafiar o perjudicar las relaciones de poder existentes, los intereses de las élites, y de tomar parte en la vida política de la sociedad. Tales acciones son llevadas a cabo por la policía, el ejército o mediante el empleo de grupos paramilitares.

Existe la tendencia a identificar la represión con el uso de la violencia física, corporal; pero esta no se utiliza en todos los casos ni en toda su dimensión, ella abarca asimismo diferentes formas de manifestación y aplicación, en dependencia no solamente de las instituciones encargadas de llevarla a cabo, sino de las características de los individuos que la ejecutan: simples cumplidores de órdenes superiores o sádicos que disfrutan con el dolor ajeno, físico o moral.

No siempre los gobiernos apelan al mecanismo extremo de la violencia física para impedir el ejercicio de derechos civiles y de las libertades de expresión, reunión, manifestación y asociación; sino que se aplican variados métodos como: la coacción legal, la persuasión, el exilio forzoso, la extorsión, la depuración, la discriminación religiosa y sexual, con la finalidad de instaurar en la sociedad el temor, el miedo a consecuencias imprevisibles, encaminado a que sectores e individuos se repriman a sí mismos en el ejercicio de sus derechos.

Además, pueden utilizarse asimismo métodos personalizados, como el ofrecimiento de mejores posicionamientos económicos, la conciliación de intereses, las amenazas veladas sobre el futuro de integrantes de las familias o el uso reiterado de sanciones o multas, entre otros recursos de coacción limitada (1, 2, 3, 4 y 5).

La censura, en todas sus formas y matices, es una de las manifestaciones de la represión pues limita, condena o prohíbe difundir ideas, informaciones, obras artísticas, sea en forma impresa, por medios radiofónicos, en redes sociales o de forma oral. El resultado es la limitación de la libre expresión del pensamiento, de la creación artística, y el control de la información dirigida al público, con pretextos de índole moral, religiosa, política e ideológica esgrimidos por las autoridades.

La fuerza debería ser el último procedimiento a utilizar, pero en todos los casos el poder se ocupa de precisar y divulgar, de modo abierto o subliminal, que no se tienen en cuenta argumentos, trayectoria ocupacional, reconocimientos por aportes de beneficios sociales, años de entrega a una causa o demostración de disciplina; pues se exige una sumisión total, absoluta, el acatamiento de la voluntad divina, de las órdenes, de las disposiciones, sin género alguno de cuestionamientos. Todo puede ser anulado, a lo que se suma la aplicación de epítetos denigrantes, supuestos compromisos con potencias extranjeras o cualquier otra aberración.

Al ahondar en los aspectos sociológicos y sicológicos de los objetivos perseguidos por los represores, se evidencia el propósito de destruir la capacidad humana de engendrar convicciones, evitar que se ejerza la libertad de pensar por sí mismo, que sería sustituida por la sumisión de la mente. Los gobiernos tiránicos procuran la incomunicación entre los individuos, pues el aislamiento es terreno fértil para el desarrollo de temores, dudas y vacilaciones, ya que las personas aisladas disminuyen su capacidad de acción.

Costos monetarios y políticos

Un analista del tema expresa que «cuanto más profunda sea la desigualdad social y mayores las necesidades socioeconómicas de una sociedad, más intenso será el uso de la represión por el gobierno». Pero esta vía ocasiona no solo un considerable costo material —al movilizar individuos y medios para la vigilancia permanente de la población, o para aplicar la violencia, como vías de prevenir o aplastar la movilización de desafectos—, sino, lo que es aún más grave, también implica un alto costo político, pues el uso sistemático de la represión causa descrédito ante su pueblo y otros gobiernos, además de constituir una dilapidación de recursos que pudieran emplearse en servicios sociales y fuentes de trabajo productivo, lo que redundaría en el aumento del prestigio de la administración, al atender dificultades que generan descontento.

Evitar la represión es la opción más acorde con la búsqueda del equilibrio social. Canalizar las protestas de grupos o sectores de opinión diferentes, facilitarles expresar sus inquietudes e intereses mediante canales pacíficos, abiertos, democráticamente accesibles, permite conocer sus peculiaridades y orientar la satisfacción de aquellas de mayor urgencia, sin comprometer la estabilidad interna imprescindible para ejercer adecuadamente las funciones de gobierno.

Las acciones no violentas de opositores, disidentes u opinantes, carecen de las proyecciones y el grado de organización que pudieran convertirse en amenazas para el gobierno, lo que hace innecesaria la represión, cuyas características de irracionalidad y primitivismo impiden a quienes las orientan y dirigen su aplicación con una gradualidad acorde con los cánones civilizados, lo que genera el rechazo de la generalidad de las capas neutras, dentro y fuera del territorio.

La sabia diferenciación entre la disidencia no subversiva y los elementos violentos, saboteadores o saqueadores, pudiera salvar la aplicación de soluciones acertadas para cada caso. Incluirlos a todos, de modo indiferenciado, como si constituyeran un sector homogéneo, un bloque de opinión y actuación, constituye uno de los más graves errores interpretativos de la realidad, como sucede actualmente en nuestro país, con lo que se reduce la posibilidad de la concertación de intercambio de opiniones diversas en busca de soluciones efectivas, toda vez que las autoridades gubernamentales y partidistas establecen una barrera diferenciadora entre quienes apoyan cuanto emane del poder y los que consideran que hay un margen considerable para el rencauzamiento de la política y la economía.

Por otra parte, no debe desdeñarse la experiencia histórica del riesgo de «militarizar la vida política»: sustituir los métodos propios de la política por el incremento de diversas formas represivas. Tal opción conduce, a corto o mediano plazos, a la entronización de la hegemonía del aparato policial y militar, al acrecentar el peso de los órganos represivos dentro del Estado.

Puede precisarse cuándo comienza el uso de la represión, pero no su duración, cómo concluye, ni cuál es su saldo. Sería erróneo soslayar las cercanas experiencias del siglo XX, caracterizado por la utilización de argumentos de orden castrense como la «guerra contra la expansión comunista», la «preservación de la seguridad nacional», la «contrainsurgencia», la liquidación de «los enemigos del pueblo», el «combate al terrorismo», el «enfrentamiento al narcotráfico»… lo cual conllevó el ascenso de cúpulas militares amparadas en retórica belicista y con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados, cuya máxima expresión en nuestra América fueron las dictaduras militares de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, así como el desarrollo del Plan Cóndor.

Paralelamente, junto a los órganos oficiales, se desarrollaron fuerzas paramilitares, escuadrones de la muerte, corporaciones de vigilancia, asociaciones racistas al estilo del Ku-Klux-Klan, ejércitos privados, grupos conservadores armados, todos enfilados contra los expositores de ideas propias, los opositores y disidentes reales o ficticios, para supuestamente «mantener el orden».

Los represores no nacen, se hacen. Quienes todo lo justifican para que nada cambie, intentan olvidar que todo ese horror es llevado a cabo por personas, seres humanos convertidos en criminales mediante un sistemático procedimiento selectivo dentro de cada país, con asesoramiento y ayuda externa en la generalidad de los casos, como son los llamados «centros de instrucción», donde se forman y entrenan individuos en técnicas de torturas, espionaje y control sobre personas e instituciones.

Recordemos siempre: esos asesinos eran naturales de cada país, cuyas élites pretenden protegerse de los opositores alentando a la crápula para actuar sin limitaciones, formados en una mentalidad justificativa de todo atropello, al presentar las diferencias de opinión como supuestas conspiraciones que deben extirparse, y a quienes se expresen en términos propios como sospechosos que han de ser vigilados y reprimidos.

Los ejecutores de tales prácticas son exonerados de sanciones legales y gozan de total impunidad. El objetivo supremo es eliminar totalmente cualquier forma de oposición, lo que ha sido llamado por las más diversas tendencias como «solución total». Esta era la finalidad, a lograr con los pretextos más disímiles, en nombre de posiciones político-ideológicas en ocasiones contrapuestas, como fueron los casos de la represión estalinista, los asesinatos de Tlatelolco o la masacre de Tiananmen. En sus formas extremas, se ha llegado al genocidio y a los asesinatos en masa, cuyos deliberados propósitos son el exterminio de determinados pueblos, grupos étnicos, sociales o políticos. Nadie en el mundo debe olvidar lo que ocurrió en Vietnam ni lo que sucede en Palestina.

¿Represión política o política sin represión?

Esta es la disyuntiva que se presenta en la actualidad, sustentada en la ineludible experiencia histórica. El uso de métodos represivos se percibe como legítimo solo cuando persigue reforzar la ley y el orden, castigar las transgresiones contra la sociedad, y defender al Estado de enemigos externos e internos, como son los ladrones, asesinos, feminicidas, extorsionadores, proxenetas, violadores… en fin, aquellos elementos que perjudican la vida normal de la sociedad en sus manifestaciones cotidianas.

Debe existir una base de consenso, que desaparece cuando no hay aceptación de los métodos y fines del gobierno, y la mayor parte de la población difiere de la redistribución de los beneficios obtenidos por el esfuerzo colectivo, lo que puede evitarse cuando se viabiliza la participación de los diversos sectores poblacionales en la toma de decisiones que a todos afectan.

De este modo se establecería una estrategia de utilización de métodos políticos, como el diálogo cotidiano, la negociación de las demandas, las propuestas de reformas, cambios que propicien la disuasión, la reparación de agravios, la conciliación de intereses, con garantías de la aplicación no desproporcionada de las medidas judiciales, que excluirían todo acoso intimidatorio contrario a los derechos individuales y colectivos. 

Las opciones se reducen ante el apremio del tiempo, cuando ya han transcurrido más de cuatro lustros del siglo XXI sin que se avizore un mejoramiento generalizado en la sociedad, a pesar de los resultados favorables de la utilización de métodos políticos que, si bien no dan solución definitiva a los desequilibrios acumulados, atenúan sus efectos y abren posibilidades de participación de sectores no tradicionales, como han sido los casos de Chile, las mesas de diálogo en Panamá e inclusive las conversaciones entre el gobierno y las guerrillas colombianas. Por ello la disyuntiva se constriñe a una amplia democratización de todos los ámbitos de la actividad humana, o la aplicación de la represión sin límites, hasta lograr la llamada «solución total», con el aplastamiento de todo tipo de pensamiento y actuación diferentes a los que conciben quienes detentan el gobierno.

El tiempo no permite experimentos inagotables, sino la búsqueda de soluciones a corto plazo. Quienes «piensan» con los bolsillos y los estómagos no se detendrán ante las consecuencias de la opresión sistemática, a la que apelarían en defensa de sus intereses. 

La liberación humana exige, por el contrario, la mayor suma de libertades posible, «una militancia de la cultura, que brinde espacios y sea capaz de reunir la diversidad de las subjetividades, habilidades y propensiones humanas, el planeamiento de las tareas revolucionarias, el afán de belleza, goces y felicidad, la expansión de la influencia y del control de la gente común sobre todos los ámbitos de la vida pública, la creatividad y la originalidad para enfrentar las escaseces y dificultades, que son tan graves que serían insalvables si no se ponen en marcha nuevos medios de desplegar la superioridad de las personas».