Los partidos políticos surgen desde el momento en que los hombres se percatan de que, inevitablemente, tienen que promover y estructurar ideas, maneras, y procedimientos encaminados a coordinar y organizar la vida de los ciudadanos de modo que se concilien, en la forma más conveniente, los intereses individuales y colectivos para una convivencia beneficiosa. De esto se trata, en esencia, hacer política.

Obviamente, una sociedad es una estructura multitudinaria con incontables cualidades y empeños, por tanto es tarea casi impracticable encauzar a tantos individuos hacia determinados objetivos si no existiera algún tipo de institución que gestione pautas y acciones convenientes a los distintos sujetos. Sin embargo, para que una organización tal sea admitida deben hallarse en ella elementos que otorguen sentido de afinidad a los implicados, o sea, que compartan condiciones y propósitos.

Eso explica la aparición de diversos partidos, por lo general basados en la procedencia social, la facción ideológica con que se simpatice o la aspiración a determinados objetivos. Desde siempre, la función de un partido es crear una base social que le permita acceder al poder para realizar sus proyectos económico-sociales. Lógicamente, para que la vida política sea viable, esta consumación de intereses privativos de un partido implica la constante negociación con otros grupos que poseen diferentes agendas.

Precisamente esta pluralidad de grupos con concepciones e intereses diferentes, pero con un fin común: hacerse del gobierno, es lo que conforma el ámbito competitivo de disímiles fuerzas políticas y llevará alguna a obtener la primacía, comúnmente por el pacto de distintos grupos cercanos que logran obtener una mayoría de simpatizantes.

No obstante, la diversidad de partidos no solo obliga a una determinada elección, conseguida mediante compromisos, sino que también establece que existan uno o varios grupos que, al no estar incluidos en la concertación, se vuelvan oponentes, es decir, entidades que se ocuparán de monitorear que el partido o coalición que obtenga el poder no se extralimite en sus decisiones ni obstruya el lógico devenir de la vida política. Esta es, en principio, la base de la democracia: el hecho de que a pesar de la presencia de distintas perspectivas de intención y prácticas políticas, se garantice la coexistencia y normal desenvolvimiento de todos. Al menos en teoría es lo que se supone.

El unipartidismo resultó del esfuerzo de determinados sectores políticos, armados o en acción mancomunada, para derrocar monarquías, dictaduras, gobiernos coloniales o sistemas multipartidistas que hubiesen acarreado serias desventajas para la evolución de la vida en determinado país. Casi siempre han iniciado su existencia política con propuestas de reivindicaciones nacionales o populares que les han ganado una base social pero, aunque alguno de esos partidos luego ha posibilitado el resurgimiento de otras agrupaciones políticas, la mayoría de las veces se han constituido en férreas dictaduras.

Es que resulta improbable, por no decir imposible, que el gobierno de un único grupo político estructurado en torno a un programa ideológico privativo de sus objetivos e intenciones y, en consecuencia, con un modo de actuar en función de lograr los mismos, pueda abrir oportunidades de acción a otros que obstaculizarían o frenarían su alcance. Por eso es prácticamente inevitable que deriven hacia una dictadura o partidocracia donde, a pesar de enunciar garantías para conferir libertad de acción, opinión y participación política a todos los sectores, en la práctica es la plataforma de dicho partido y sus simpatizantes, encargados de hacerla cumplir, quienes asuman el control de los destinos del país. Notables son los casos del fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el Falangismo en España, o el Partido Comunista de Stalin en la URSS.

Tal como he expresado en otras ocasiones —principalmente durante los debates de documentos para el último Congreso del PCC—, no considero que el unipartidismo sea un sistema apropiado para el mejor desempeño de una sociedad y, sobre todo, para el desarrollo de una genuina democracia. Y no lo es porque, de inicio, resulta imposible que un conjunto restringido de sujetos, unidos por ciertas ideas, métodos y propósitos, pueda organizar y administrar la multitudinaria realidad y potencialidad de toda una nación desde unas bases teórico-prácticas que consideran como las mejores opciones de desempeño vital para todos.

Esto plantearía una paradoja: o el partido acoge todas las aspiraciones y metas del universo de ciudadanos (con lo cual dejaría de ser un partido) o los ciudadanos deben conformarse a los preceptos y modos del partido renunciando con ello a sus propias convicciones e intereses, lo cual crearía una situación de existencia escindida entre lo que se proclama desde el centro de poder y lo que las personas anhelan realizar, con todas las implicaciones de conflictividad que esto presupone, que es lo que ocurre de hecho.  

No es posible lograr que todo el conglomerado humano de un país piense, se comporte y sueñe del mismo modo, guiados por una plataforma ideológica no diseñada ni elegida por ellos. Y no pueden diseñarla ni elegirla pues, de intentar hacerlo, se volvería a la paradoja: el partido dejaría de serlo con tan amplia diversidad de conceptos y aspiraciones. En tal sentido, el unipartidismo resulta una aberración de la naturaleza de la interrelación humana, tanto desde el punto psicológico, sociológico como ético.

Es quimérico que un grupo mínimo de personas con un programa de actuación particular, común según sus conceptos, pretenda conducir la compleja y múltiple vida de una comunidad completa. Un grupo que decide y administra todo desde una única perspectiva, deviene oligarquía burocrática, que no solo legisla, sino que de hecho controla los medios de producción y los bienes de todo el pueblo. Se convierte así en una estructura monopólica, que por diversos modos, no siempre negociables ni mayoritariamente aceptados, consigue regimentar, dogmatizar, determinar, conducir, regir y constreñir a toda la sociedad.

Un partido es una organización política de sujetos que actúan en función de determinado programa ideológico y práctico que comparten, cumplen y defienden para lograr el acceso al poder y materializar sus presupuestos programáticos. Pero como se sabe, una sociedad es una multitudinaria comunidad de seres humanos que, si bien se vinculan por motivaciones cívicas para convivir en armonía, sus integrantes tienen distintas ideas, juicios, intereses y anhelos respecto a la realización de sus vidas. Tal diversidad de motivaciones hace imprescindible algún elemento de concertación y consenso para que la sociedad funcione sin conflictos antagónicos.

No obstante, si estamos de acuerdo en que la sociedad es compleja y diversa, es inadmisible pensar que un grupo humano, organizado en torno a una perspectiva que los aglutina pero que no puede incluir la amplia gama de ideas y aspiraciones de la totalidad de sujetos de una colectividad, pueda representar, orientar, dirigir y hacer funcionar toda la versatilidad económica, social y ética. Además, téngase en cuenta que los miembros de un partido son una ínfima minoría en comparación con toda la población a la que intentan representar.

Si además ese partido se concibe como entidad organizativa y decisoria por encima del Estado y el gobierno a partir de una disposición en la Constitución —como es el caso cubano— entonces se convierte en una supra-entidad político-social por encima de todas las demás variantes de pensamiento y praxis vitales, lo cual conduce a una contradicción insoluble.

Tengamos en cuenta que primero el Estado cubano se describe en la Carta Magna como «un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible…». Fijémonos bien en las cualidades conque es caracterizado –el  subrayado es nuestro.

Sin embargo, luego el Estado, que se ha definido como de amplitud inclusiva a todos sus ciudadanos, es supeditado a un Partido único, martiano, fidelista, marxista y leninista como fuerza política dirigente superior. ¿Cómo puede dirigir y representar a todos un grupo político exclusivo, con una plataforma muy específica donde no caben otras formas ideológicas, filosóficas, religiosas y sociales? ¿De qué forma pueden proyectar y realizar sus vidas los que no se ajustan a esas ideas y normas? ¿Qué participación alcanzan a tener en las decisiones que competen a sus aspiraciones quienes no se acogen o refutan a un partido comunista, lo cual es algo normal en una sociedad que por naturaleza es un conglomerado humano abierto y heterogéneo?  

Esta fundamentación convierte al partido, de palabra y de obra, en un poder absolutista, especie de monarquía partidaria. Dicho absolutismo impone una forma (su forma) de administración de los intereses ciudadanos y, por tanto, condiciona y limita las ideas, proyectos y empeños de aquellos que no comparten similares principios.

Tal restricción condiciona la posibilidad real de aportación de los distintos sujetos en los asuntos políticos, y eso empobrece cuantitativa y cualitativamente el caudal de contribuciones intelectuales y prácticas que desde la más amplia perspectiva podrían generarse y, por ende, reduce las alternativas de realización. De igual modo, limita el libre flujo de ideas, coartando el lógico desarrollo del pensamiento socio-político y, consecuentemente, originando un sustrato psicológico y ético de estancamiento, confusión y malestar.

Asimismo, al provenir todas las decisiones y acciones desde un núcleo de poder bajo una misma perspectiva de intereses, se potencia una condición de supremacía sobre el resto de los sujetos que, al carecer de vías para refutar o contravenir a los empoderados, se ve forzado a actuar contra sus propias ideas y principios, lo cual engendra un clima de resentimiento y descontento.

Paralelamente, la imposibilidad de que los sujetos excluidos puedan incidir en decisiones y posturas desacertadas para promover otras iniciativas más atinadas, abre las puertas a errores y excesos, pues los que legislan y los que controlan lo legislado actúan desde iguales perspectivas y estrategias.

Es inoperante en una sociedad que un mismo sector social sea juez y parte. Para que la política alcance un real provecho social, un auténtico desarrollo ético y una eficacia práctica, debe haber una contrapartida que desde otros enfoques esté atenta y vele por que no se violen los principios y propósitos que garantizan igualdad y libertad a toda la sociedad, y no solo a aquellos que coincidan en un mismo programa político.

Considero que es algo sobre lo que debe reflexionar y actuar la sociedad cubana, ampliando las posibilidades a la existencia de otros partidos. Con esto no abogo por una farándula de politiqueros arribistas y corruptos. Hablo de la posibilidad de consentir y legalizar grupos que presenten alternativas políticas serias y fundamentadas para el desarrollo más eficiente y benéfico de la vida nacional.

Se podría constituir un multipartidismo orgánico, positivo y provechoso si se establece desde fundamentaciones debidamente comprometidas con la soberanía, la dignidad y el progreso real de toda la nación. Pienso que lo necesario es legislar esta posibilidad con la más estricta y fundamentada concepción de sus posibilidades y límites.

Ello podría realizarse a partir de una Constitución, como estatuto por sobre el cual ninguna otra ley o institución prevalezca, ideada desde una naturaleza sólidamente democrática, inclusiva y rigurosamente respetuosa de los derechos de todos los seres humanos a quienes rige. La misma regularía que los partidos únicamente tengan como objeto la activa y apropiada participación política de los ciudadanos en el mejor gobierno de sus asuntos y, además, prohibiría absolutamente cualquier grupo cuya plataforma atente contra la soberanía del país o postule principios contrarios a la dignidad humana, como el racismo, el fascismo o cualquier otra forma de exclusión o discriminación humanas.

La variedad, complejidad, dinámica evolutiva y amplitud de miras de la sociedad humana, demandan estructuras de organización y autodirección más abiertas, inclusivas y tolerantes.