Los fundadores del socialismo marxista lo concebían como un sistema caracterizado por el predominio de la propiedad social sobre los medios de producción en correspondencia con un alto grado de socialización del proceso de producción. Para ello confiaban en el carácter revolucionario de la clase obrera en su enfrentamiento con las fuerzas del capital y el sistema emergido de la revolución proletaria sería uno en el que esa clase detentaría el poder a través de una dictadura del proletariado como paso previo a la supresión de las clases sociales e incluso del Estado. Sin embargo, estas ideas no han sido ratificadas por el devenir histórico, ni del capitalismo, ni del llamado «socialismo real».

En este último sistema, establecido a partir de la revolución bolchevique de 1917, lejos de suprimirse, el Estado se fortaleció a partir de un régimen totalitario en el que la «dictadura del proletariado» ha sido asumida como dictadura de la burocracia, emergida como nueva clase dirigente, no propietaria de los medios de producción, pero usufructuaria de su control absoluto, excluyendo a la clase obrera y a la sociedad toda de la posibilidad de ejercer sus derechos como supuestos propietarios colectivos.

El régimen bolchevique y la «Oposición Obrera»

Desde los primeros años del régimen soviético, afloraron contradicciones entre la dirigencia del Partido y lo que entonces se llamó la «Oposición Obrera», que reclamaba el control de la producción por parte de los sindicatos de trabajadores, en contra de la labor administrativa impuesta por el núcleo dirigente del país. Ya en 1919, el principal líder de esta corriente, Alexander Shliápnikov, publicó en Izvestia, cuando todavía era posible hacerlo, una crítica a la política laboral del gobierno de Lenin. Aunque derrotados en el IX Congreso del Partido efectuado entre marzo y abril de 1920, esta facción continuó su denuncia del control burocrático de la economía y su reclamo del control directo de la producción industrial por parte de los trabajadores.

En respuesta, Lenin los calificó de «anarco-sindicalistas». Su visión del papel de los sindicatos era que estos debían convertirse en «correas transmisoras» de la labor del partido, mientras la «Oposición Obrera» buscaba la independencia de esas organizaciones respecto a las estructuras partidarias, de forma tal que mantuvieran su misión de defender los intereses de los trabajadores, en tanto que clase social que supuestamente ejercía una dictadura sobre los vestigios de las clases burguesas y terratenientes, suprimidas por la revolución.

Sin embargo, en el crucial X Congreso del Partido bolchevique, efectuado entre el 8 y el 16 de marzo de 1921, se puso fin a cualquier tipo de posibilidad democrática de disenso dentro del sistema soviético al prohibirse las facciones internas y se ratificó la ilegalización de todos los partidos y movimientos socialistas no bolcheviques. La reclamada «unidad» no sería lograda mediante el consenso de fuerzas revolucionarias y progresistas, sino como resultado de la imposición de una férrea disciplina desde el centro de poder, en el que, curiosamente, muy pocos eran líderes provenientes de la clase obrera.

La «Oposición Obrera» fue desarticulada y posteriormente la mayor parte de sus líderes perecieron como resultado de las condenas a muerte decididas en los falsos juicios durante las purgas políticas de 1936-1938, que cobró la vida de gran parte del liderazgo histórico bolchevique, con el objetivo de reforzar el poder autoritario y autocrático de Stalin.

El movimiento obrero ruso, que se concentraba en las escasas zonas industriales de las grandes ciudades y las cuencas mineras, fue abortado en su desarrollo por la burocracia partidista y convertido en un apéndice del partido en el control absoluto de su dirigencia sobre toda la sociedad soviética. En tal sentido, la clase obrera careció de muchos de los derechos que fueron conquistados por los movimientos obreros de diversos países capitalistas desarrollados, como resultado de sus luchas sociales. La represión del régimen zarista fue reemplazada por otra —incluso más despiadada— ejercida por el poder supuestamente socialista contra cualquier oposición, calificada como contrarrevolucionaria por la propaganda oficial, aunque en realidad proviniera de revolucionarios probados en el fragor de la lucha contra el zarismo.

El sistema heredado del stalinismo limitó a las clases trabajadoras a un papel pasivo desde el punto de vista político, pero incluso incapaz de pugnar por demandas económicas conducentes a un mejoramiento de su bienestar. En efecto, cualquier reclamación contra el poder ha sido considerada contrarrevolucionaria por este y han sido utilizados diversos mecanismos para reprimirla.

Por esa razón, cuando en mayo de 1962, los trabajadores de la planta de construcción de locomotoras «S. M. Budionny» en Novocherkask declararon una huelga para protestar por los aumentos de los planes de producción y de los precios de la carne y los productos lácteos y tomaron las instalaciones del comité territorial del Partido, ante la negativa de su dirigencia a atender los reclamos populares, fuerzas del Comité Estatal de Seguridad (KGB) y del Ejército decidieron abrir fuego contra los manifestantes, causando la muerte a 26 personas y heridas a 87. Los muertos fueron enterrados en secreto por el KGB y se prohibió expresamente a la población de la ciudad hablar de los acontecimientos hasta que en 1992, desaparecido el régimen soviético, estos eventos se hicieron públicos. El régimen de un Estado supuestamente de obreros y campesinos había disparado contra una protesta de obreros.

Solo durante la «Perestroika» liderada por Mijaíl Gorbachov se intentó que los trabajadores de las empresas estatales tuvieran un protagonismo efectivo en el proceso de planificación e incluso en la elección de los directores y la conformación de los cuerpos directivos de las mismas, pero el fracaso de estas reformas condujo al derrumbe del socialismo real en el país que lo inició y a su transformación en un capitalismo oligárquico como sostén de un nuevo régimen autoritario y autocrático de fuerte connotación imperialista.

Protestas obreras y represión en el «socialismo real»

A lo largo del casi medio siglo de existencia del «socialismo real» en Europa Oriental se sucedieron diversos acontecimientos en los que las fuerzas de seguridad junto a tropas del ejército o incluso el ejército soviético acantonado en dichos países arremetieron contra protestas obreras o de la ciudadanía.

En junio de 1953 estallaron protestas en Berlín Oriental contra la decisión de los gobernantes de elevar las normas de producción industrial, los impuestos y los precios. Las demandas económicas se transformaron en políticas cuando se produjeron llamados a la libertad, la democracia y el fin de la presencia soviética en el país. Las protestas fueron reprimidas por las tropas soviéticas de ocupación y las fuerzas del ministerio de Seguridad del Estado (Stasi) con varias decenas de muertos y más de mil heridos, según diversas fuentes.

En junio de 1956, la decisión del gobierno polaco de elevar precios de bienes básicos y los planes de producción produjo huelgas y protestas obreras en la planta metalúrgica «Cegielski» de Poznán, que fueron reprimidas por el ejército y las fuerzas de seguridad polacas, ocasionando la muerte de 74 personas, según el reporte oficial de víctimas, pero ello condujo a cambios en la dirección política del país, la reversión de las medidas gubernamentales que desencadenaron las protestas y el inicio de un debate político en el país sobre la necesidad de adoptar un «camino polaco al socialismo».

Sin embargo, estas protestas serían recurrentes en Polonia en 1970 (Gdansk, Gdynia, Szcezcin y Elblag; 1971 en Łodz; 1976 en Varsovia, Płoc y Radon y finalmente en 1980-1981 en Gdansk, Lublin y se extendieron por varias ciudades. En todos los casos, fueron causadas por subidas en los precios de los bienes básicos y la elevación de las normas de producción y derivaron hacia reclamos políticos centrados en la defensa de las libertades civiles y la democracia, así como en la plena independencia del país, limitada por la tutela soviética. En todos los casos -excepto los de las textileras de Łodz en donde se produjeron expulsiones- fueron reprimidas por las fuerzas armadas y/o de seguridad, con pérdidas de vidas humanas, heridos y detenciones.

Todas, salvo las protestas de Gdansk de los años ochenta, fueron espontáneas, sin una organización y liderazgo definidos. En 1956 las protestas de Poznán llevaron al poder a Władisław Gomułka, líder comunista represaliado en las purgas stalinistas; las de 1970 motivaron su sustitución por Edward Giérek, dirigente comunista que había sido minero en su juventud; en 1980 este sería relevado a su vez por Stanislaw Kania, quien no satisfizo las exigencias soviéticas de mano dura y fue reemplazado en 1981 por el general Wojciech Jaruzelski con la imposición de la Ley Marcial.

En todos los casos fueron protestas obreras en las que se vincularon también otros estamentos de las sociedades respectivas y en ellos los supuestos gobiernos de obreros y campesinos reprimían a los trabajadores por legítimas demandas, muy parecidas a las que han ocurrido en países capitalistas, con la diferencia de que mientras en estos las luchas de las fuerzas progresistas han permitido la legalización de las protestas sociales, el derecho a la libre asociación y a la huelga, en los países del llamado «socialismo real» estos derechos no son permitidos y su ejercicio ha conducido a diversas formas de represión.

La crisis actual en Cuba y la situación de los trabajadores

En la Cuba republicana el movimiento obrero fue protagonista de una intensa lucha por sus derechos que llevó a varias reformas en diversos gobiernos que mejoraron las condiciones laborales.

De hecho, la Constitución de 1940 disponía de un título específico, el VI, dedicado al trabajo y la propiedad. En su articulado se reconocieron el derecho al trabajo; el salario mínimo; la igualdad salarial para trabajos iguales; el derecho de asociación libre de empresarios y patronos; a la huelga y el paro; a la jubilación y las pensiones; se establecieron los seguros sociales como «derecho irrenunciable e imprescindible» de los trabajadores con el concurso equitativo del Estado, los empresarios y los trabajadores, a fin de protegerlos de la invalidez, la vejez, el desempleo y otras contingencias relacionadas con el trabajo; se declaró obligatoria la existencia de seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a expensas exclusivamente de los empresarios y bajo la fiscalización del Estado; se ratificó la jornada de trabajo máxima de ocho horas diarias y una jornada semanal de 44 horas, equivalentes a 48 en el salario; aunque se exceptuaban las industrias que por su naturaleza debían realizar su producción de forma ininterrumpida en determinadas épocas del año. De igual forma, se reconoció el derecho al descanso retribuido de un mes por cada once de trabajo en un año natural.

La Constitución de 2019, por su parte, aborda estos temas dentro del Título II dedicado a los fundamentos económicos. En él se reafirma el carácter socialista de la economía, basado en la «propiedad de todo el pueblo» sobre los medios de producción fundamentales como forma de propiedad principal y la «dirección planificada de la economía»; menciona la participación de los trabajadores en los procesos de planificación regulación, gestión y control en la economía, sin que hasta el momento esto haya sido una realidad palpable; reconoce diversas formas de propiedad, destacando la «socialista» como fundamental; y define el trabajo como un valor primordial de la sociedad, un derecho y un deber social. Las cuestiones más específicas del régimen de trabajo que en la constitución de 1940 se definían por la ley fundamental, en el «socialismo real» cubano son reguladas por una norma de menor nivel, el Código de Trabajo.

En este último instrumento jurídico, se reconoce a los trabajadores el derecho de «asociarse voluntariamente» y constituir organizaciones sindicales «de conformidad con los principios unitarios fundacionales», lo que en términos reales significa no tener derecho a asociarse libremente en sindicatos u organizaciones profesionales. Obviamente, tampoco se reconoce el derecho a la huelga. En ambos aspectos el régimen laboral del «socialismo real» en Cuba ha retrocedido frente a las conquistas refrendadas por la Constitución de 1940 que caracterizó al capitalismo liberal cubano de la Segunda República.

En los últimos años, la situación social de los trabajadores cubanos se deterioró notablemente en la medida que se ha profundizado la crisis económica.

A diferencia de algunos países latinoamericanos, en Cuba no ha existido un mecanismo de indexación anual de salarios y pensiones ajustados a la inflación, sino se han modificado solo en momentos de reformas generales de estos sistemas o por normas jurídicas esporádicas para determinados grupos de trabajadores. En consecuencia, los ingresos de los trabajadores se han relegado notablemente respecto al costo de la vida. Esto se hizo particularmente visible a partir del llamado Período Especial, cuando la distribución normada de productos a precios fijos subsidiados por el Estado, que no guardaban relación alguna con las condiciones del mercado ni con los costos relativos a nivel internacional, no alcanzó para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de supervivencia de la población. Los precios de muchos bienes y servicios ofrecidos en los mercados subterráneos o en los mercados agrícolas o artesanales autorizados en diversas etapas en los últimos treinta años, han crecido mucho más que los ingresos por el trabajo o las pensiones.

Hasta los años noventa, en Cuba no se ofrecían datos sobre inflación y por ello no era posible calcular el comportamiento del ingreso real de los trabajadores cubanos. Hasta la aparición de los mercados paralelos estatales en los años setenta, en los que se vendían bienes de consumo a precios considerablemente más elevados que los que regían en la distribución de los productos normados, los precios mantuvieron un alto grado de estabilidad, lo cual solo era posible en una economía desconectada de los mercados mundiales y subsidiada por su principal socio político y económico de entonces, la Unión Soviética.

Sin embargo, tras el derrumbe del sistema socialista mundial y debido a la grave crisis que afectó a la economía cubana, comenzó un notable deterioro del nivel de vida de la sociedad que ha llegado a niveles superlativos en los tiempos presentes, porque a la ya crónica existencia, caracterizada por condiciones de supervivencia en términos de consumo, se ha unido una crisis de sostenibilidad de los principales servicios sociales que durante varias décadas fueron los pilares sociales del sistema.

La estadística cubana no incluye la información de los mercados informales —en su mayor parte dolarizados— en los que la población adquiere una parte considerable de los bienes y servicios que consume, por lo que puede asumirse con certeza que las cifras oficiales de inflación se encuentran infravaloradas. No obstante, incluso según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de los últimos años muestran un evidente deterioro del ingreso real. Mientras el salario medio tuvo un incremento acumulado de 19,8% entre 2021 y 2023, el nivel de precios lo hizo 70,4%. Análisis recientes del colega Omar Everleny Pérez muestran que el costo de una canasta básica de alimentos supera considerablemente el ingreso promedio de las familias cubanas. Sin embargo, el deterioro de la situación de los trabajadores cubanos no es solo una cuestión de ingresos.

Una gran parte de las familias cubanas vive en condiciones de precariedad en la satisfacción de las necesidades básicas cotidianas, sufriendo verdaderas odiseas diarias para asegurar la simple subsistencia. La situación es especialmente grave en los casos de las personas jubiladas, especialmente quienes carecen de familias que les apoyen.

Mientras tanto, a pesar de los sucesivos descalabros de la gestión gubernamental en el manejo de la política económica, los principales dirigentes del país, incapaces de asumir el riesgo que representan los cambios económicos, políticos e institucionales que este necesita, se mantienen anclados en consignas fracasadas y apelaciones a la confianza de la sociedad en general y de los trabajadores en particular, aunque carecen de una estrategia consistente y creíble para superar la crisis, ni están dispuestos a un debate político nacional incluyente.

Desde sus orígenes, el «socialismo realmente existente» no ha sido capaz de garantizar la emancipación de las clases trabajadoras respecto al capital, ni de superar su enajenación respecto a los medios de producción. Esa es también la realidad cubana, muy distante de las aspiraciones de una sociedad que hace más de sesenta años puso sus esperanzas en una revolución que no propugnaba la instauración de un régimen totalitario sino el regreso de la democracia y las libertades y la reconstrucción de una república basada en la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Esas aspiraciones aún siguen sin cumplirse.

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Imagen principal: Campesinos y trabajadores, de Marcelo Pogolotti.