Acoso judicial contra una académica en Cuba

La filósofa e historiadora cubana Alina López Hernández es una de las voces más reconocibles de la crítica intelectual en la isla. Doctora en Ciencias Filosóficas por la Universidad Central de Las Villas, ha sido investigadora y profesora en diversas instituciones de la ciudad de Matanzas, donde reside, y es Miembro de la Academia de Historia de Cuba.

López Hernández se ha especializado en la historia intelectual y política de Cuba en la primera mitad del siglo XX. Su libro Segundas lecturas: intelectualidad, política y cultura en la república burguesa (2014) fue premiado por el Instituto Cubano del Libro por ser una investigación que destaca la capacidad de resistencia al poder entre escritores, artistas y académicos del periodo anterior a la Revolución Cubana de 1959.

Como los personajes de su estudio (Fernando Ortiz, Antonio Guiteras, Rubén Martínez Villena, Raúl Roa, Juan Marinello, Jorge Mañach…), López Hernández se ha involucrado en su presente y ha levantado la voz contra los abusos de la burocracia y la policía política en su permanente intento de control de la comunidad cultural de la isla y sus vínculos con la ciudadanía.

Desde las páginas de La Joven Cuba, publicación que dirigió en los últimos años, López Hernández cuestionó la política económica sintetizada en la “Tarea Ordenamiento” de Díaz-Canel, que ha agudizado la crisis económica en la isla. También se opuso a la lógica represiva con que el Ministerio de Cultura y la Seguridad del Estado enfrentaron las protestas de los jóvenes artistas en contra del hostigamiento del Movimiento San Isidro, a fines de 2020, y el estallido social del verano de 2021.

Su salida de la dirección de La Joven Cuba está relacionada con aquellas presiones del poder. Pero en el último año, la hostilidad oficial contra la académica ha pasado al plano judicial. Las detenciones de artistas, periodistas o intelectuales que cuestionan públicamente el sistema político cubano son rutinarias en la isla. Una de ellas fue la del escritor Jorge Fernández Era, en abril de 2023.

La profesora López Hernández realizó una protesta de solidaridad contra la detención de Fernández Era, portando un papel que decía Libertad en el parque de Matanzas. A partir de entonces, ella también comenzaría a ser reiteradamente detenida por la Seguridad del Estado. En esas detenciones arbitrarias, la académica era sometida a interrogatorios en los que fue delineándose la causa de la Fiscalía en su contra.

López Hernández llegó a conocer de la causa, cuando solicitó su pasaporte, para asistir a un evento académico fuera de la isla. Se le dijo que estaba “regulada” por la comisión de ciertos delitos. El cargo que finalmente le levantó la Fiscalía es de “desobediencia”, por el cual la profesora debería recibir el castigo de reclusión domiciliaria o pagar una multa.

La académica se negó a pagar la multa, por lo que ha sido citada a un juicio oral sumario el próximo 16 de noviembre en Matanzas. En dicho procesamiento sumario, esta intelectual, que se dedica a investigar y a escribir sobre el pasado y el presente de Cuba, podría ser condenada a varios años de prisión.

Si eso llegase a suceder se habrá llegado a la injusticia mayor, después de una perversa sucesión de injusticias menores. Han sido injustas todas las descalificaciones mediáticas contra esta intelectual en medios oficiales, las detenciones arbitrarias, la prohibición de salida del país y, finalmente, el propio encausamiento por desobediencia.

Toda impunidad, especialmente en estados de derecho tan desgastados como los latinoamericanos, se basa, no en el desconocimiento de la ley sino en su aplicación discrecional y arbitraria. En Cuba, esa crisis bastante generalizada en la región, se agrava por las inercias totalitarias de la propia ley y por la persistencia de hábitos represivos, muy arraigados en el poder, a todos los niveles del gobierno.

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Este texto fue publicado originalmente en el periódico mexicano La Razón y reproducido aquí con la autorización de su autor.