Afrodescendencia es un concepto que, en términos políticos, nace como resultado de las luchas del movimiento negro en América Latina. Se identifica con los movimientos sociales que emergen a partir del año 1992, durante el V Centenario del Choque entre Culturas que inició la colonización de Abbya Yala o América Latina y luego dio paso a la esclavización de africanos en el Caribe y las Américas.

La mayoría de los descendientes de esos esclavizados, más allá de su color de piel, han librado grandes batallas por la visibilidad y dignificación de su condición humana, pues sobrevivieron como no-personas durante siglos. Incluso, en varios de los procesos de independencia en la región no se les otorgó la condición de ciudadanos, aun cuando su aporte a los mismos sería clave para alcanzar las variantes republicanas que configuran nuestras sociedades.

Desde el primer tercio del siglo XX, Gilberto Freyre, Fernando Ortiz, Raimundo Nina Rodríguez, Arturo Alfonso Schomburg, Gonzalo Aguirre Beltrán, entre otros, usaron los términos afrocubano, afrobrasileiro, afrocolombiano o afromexicano, como definiciones antropológicas que identifican el legado de los africanos y sus descendencias en este lado del mundo. Los movimientos panafricanistas, vanguardistas, anticoloniales y afrodiaspóricos marcaron el siglo XX, aunque el pensamiento colonial, eurocéntrico, supremacista e imperialista siempre ha reaccionado con todas sus fuerzas (la ciencia, la religión, la ley) con el fin de invisibilizar este legado y a sus herederos. Así nace el universo afrolatinoamericano, como un acto de reivindicación política y cultural, celebrando el rostro africano de nuestra realidad continental.

Evadir las raíces y frutos de lo afro permanece como práctica cultural, política y económica; pero sin el componente afro es imposible hacer una historia rigurosa de la región, o hablar de identidad, racialidad, religiosidad u otros campos —como el de la música, la culinaria, la danza, las lenguas, etc.—, ni atravesar los conflictos cotidianos del siglo XXI.

El racismo anti-negro es una de las prácticas culturales más extendidas en el mundo y se sustenta en estructuras invisibles de exclusión, sometimiento y explotación de larga data. La acumulación del capital generado por la mano de obra barata de los africanos esclavizados y sus descendientes construyó un modelo de desarrollo y opresión que aún no acaba. Es tan sofisticado, que a veces cuesta identificar los ejercicios de opresión racial, patriarcal y capitalista ejercidos cotidianamente en nuestros países. Por esta razón, la afrodescendencia también se convirtió en un movimiento de políticas y estrategias antirracistas que luchan por reducir el racismo y otras discriminaciones a su mínima expresión.

Nuestros movimientos antirracistas pasaron por etapas de reconocimiento, organización, vindicación, legalización, acciones afirmativas, onegización (de ONG), clientelismo político, representación parlamentaria, inserción en los gobiernos, etc. Aunque muy pocos niegan la condición estructural de los racismos, no se han concebido políticas públicas inclusivas y emancipatorias para este grupo social.

La fuerza de los movimientos negros latinoamericanos consiguió que Naciones Unidas dedicara declarara el 2011 como Año internacional Afrodescendiente. Luego, esa misma presión logró instaurar un Decenio Internacional Afrodescendiente (2014-24) que solo generó una plataforma crítica para sus demandas históricas. A punto de concluir, dicho Decenio no produjo estrategias de colaboración y empoderamiento entre la población negra.

Lo afro está de moda, crecen sus usos culturalista, colonial y extractivista, y generan miles de millones de dólares que no se destinan a los problemas de las comunidades vulnerables de la región, en su mayoría negras. Muchos «aliados» encuentran aquí un próspero negocio, gracias al poco dominio de fondos y mecanismos financieros por parte de los verdaderos afectados y del desconocimiento de su propia tradición.

El antirracismo negro visibilizó una esfera pública donde sujetos y organizaciones concientizan y activan un proceso político-identitario que denuncia la precariedad como grupo social y forja nuevos modos de representación, participación y luchas contra la opresión racial, patriarcal y de clase. Sin embargo, alerto a figuras y organizaciones negras que, luego del Decenio, debemos replantear conceptos y prácticas socio-políticas ante los retos de la globalización, el neoliberalismo, la tecnología, los fundamentalismos y los constitucionalismos en la región.

Viejos y nuevos desafíos acosan a la afrodescendencia que, a pesar de ser un término de moda y reproducir ciertas estrategias neoliberales del momento en que surgió, se tornó un discurso de conciencia antirracista y plataforma socialmente responsable. Ellos incorporan las demandas del activismo antirracista y otros discursos antidiscriminatorios,  así como reclama e interactúa con las responsabilidades que deben asumir los estados y gobiernos.

Esperamos que el Programa Nacional contra la Discriminación y el Racismo en Cuba, nacido en noviembre del 2019, socialice su estrategia y consiga reducir, tanto los silencios intermitentes sobre el tema, como las brechas raciales y prácticas racistas incrementadas en las últimas décadas, lo mismo en el sector privado que estatal. Aunque dicho Programa no se define como institución o instancia jurídica en función de demandas antirracistas, ni muestra hasta ahora autoridad para desarrollar leyes y acciones prácticas antirracistas, ha generado cierta expectativa entre la afrodescendencia de la Isla tras una larga ausencia de política racial.

La mayoría de los gobiernos de la región, cumpliendo con varios tratados internacionales, vienen articulando leyes, estructuras gubernamentales y políticas estatales para desmontar y reducir las prácticas racistas. Países como Uruguay, Colombia, Brasil, Panamá, México y Honduras, por ejemplo, ejercen estrategias asertivas que involucran activistas antirracistas,  poblaciones negras y otras organizaciones de la sociedad civil.

En Cuba se trata de reconocer la sociedad civil «no autorizada»: organizaciones con intereses ciudadanos desde agendas no gubernamentales,  obviando la verticalidad partidista que define la llamada sociedad civil socialista. Ellas incluyen demandas insuficientemente asumidas por el gobierno sobre temas como: racismo, feminismo, homofobia, violencia de género, maltrato animal, ambientalismo, etc. Si leyéramos mejor sus pronósticos y reclamos, alcanzaríamos a prever o resolver problemáticas que, en su evolución, producen daño social a mediano y largo plazos. Gracias a la presencia de una sociedad civil no autorizada, aunque legítima, las diversas formas de discriminación en Cuba se configuran como la mejor plataforma crítica y propositiva del país que viene. 

En Centro Habana, madrugada de agosto 31, 2023.

Foto: Miguel Rubiera Justiz