La autoridad policial en Cuba, ¿de amigos a enemigos?

Diez años atrás, mientras ayudaba a un amigo en su preparación para un examen de Ju Jutsu, me dijo: «Creo que voy a dejar la Brigada Especial». La confesión me extrañó. Le gustaba su trabajo, solía lucir con orgullo el uniforme y creía sinceramente que era útil a la sociedad. La respuesta posterior esclareció sus razones: «Cada vez nos adoctrinan más para salir a golpear sin preguntar. En algún momento va a pasar algo y nos mandaran a la calle a “moler inocentes”. No quiero estar ahí para entonces».

En estos días, por cuestiones de trámites migratorios, tuve que pasar cuatro horas sentado en una comisaría de policía en Madrid. Mientras observaba el comportamiento, atento y deferente, de los uniformados para con ilegales, posibles acusados y público en general, pensaba en mi amigo, en la manera de actuar de los policías en Cuba y en la pérdida de los conceptos básicos e inviolables que en algún momento tuvieron como fuerzas del orden.

¿En qué momento se dejó de creer en aquello de «¡Policía, policía! ¿Tú eres mi amigo?»? ¿Será que nunca lo fueron y cada generación rompía con ellos al crecer? ¿Habrá sido el 89 el parteaguas, agosto del 94, el 11J? O la ruptura venía desde antes y aquella campaña publicitaria de los ochenta intentaba recuperar su identificación con el pueblo.

Cada ser humano es ante todo un ciudadano con derechos

Para entender el funcionamiento de los órganos policiales en España en lo referido a su relación con la ciudadanía, era necesario entrevistar algún representante del cuerpo. En este país, como en Cuba, siempre alguien tiene un amigo que puede facilitar las cosas. Gracias a ello pude entablar, sentados en un café, una amena conversación con un oficial de vasta experiencia en el cargo y responsabilidades de dirección.

Al presentarme dije que escribía para un medio independiente, su réplica fue: «¿Y eso existe en Cuba?» Luego de explicar muy someramente la difícil situación de los medios no oficiales en mi país, mostré asombro ante los modos de actuación y la profesionalidad que había observado recientemente en la comisaría. Sus respuestas: «Cada ser humano es ante todo un ciudadano con derechos», «En muchos casos cuesta estar de acuerdo, pero mi función como policía no es juzgar, para eso están los jueces», resumen la conversación y constituyen la esencia de un estado de derecho.

(Fuente: Twitter de la Policía Nacional de España)

¿De dónde procede este razonamiento? ¿Será una actitud individual o recurrente dentro de la policía?, me cuestionaba internamente mientras él exponía cómo la ley española es tan respetuosa con los derechos ciudadanos y la presunción de inocencia, que en la práctica entorpece el trabajo policial poniéndolos en riesgo directo: «Los delitos se saldan, mayoritariamente, con multas o penas menores sin internamiento, mas los miembros del cuerpo no son políticos, no estamos para acomodar la ley, sino para hacerla cumplir».

Atrapados en azul

Mientras hablábamos del 11J, de la represión desatada por el Estado y las fuertes penas que están cumpliendo miles de cubanos, él me responde:

Aquí una agresión a un uniformado en muchos casos se salda con una multa de sesenta euros.  No siempre fue así, al principio de entrar al cuerpo, cuando aún había compañeros que venían de la época de la transición, o los últimos años del franquismo, sí que se pegaba si te ponías chulito con un policía. Pero hoy eso es muy raro que ocurra, sobre todo porque la mayoría de los policías tienen carreras universitarias y han crecido en una sociedad diferente.

En el caso español, quienes deseen ser miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) deben someterse a exigentes y rigurosos exámenes de oposición, que incluyen conocimientos de ciencias jurídicas, sociales, y materias técnico-científicas. Es requisito mínimo para presentarse, poseer el título de Bachiller, rendir un examen de ortografía y pasar test de personalidad, psico-técnicos, de idioma, etc. A esto debemos añadir las pruebas de preparación física. En la academia, se imparten asimismo las asignaturas Derecho Procesal, Derecho Penal y una serie de materias afines al trato directo y empático con la población.

El éxodo que desde hace varios años viene atravesando Cuba afecta varios parámetros y sectores de la sociedad, siendo uno de ellos la profesionalidad. En el contexto laboral, una definición aceptada de profesional se refiere a la persona que tiene una formación y experiencia adecuadas para ejercer una actividad específica, que se comporta de manera ética y responsable en su trabajo y que cuenta con herramientas físicas, manuales, intelectuales, etc. para desempeñar su profesión. 

Según convocatorias publicadas entre 2020 y 2023 en medios de prensa nacionales y provinciales cubanos, los requisitos para ser Educador Penal, Agente de Orden Público, Agente de Brigada Especial Nacional, Patrulla provincial, Técnico canino, entre otras, son: tener entre 18 y 35 años de edad, noveno grado vencido, haber pasado el Servicio Militar Activo, no poseer antecedentes penales, no mostrar tatuajes visibles en el cuerpo y estar apto física y mentalmente. Mientras que para ser chofer de Patrulla en la Motorizada, Oficial Operativo del DTI, Oficial Operativo de la CI, e Investigador Criminalista, sí es necesario tener el duodécimo grado.

En todos los casos mencionados, el tiempo de formación profesional es de apenas seis meses. Ello resulta contrastante con lo que acontecía al respecto en las últimas décadas del siglo XX. Si se consulta una convocatoria publicada en el diario Granma en julio de 1980, comprobaremos que la formación en la Academia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) tenía una duración de dos años. La misma duración explicitaba una convocatoria divulgada en Juventud Rebelde en marzo de 1990.

La formación en la Academia de la PNR de entonces se dividía en dos etapas: una básica, que se extendía por un año y estaba orientada a la preparación general de los policías. La misma incluía materias como Derecho, Criminología, Policía Científica, Tiro y Tácticas Policiales. Luego una segunda, también con duración de un año y encauzada a la formación de los agentes según su especialidad. Por ejemplo, los que iban a trabajar en la investigación criminal recibían una formación especializada en esa área.

¿Responden los escasos y poco exigentes requisitos actuales —paradójicamente  acompañados de incentivos adicionales, como salarios altos y estímulos de diversa índole—, solamente al hecho de que la pésima valoración del pueblo hacia el trabajo policial —ver gráfico acompañante— lleve a que no sea una opción para la mayoría? ¿O es fomentado por el gobierno, partiendo del principio de que es más fácil convencer mientras menor es el nivel de instrucción?     

(Fuente: Cubadata)

La pérdida de profesionalidad es un eslabón de suma importancia en la credibilidad del Estado, sobre todo en lo relativo a la administración de justicia. Los dos grandes momentos de rebeldía popular de la época republicana tuvieron en común —entre otros aspectos— el hecho de que, en un ambiente de incertidumbre total, la ruptura del pueblo con sus gobernantes fue un camino sin retorno cuando las fuerzas destinadas a servir y proteger comenzaron a ser percibidas como enemigos.

Si llega a ser apreciada como un sector homogéneo, donde la culpa se distribuye por igual, la autoridad deja de ser vista como ente compuesto por sujetos individuales y transmuta para la opinión pública en una masa deshumanizada. ¿Estamos en Cuba en ese momento? El siguiente gráfico sobre las cifras de percepción popular, tomado de una encuesta de Cubadata, arroja resultados lapidarios respecto a la política actual de justicia en la Isla.  

(Fuente: Cubadata)

El desplazamiento masivo de la auto-titulada dirigencia histórica de la Revolución hacia Santiago de Cuba, para el acto del 1ro. de enero pasado, es evidencia de que que la confianza de la ciudadanía en los dirigentes actuales ha debilitado su statu quo político. Las imágenes de Raúl Castro y Ramiro Valdés —ambos uniformados— junto a Machado Ventura, mientras sostienen la mano a Díaz-Canel es un intento —¿trasnochado?— de transferir la antigua fuerza de la simbología revolucionaria a la actual dirigencia.  

Raúl Castro y Ramiro Valdés —ambos uniformados— junto a Machado Ventura, mientras sostienen la mano a Díaz-Canel. (Foto: Cubadebate)

Desde la llegada de Internet los discursos han cambiado, informaciones de todo tipo circulan y desaparecen rápidamente. Hoy es imposible ocultar al público las condiciones de vida de los presos políticos, los oficiales de Seguridad del Estado a la puerta de las casas de los activistas, las golpizas de agentes de la PNR a personas detenidas, las detenciones ilegales, el uso ilegítimo de la ley como método intimidatorio, los celulares intervenidos, etc. Todo ello en un país donde los índices de violencia se han disparado exponencialmente.

El manto de protección, como revolucionarios ejemplares, que durante décadas fue usado por las fuerzas del orden para validar su actuación ante el pueblo, no los cubre ya. La degeneración de las instituciones y del propio proceso revolucionario, transitó hace tiempo del «si los jóvenes fallan, todo fallará» al «si las fuerzas armadas fallan, todo fallará».

El carácter represivo de las fuerzas del orden en Cuba dista mucho de considerar a cada ser humano, ante todo, como un ciudadano con derechos; pero hacia ese punto es obligado llegar si se quiere hacer de este país un estado de derecho.

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* Este texto ha sido escrito por Aries M. Cañellas Cabrera y Ernesto M. Cañellas Hernández.

** Imagen principal: Primer Informe.

Aries M. Cañellas Cabrera

Licenciado en Filosofía e Historia. Profesor e investigador.

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