Corrupción y crisis sistémica en Cuba
La corrupción es un gravísimo problema global. En Cuba tiene particularidades asociadas al modelo de matriz estalinista posterior a 1959 y es parte de la crisis sistémica actual. Constituye un tema tabú y su solución requerirá un nuevo proyecto de país.
Donde quiera que exista, la corrupción profundiza las desigualdades y la pobreza, ahuyenta la inversión y obstaculiza el desarrollo. Debilita los sistemas judiciales, el funcionamiento de las instituciones públicas, su eficacia y eficiencia; perjudica la democracia, la protección y ejercicio de derechos humanos, la gobernabilidad y estabilidad política de los Estados.
En Cuba urge aquilatarlo y desmontar manipulaciones, empezando por su lugar en el discurso oficial: «indisciplinas, ilegalidades, delitos y manifestaciones de corrupción», donde debe leerse al revés. Cierto que tiene múltiples aristas y ramificaciones en la base de la sociedad, pero se gesta, desplaza y reproduce desde arriba. Cuando el propio modelo social la propicia, penetra en el tejido social en forma de actitudes y hábitos nocivos, hasta dañar la psicología colectiva y derivar en una sociedad enferma.
Cinco precisiones
Corrupción es mucho más que las irregularidades ya referidas en el discurso oficial. Ella engloba:
Uso indebido que hace un funcionario de su autoridad cuando aprovecha las condiciones de su cargo, oportunidades y conexiones para beneficio personal, al margen de la ley y contra los mejores valores de sociales.
Generalmente supone empleo ilegítimo de información privilegiada; sobornos, tráfico de influencias, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, malversación, prevaricación, caciquismo, compadrazgo y cooptación.
Trasciende lo financiero y es interseccional, implica ilegalidades y acciones ocultas y atañe también a lo moral porque supone descomposición de valores, pérdida de integridad, traición de principios y compromisos.
Está ligado a la política nacional e internacional, afecta la credibilidad de los gobiernos y lesiona el prestigio de la clase dominante, así como las relaciones de poder.
Nadie es infalible, de ahí los estudios multidisciplinarios y esfuerzos globales para monitorearla y combatirla. Lo muestran la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003); el conjunto de Buenas Prácticas Anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la atención que le dispensan varias ONG nacionales y globales, en especial «Transparencia internacional».
La corrupción de la que no se habla en Cuba
Aun cuando los datos disponibles deban considerarse por debajo de la realidad en virtud de la habitual opacidad y falta de transparencia oficiales, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) —el más utilizado a nivel mundial— confirma en los últimos años la gravedad y tendencia al incremento del fenómeno en Cuba. Entre 2021 y 2022 el puntaje —nivel de corrupción del país— fue de 46 y 45 respectivamente, y el rango de 64 a 65.
No es algo nuevo. Han trascendido casos escandalosos con involucramiento de dirigentes de mediano y alto nivel, verdaderas redes desde los años ochenta. Más recientes son los casos inmobiliarios, de importación y en cadenas empresariales con EE.UU., negocios de tiendas online como Katapulk y SuperMarket23, por ejemplo.
También cuentan los negocios espurios y oscuros de GAESA, el nepotismo y la vida de lujos de familiares de dirigentes del más alto nivel; el financiamiento de negocios a través de entidades estatales, los de miembros de las familia de Fidel y Raúl Castro, del actual ministro de Economía, Alejandro Gil, de Alcona, la empresa del Comandante Guillermo García que gestionan sus descendientes, entre muchos otros.
De vez en cuando se lanzan campañas de lucha anticorrupción, como la del 2014 —con una tupida red a nivel social y del sector empresarial, con involucramiento de empresarios extranjeros e inversionistas, además del famoso Caso Tokmakjian ese mismo año— y luego en plena pandemia, en junio 2020.
La lucha contra las ilegalidades, delitos, etc., queda en niveles inferiores, coyunturales, eslabones sueltos aparentemente aislados y excepciones de la regla. Se evaden exámenes de fondo y se protege a los altos funcionarios que tienen sus propias cadenas corruptas y, en otros casos, están a la cabeza de aparentes casos aislados en las bases.
Algunas fuentes oficiales, aunque triunfalistas y abordando de modo marginal el tema, permiten ciertas inferencias. Ejemplo, el Informe de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República (CGR) al Parlamento (diciembre 2022) y su balance de marzo 2014 a septiembre 2022.
Supuestamente todos los objetivos y tareas se cumplieron en más del 90%, se ha elevado el rigor a las administraciones y la mayoría de los hechos de corrupción administrativa ocurrieron «en entidades de base». Sin embargo, más del 65% de las auditorías obtuvo resultado de Deficiente o Malo; se reconocieron 5 461 hechos de corrupción administrativa y se mantuvieron violaciones en la implementación del presupuesto, falta de control y no verificación del uso y destino de los recursos financieros.
¿Sin solución a la vista?
No sorprende el triunfalismo del gobierno respecto a la corrupción, eso también es continuidad. Se deshace en discursos demagógicos dentro y fuera de Cuba procurando una narrativa e imagen convenientes para ocultar la real gravedad del fenómeno.
Hace casi una década se decía que nada afectaba tanto el desarrollo del país como «la creciente ola de funcionarios corruptos a todos los niveles» y que la corrupción en Cuba era «un caso perdido». Tiempo después, la periodista independiente Rebeca Monzón aseveraba: «el país está en ruinas y así es muy difícil acabar con la corrupción… primero hay que acabar con el sistema… hay que hacer un nuevo país».
Y es cierto. El problema es sistémico y estructural, responsabilidad de la clase política en el poder que mantiene secuestrada la soberanía popular y está legando una sociedad opresiva y enferma. A analizar qué hacen los de arriba y los de abajo me referiré en otro texto. Dejo sentado ahora que la ciudadanía no está obligada a aceptarlo, es cuestión de decencia, civismo y patriotismo. Por eso el poder está cada vez más expuesto y se incrementan las denuncias junto a proyectos que intentan articular e incidir desde la base.
Definitivamente hay que implicarse. Es preciso cultivar responsabilidad cívica y desterrar apatías y conformismos. Como expresa Dariel Eriksson, director ejecutivo de Transparencia Internacional: «En contextos autoritarios donde el control recae en unos pocos, los movimientos sociales son el último control que queda sobre el poder. Es el poder colectivo en poder de la gente común de todos los ámbitos de la vida lo que finalmente generará responsabilidad».
La corrupción es un factor autodestructivo que empeorará con la crisis, es evidencia del colapso y la disfuncionalidad del modelo social que, en nombre de la Revolución, nos trajo hasta aquí. Constituye una herida sistemática, profunda y peligrosa para la existencia misma de la nación y, en consecuencia, es tema crucial para cualquier nuevo proyecto de país.
