El martes 2 de mayo de 1955, la Cámara del nuevo gobierno —proveniente de las amañadas elecciones de noviembre de 1954— ratificaba la Ley de Amnistía para los presos políticos en Cuba. Sería aprobada al día siguiente en el Senado y firmada el 6 de mayo por Batista. Se había impuesto la presión popular pese a la fuerte oposición, manipulaciones políticas de todos los bandos, airadas reacciones de los órganos represivos… A pesar de todo, y gracias a la destacada labor de la prensa, la voz de la ciudadanía tuvo que ser escuchada. Las voces de las madres, que no se habían cansado de clamar, unieron aquella sociedad alrededor de una causa común.

Desde las páginas de Bohemia, Carteles, Información y Prensa Libre, y con el apoyo de programas radiales, comenzó en marzo de 1955 una inteligente campaña para visibilizar  algo que fue asumido —desde casi todos los sectores— como primer paso en pro de la solución nacional. La reticencia que había tenido el gobierno cambió radicalmente ante el apoyo general. Batista, hábil políticamente, comprendía que su recién estrenado mandato  no contaba con respaldo mayoritario. Fruto del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, no se le reconocía al mismo un carácter democrático-constitucional, por lo que «ceder» ante el clamor de la amnistía contribuiría a sosegar el espíritu público y crear un clima de armonía ciudadana.

Los hechos

Luego del cuartelazo de 1952, la oposición al régimen tomó tantos matices como tendencias y posiciones políticas existían. Gran parte de ellas se decantó por un enfrentamiento a través de conspiraciones, formación de organizaciones de acción e intentos de oposición armada. Esta última tendencia alcanzó el clímax con los sucesos del Moncada.

Ya para 1955 había en las cárceles cubanas numerosos presos políticos. Ellos provenían de casi todos los sectores oposicionistas, por lo que la solicitud de amnistía comenzó a tomar fuerza en la discusión cívica de la Nación. Como antecedentes directos se encontraban tres leyes similares dictadas por Gerardo Machado —en 1927, 1931 y 1933— y el proceso de conciliación de 1938, que permitió el regreso de todos los ex machadistas exilados con vistas a las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1940.

Muchos líderes políticos, tanto del gobierno como de la oposición, se habían beneficiado en su momento de algunas de ellas. Por lo que se aceptaba como una verdad  que, incluso en dictadura militar, era posible establecer un diálogo al respecto. Como expresara el líder ortodoxo Raúl Chibás a la revista Bohemia de 27 de marzo de 1955: «Inmediatamente después de cada conmoción política y como paso previo a todo intento de serenar las pasiones, se dictó siempre una ley de amnistía».

La posición oficial de no reconocimiento a la existencia de presos políticos, que se mantuvo durante 1952 y parte del 53, tuvo que modificarse ante la sucesión de asonadas e intentos de levantamientos, como los sucesos del Domingo de Resurrección y los del Country Club, entre otros que vinieron a sumar, a los hechos del 26 de julio, un número cada vez mayor de detenidos.

El gobierno

Al asumir el gobierno, el 24 de febrero de 1955, Batista comprendía la necesidad de un gesto que sustentara el demagógico discurso de democracia y respeto constitucional en que había basado su campaña, pero que hasta el momento no había convencido a nadie. Basta leer la prensa de la época para constatar que se les seguía tildando, en artículos de opinión y entrevistas a líderes opositores, de «camarilla golpista». 

La revista Bohemia correspondiente al 27 al marzo de 1955, reproducía una «Carta sobre la amnistía» rubricada por el preso político Fidel Castro. En ella se denunciaba: «“La mejor prueba de que no existe dictadura es que no hay presos políticos", dijeron durante muchos meses; hoy que la cárcel y el exilio están repletos no pueden, pues, decir que vivimos en un régimen Democrático-Constitucional. Sus propias palabras los condenan» (p. 63).

Cuando el 28 de enero del mismo año el senador «auténtico» Arturo Hernández Tellaeche  presentara su propuesta de Ley de Amnistía, y casi al mismo tiempo el representante Juan Amador Rodríguez lo hiciera en la Cámara, el debate, que ya tenía carácter nacional y cívico, se torna oficial. Esto obligó a las fuerzas políticas integradas a la «legalidad del régimen» a asumir posiciones que, en los inicios, resultaron intentos de juegos políticos de las distintas facciones que intentaban obtener ventajas a cambio de apoyar la propuesta.

No obstante, la ya mencionada cobertura de prensa mostró que la posición popular era de respaldo total a una amnistía sin restricciones, que incluyese tanto a los moncadistas como a los ex militares presos por oponerse al golpe de Estado, cubriendo así todo el espectro político nacional. Desde las páginas de Bohemia, los presidentes de muchos colegios profesionales y organizaciones sociales o de recreo, la FEU, etc., posicionaron la opinión de que la amnistía era el camino para la conciliación nacional y que el gobierno, al no aprobarla, demostraría al mundo que «los presos políticos eran usados como rehenes para futuras negociaciones» y que «dejar que los presos injustamente se pudran en las cárceles» evidenciaría, sin lugar a dudas, que no deseaban entendimiento ni reconciliación, justificando con sus actos la voz popular que los acusaba de dictadura.

El periodista Mario Rivadulla, en su artículo «Un paso hacia la paz…», publicado en Bohemia el 3 de abril de 1955, argumentaba:

«Hoy no hay un solo cubano que crea sinceramente que el país puede volver a la normalidad mientras las prisiones se encuentren atestadas de presos políticos y queden pendientes largas condenas de 8, 10 y 15 años. Aun los más recalcitrantes partidarios del régimen de Fulgencio Batista comprenden esta realidad, aunque no se atrevan a plantearla sino en forma muy tibia, condicionándola a un ambiente de normalidad que resulta totalmente ilusorio mientras las pesadas rejas del cautiverio no se abran para esos hombres. Y es que este asunto de la amnistía no puede mirarse a través del reducido prisma sectario, como un argumento para situarse políticamente u obtener ventajas y posiciones avanzadas como si se estuviera en un campo de batalla pendiente de los movimientos del adversario».

Como parte del debate, los partidarios del régimen trataron de sustentar la idea de que la Ley llegaría por «cauces naturales, y nunca por medio de presiones al gobierno», y de que «La política de fuerza se estrellará contra el derecho del gobierno a defenderse. De aprobarse, los beneficiados deberán jurar que no volverán a realizar acciones contra el gobierno».

Aunque en época diferente, similar tesis fue esgrimida hace pocos días en La Joven Cuba al valorar una carta entregada por familiares de presos políticos del 11j que solicitó a la Asamblea Nacional del Poder Popular la aprobación de una Ley de Amnistía. Según la opinión editorial del referido medio: «(…) esta carta de los familiares, en vez de usar argumentos que podrían convencer al gobierno de la conveniencia de amnistiar a los presos, prefirió apostar por un discurso político acusatorio que en algunos momentos se torna impreciso. Este no es el mejor modo de negociar una amnistía».

Ni entonces fue posible esperar respuestas de parte de un gobierno autoritario sin una presión popular organizada cívicamente desde abajo, ni es posible que se produzcan ahora transformaciones sociales y políticas si solo se consideran aceptables las iniciativas que se generen en sentido vertical y sin exigencias explícitas de la ciudadanía. Aún más tras el estallido social del 11 de julio, que expuso al sistema y su dirigencia.

Al respecto, el intelectual y político Francisco Ichazo alertó el 10 de abril de 1955 desde las páginas de Bohemia: «Cuando las fuerzas llamadas a ejercer la vigilancia y la crítica de una situación dada se dispersan y hasta se hostilizan entre sí, lo que viene necesariamente es la anarquía y esta anarquía se traduce en desesperación (...) Pero es que además, la oposición gobierna en cierto grado cuando cierra sus cuadros y adopta una estrategia adecuada». Y aunque tal unión no se logró, la batalla por la promulgación total y sin condiciones de una amnistía general sí devino tema unitario.

El desenlace

El sábado 7 de mayo de 1955 la Gaceta Oficial publicó la Ley de Amnistía, acompañada del silencio gubernamental. El lunes 10 aún no se sabía cuándo abrirían las cárceles, por lo que caravanas de familiares y periodistas se movilizaron en todo el país para plantarse a las puertas de los presidios.

Mujeres con niños de la mano, ancianos que esperaban a sus hijos, amigos, compañeros de organización… acamparon desde el día 11 bajo el sol y la lluvia —no en sentido figurado— a las puertas del Presidio Modelo y del Castillo del Príncipe.

La ley había contemplado a todos los sectores; sin embargo, fuentes no oficiales comentaban que los ex militares no saldrían, o que los moncadistas serían liberados exceptuando a Fidel.  Las autoridades de los penales declaraban no tener información.

Finalmente, el domingo 15 salieron los primeros: fueron los acusados en los sucesos del 26 de julio de 1953. En días siguientes la amnistía se haría efectiva para el resto de los prisioneros políticos, incluso los ex militares. La ley posibilitó asimismo el regreso de los exiliados, entre ellos quince asaltantes al Moncada. Hubo casos como el de Inés González Íñiguez, quien se había fugado meses atrás de la cárcel de Guanabacoa y era perseguida desde entonces por el mismísimo Pilar García, que se presentó ante un tribunal y pudo acogerse libremente a la amnistía.

Las imágenes que ilustran este trabajo, los rostros de alegría de familiares y amigos, son la prueba gráfica de que un punto medio es posible. Aun en las más cruentas realidades despóticas de este país pudieron abrirse paso leyes de conciliación nacional. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Interpreta el gobierno como un gesto de debilidad de su parte el aprobarla?

Contrariamente al razonamiento oficial, una amnistía a los presos políticos no demostraría debilidad sino capacidad de diálogo, respeto a las libertades ciudadanas y confianza en el respaldo que el sistema asegura tener. ¿Acaso no liberó Cuba a los invasores de Playa Girón?

La clase que rige actualmente los destinos de la nación cubana insiste en su prerrogativa de no dialogar con las crecientes voces que reclaman el cumplimiento de las garantías constitucionales aprobadas en 2019. El 11 de julio de 2021 cambió definitivamente el concierto nacional, instaurando en el debate inmediato de la ciudadanía el tema de los más de mil compatriotas presos políticos. No hay vuelta atrás después de ese día.

Solamente el año pasado casi cuatrocientos mil cubanos solicitaron asilo en los Estados Unidos, sin que existan cifras públicas de cuántos emigraron a otras regiones, o de cuántos se encuentran hoy en trámites migratorios. En el orden penal, Cuba encabeza la lista de países con mayor población carcelaria en el Caribe, y solo por detrás de El Salvador en la lista mundial.

Una Ley de amnistía es impostergable. El gobierno cubano no puede pretender que el debate político sea en las condiciones y con las imposiciones que le beneficien de manera exclusiva. La solución nacional pasa porque sea asumida la condición de ciudadanos con plenos derechos a todos, sean o no de la cuerda política oficial. De no ser así, las opciones que se ofrecen provocarán cada vez más la radicalización de diversos sectores, pues cada detenido por manifestarse incluye, a su vez, un entorno familiar encarcelado: madres y padres que sufren, hijos que sufren, cónyuges que sufren, amigos que sufren… ondas de dolor y rabia que se expanden exponencialmente.

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* Este texto ha sido escrito por Aries M. Cañellas Cabrera y Ernesto M. Cañellas Hernández.