Corrupción vs derechos humanos: combinación explosiva y puesto inmerecido
Los derechos humanos son más que un lujo deseable en la lucha contra la corrupción (…)
Delia Ferreira Rubio, presidenta de «Transparencia Internacional».
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Hace años se incrementan en Cuba las violaciones, el irrespeto e incluso los retrocesos en derechos humanos. Ello ocurre en combinación explosiva con el flagelo de mil tentáculos que es la corrupción. Otra razón para considerar inmerecido, contraproducente y ofensivo el actual puesto del gobierno cubano en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU.
La corrupción afecta los derechos humanos en su integralidad, aun cuando dicho perjuicio sea más o menos visible y variable —directo, indirecto, grave, remoto, etc.— dependiendo del ámbito y nivel en que se manifiesta el acto corrupto. Así lo reconocen especialistas e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Respecto a Cuba, las mediciones internacionales confirman la tendencia al empeoramiento y gravedad de la corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 2023 —peor mientras se acerca a cero—, batió récord: (42 de 100), como también el rango/puesto (76) entre 180 países.
Al tiempo, el gobierno cubano compareció al IV Examen Periódico Universal (EPU) de los derechos humanos. Varias ONGs, nacionales e internacionales, fundamentaron que la Isla ha ido «de mal en peor», como acuñó el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Las críticas, observaciones y recomendaciones fueron superiores —cuantitativa y cualitativamente— a todas las anteriores desde 2009. Sin embargo, persiste la falta de voluntad política del gobierno para afrontar las raíces de ambos fenómenos, aceptar sugerencias y experiencias internacionales y cooperar con mecanismos multilaterales de derechos humanos. Por ejemplo, insiste casi patológicamente en que todos los males de Cuba se deben al bloqueo/embargo, pretexto que también invoca para no ratificar pactos internacionales en dicha esfera.
-I-
Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Las verdaderas y más importantes causas están en las erráticas políticas públicas y la persistencia de un modelo totalitario de base. Por su naturaleza, este desdeña al ciudadano y produce escenarios perfectos para fenómenos tan nocivos como la corrupción en beneficio de las élites.
Como argumenté en un texto anterior, a pesar de su gravedad, y también por ella, la corrupción es de los temas más silenciados y manipulados en la narrativa oficial cubana. Aun así, cada vez son más los escándalos derivados de variadas modalidades en la Isla: desde las mafias locales, el origen y exitoso desempeño de ciertas mipymes, los negocios dentro y fuera del país en manos de militares, hasta los privilegios de la casta política y sus familias extendidas.
La conexión corrupción-derechos humanos es real y cruel. Cuando para las decisiones políticas no se priorizan los intereses y urgencias de las mayorías y se hacen «en función de intereses particulares corruptores» de grupo —alimentación vs construcción de hoteles, por ejemplo—, se pone en desventaja a toda la sociedad. Así se distorsionan políticas, programas y estrategias y se desvían recursos importantes que podrían reducir fenómenos como la pobreza y los desequilibrios territoriales, que han empeorado en la Isla.
En definitiva, sea por calidad, precios, recortes presupuestarios a lo social, inversiones, ordenamiento de prioridades o políticas públicas erradas; el efecto de la corrupción sobre los derechos humanos es letal. Se afecta la calidad de vida de las personas en general, pero el impacto es más grave en los grupos empobrecidos e históricamente discriminados.
Respecto a derechos, se laceran todos, pero especialmente aquellos que permiten el disenso y la fiscalización al poder: asociación, expresión, opinión, información, prensa. También afecta la participación política de los ciudadanos, el derecho o acceso a información y la transparencia que debe caracterizar a quienes gobiernan.
-II-
En Cuba conviven una narrativa oficial triunfalista y manipuladora en función del sometimiento de las mayorías y de la imagen internacional, y una realidad opresiva y decadente. Contrasentido que persiste en nombre del socialismo y la revolución. Realmente es continuidad agravada de la traición a esas mayorías. Más allá de revoluciones y sistemas, como expresara la argentina Fernanda Reyes: «En el centro de la política (…) deben estar los intereses de la ciudadanía».
Las violaciones de derechos cívicos y políticos en Cuba no eran noticia hace tiempo. Con el paso de más de medio siglo algunas incluso se naturalizaron. Pero durante los últimos años el conflicto ha escalado, llegando a las más grotescas vulneraciones de casi todos los derechos y libertades junto a una espiral represiva que califica como «terror de Estado», y no cesa.
Continúa dilatándose la regulación jurídica de varios derechos fundamentales, en tanto surgen nuevas normativas como el Código Penal, la Ley de comunicación social y otras, que son engendros autoritarios violatorios de derechos humanos, garantía de control social totalitario e impunidad para las fuerzas represivas y sus apoyantes. Junto a eso se incrementa la falta de transparencia y la no rendición de cuentas, siquiera a nivel barrial.
La cantidad de presos políticos y de conciencia y la indefensión ciudadana, entre otros fenómenos, dan cuenta del deterioro y retroceso en materia de libertades y derechos, e incremento de la represión. Informes anuales de Justicia 11j y otros de Prissoners Defenders lo confirman, al comparar indicadores, presentar evidencias y revelar la evolución de encarcelamientos políticos que ya rebasan los mil, las prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, muertes en prisión y represión contra disidentes y familiares de unos y otros.
-III-
Por otra parte, se incrementan aceleradamente las afectaciones a derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales; los otrora paladines de las llamadas «conquistas de la Revolución y el socialismo» y garantes del consenso político. Refiero apenas cinco argumentos/evidencias:
1. Entre 2010 y 2022 cerraron en Cuba 63 hospitales, 37 consultorios médicos de familia, 187 hogares maternos y 45 clínicas estomatológicas, de acuerdo con datos oficiales de la ONEI referenciados en El Toque y CubaxCuba.
2. Respecto al ranking de PIB percápita, desde 2020 Cuba registró —con el número 83 entre 196 países examinados— un nivel de vida muy bajo de sus ciudadanos en relación al resto. Tres años después, como expresó Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH): «estamos ante un país cada vez más empobrecido (…), una gran cantidad de cubanos ha tenido que dejar de realizar alguna comida diaria (…), un número importante no encuentra medicamentos o los toma vencidos».
3. En el reciente «VI Informe del estado de los derechos sociales en Cuba» referenciado en varios medios independientes, y en sesiones del CDH, se muestran rotundas evidencias. Tres ejemplos: incremento alarmante de la pobreza, 15 % de las viviendas en peligro de derrumbe, casi nueve de cada diez hogares ingresan apenas «lo suficiente para sobrevivir», y apenas el 48% de la población recibe agua a diario con calidad, disponibilidad y accesibilidad.
4. En consecuencia, la población mayor de 60 años —que ya es más del 20% del total— está en situación de riesgo. Todos los grupos raciales son afectados, pero en especial los de piel negra. Por su parte, la desproporción territorial es agudísima, con serias desventajas para el oriente del país, las zonas rurales y zonas insalubres de la capital.
5. Las inversiones y gastos del presupuesto siguen mostrando una irracional desproporción entre alimentación, agricultura, salud, educación y servicios sociales; frente al sector inmobiliario, de oficinas y turístico, que incluye la irrefrenable construcción de hoteles en un país que se desangra por la crisis alimentaria, sanitaria y migratoria.
Definitivamente, entre las prioridades de la ciudadanía y las de la clase en el poder hay una enorme distancia, ocupada por la insensibilidad, la desidia y la corrupción. Las consecuencias políticas son graves, porque durante décadas las políticas sociales sostenían el consenso político. Su abandono ha impulsado la ruptura del pacto social derivado de la Revolución. El ciudadano común es más víctima del terror, la manipulación y la inercia; en realidad no tiene nada que defender ni razón alguna para ceder derechos, como hizo en otros tiempos.
-IV-
En todo lo dicho la responsabilidad del Estado es alta. Este debe asegurar garantías para todos los derechos con la obligación de respetarlos, protegerlos y cumplirlos como inherentes, indivisibles e interdependientes. Y la corrupción es un flagelo que contamina y perjudica tales funciones.
Por ello, la protección de los derechos humanos es crucial para prevenir y enfrentar la corrupción. Está demostrado que los países con libertades civiles bien protegidas generalmente obtienen puntajes más altos en el IPC, mientras que los países que violan las libertades civiles generalmente tienen puntajes más bajos, esto es, de mayor corrupción.
En el segundo grupo está Cuba, donde además se desconocen principios-marco establecidos internacionalmente para enfrentar la corrupción: igualdad y no discriminación, transparencia, rendición de cuentas y participación. Solo la reprimida sociedad civil independiente y la oposición política los reivindican, como muestran dos recientes iniciativas ciudadanas: «Rendición de cuentas ya» (de varias organizaciones) y el movimiento «Cinco Libertades (5L) contra el totalitarismo en Cuba».
La crisis cubana es sistémica, su solución no está en los marcos del actual status quo. Hoy la corrupción —ya cáncer con metástasis— y los derechos humanos, viven su peor momento. Nada sugiere que mejorarán, al contrario.
Como afirma el jurista peruano Edwin Figueroa Gutarra: «la corrupción podrá avanzar poco o muy poco, si existen democracias que apunten a un mayor respeto por los derechos humanos. (…) podrá avasallar los derechos humanos cuando existan democracias defectuosas o regímenes híbridos o autoritarios en los cuales se limiten seriamente las libertades ciudadanas».
Así que el reto, dentro y fuera de Cuba, es enorme. Un gobierno que funciona cada vez más bajo el terror, la corrupción y las violaciones de derechos humanos no merece un asiento en el CDH. Varios reconocidos intelectuales y activistas de derechos humanos, así como más de quince organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, suscribieron una declaración en rechazo a la candidatura del gobierno de Cuba al Consejo. Es contraproducente porque ocurre en el peor momento y le ofrece al gobierno otro recurso para continuar manipulando a la ciudadanía y la opinión pública internacional. Y es profundamente insensible y ofensivo para los más de mil presos políticos, sus familiares y los sectores democráticos cubanos.
