Decisión cívica

Deseo hacer ciertas precisiones, aclarar dudas y dar a conocer la decisión que he tomado ante los posibles escenarios a corto plazo que resulten del juicio convocado para el 16 de noviembre próximo en que debo responder por el supuesto delito de «Desobediencia».

Sobre la acusación

La acusación de Desobediencia se debió a mi negativa a asistir el 13 de junio de 2023 a una «Entrevista» en la estación de la PNR de la Playa, en Matanzas, convocada por los órganos de Seguridad del Estado. A pesar de que desde el año 2017 fui articulista habitual del medio La Joven Cuba, y su coordinadora general entre 2021 y enero de 2023, jamás había sido citada por Seguridad del Estado. En realidad lo fui por vez primera en octubre de 2022, pero logré que la fiscalía de Matanzas interviniera ante mi queja por nulidad de procedimientos y Seguridad del Estado no lo había vuelto a intentar.

La hostilidad se agudizó los últimos días de mayo de 2023, cuando fui regulada y se me impidió viajar a un evento académico fuera del país. Me extrañó, pues para esa fecha no colaboraba ya con ningún medio de prensa independiente, tampoco había aparecido CubaXCuba - Laboratorio de pensamiento cívico, proyecto del que soy co-directora pero que salió a la luz el 24 de julio.

He meditado mucho y creo que el apremio coercitivo se explica pues el 25 de mayo había asistido en La Habana a una reunión con Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea. En ese encuentro ofrecí mi opinión sobre la crisis de los derechos humanos en Cuba, la situación de los presos políticos y el aumento de la represión. Es evidente que desde ese momento me convertí en una persona de mayor interés para los órganos de Seguridad del Estado.

La decisión de no asistir a la «Entrevista» del 13 de junio la tomé con asesoría legal, pues la cedula no respetaba los requerimientos formales ni aclaraba el motivo de la citación, ya que, si bien invocaba la Ley de procedimiento penal como obligatoria para mi presencia, no había un proceso penal abierto en el que yo fuera requerida formalmente como testigo o como imputada, ni siquiera una investigación en curso. Tal es así que todavía hoy, más de cuatro meses de instruida de cargos, no existe ningún proceso abierto con pruebas que me incriminen en algún delito.

«Entrevista» es el eufemismo usado para camuflar lo que en verdad son advertencias y presiones de todo tipo sobre ciudadanas y ciudadanos para que no hagan críticas al gobierno, no ejerzan derechos constitucionalmente establecidos y se abstengan de publicar sus opiniones en medios de prensa alternativos o redes sociales.

Las referidas citaciones pretenden obligar al que las recibe a personarse en determinados sitios, que pueden ser sus lugares de trabajo, una estación de la policía o una casa de Operaciones de SE, en dependencia del grado de interés que haya sobre los citados. Las amenazas que se hacen son generalmente con la posible pérdida de sus empleos, respecto a su seguridad personal y la de sus familiares, prohibir su salida del país, etc.

Según la fiscal Guadalupe Borrego, en el auto donde rechazó la «Solicitud de nulidad de actos y diligencias» presentada por mi abogada el día 5 de julio, tales citaciones deben ser acatadas como un «deber cívico» y las presenta como «medidas preventivas» y «labores profilácticas» autorizadas a los órganos del Ministerio del Interior por acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de agosto de 2021, cuyo fin es impedir conductas «proclives a un discurso de reproche contra las disposiciones gubernamentales» y lograr «que la persona desista de su conducta transgresora». Según la funcionaria, la citación no derivaba de un proceso legal, sino administrativo, pero yo debí «presuponerla» como un acto legal y debí «concurrir al requerimiento de la citación».

El referido acuerdo 9151 del Consejo de Ministros, que ni rango de ley tiene a pesar de su carácter vinculante, es una violación impúdica a los derechos constitucionalmente establecidos de libertad de expresión y manifestación pacífica. Tómese en cuenta la fecha en que fue aprobado, solo cuarenta días después del estallido social del 11 de julio de 2021, para que se comprenda su función: ser un escudo protector para que el gobierno actúe con total impunidad y sin consecuencia alguna por sus errores y desaciertos, y un yugo que inmoviliza a la ciudadanía por el miedo a ser citados ante cualquier crítica o disenso.

Yo no soy responsable de que en mi país se haya aprobado una Constitución que reconoce derechos ciudadanos dentro de un sistema político que no está dispuesto a respetarlos porque hacerlo significaría que peligrara el ilimitado poder de la clase dirigente. Ese mismo texto legal declara a Cuba un sistema socialista de derecho y justicia social, donde ninguna autoridad está por encima de una Constitución que, como gusta recordar el discurso político y los medios oficiales, fue aprobada en referéndum.

Sobre las características del proceso

El Tribunal Municipal de Matanzas, en su auto de apertura a juicio comunicó que este será por procedimiento de «Atestado». Tal procedimiento es utilizado para delitos de menor gravedad, cuyo marco sancionador no excede un año de privación de libertad. Es bastante sumario y ofrece menos garantías: solo se apela hasta segunda instancia, el tribunal delibera de manera expedita y la sentencia se informa al momento de concluido el juicio. Puede o no asistir el fiscal a la vista pública, y el tribunal decide por las pruebas que consten en el expediente. Aunque tengo entendido que en este caso sí asistirá un representante de Fiscalía.

Resulta llamativo y contradictorio que el auto de apertura a juicio, firmado por la jueza ponente Mamelys Pacios Hernández, ratifique las medidas cautelares de reclusión domiciliaria y regulación para «garantizar la presencia de la encartada al acto de justicia y teniendo en cuenta además la gravedad de los hechos que le imputan».

Letrada, por favor, sea ética y profesional, si me juzgarán por el procedimiento de «Atestado» es porque no se trata de un delito grave según dictamina la propia Ley de procedimiento penal, que no considera la «Desobediencia» como delito grave. Ya esta afirmación, parcializada y manipulada, hace que dude fundadamente que este juicio pueda denominarse «acto de justicia».

La Ley de procedimiento penal establece asimismo el carácter público de las vistas orales, pero también deja a decisión del tribunal si se hace a puertas cerradas. Ignoro cuál será la determinación en este caso. Muchas personas han mostrado su deseo de acompañarme ese día. Lo agradezco y lo acepto.

Sobre la fecha escogida para el juicio

El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la tolerancia, instaurado por la ONU en 1995. La tolerancia es un derecho humano inalienable. No es indulgencia o indiferencia, sino respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros. Es rechazo a los prejuicios y a la discriminación. Y la discriminación no solo puede ser por color de la piel, religión, género u orientación sexual. También puede ser política. Este juicio es un ejemplo de discriminación por motivos políticos. Toda una paradoja la elección de la fecha.

También se celebra el Día Internacional de la Filosofía, proclamado oficialmente por la Unesco desde 2005. La filosofía es uno de los campos más importantes del pensamiento, pues permite reflexionar sobre el sentido de la vida, el estudio de la naturaleza, de la realidad, del comportamiento correcto e incorrecto. Es esencial para la paz mundial ya que sustenta principios y valores de los cuales emanan la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad.

El tercer jueves de noviembre se anima a las personas a compartir su herencia filosófica. Los cubanos tenemos en el Padre Félix Varela a un gran filósofo y pensador que dejó una herencia casi ignorada hoy. Que esta frase suya ilumine ese día. Yo la tendré presente durante el juicio: «La práctica de pensar es la que facilita el acierto, y cuando un pueblo no tiene, por decirlo así, medios para pensar, no puede esperarse que adquiera dicha práctica. Antes al contrario, se familiariza con la idea de su incapacidad, deja a otros el cuidado de discutir, y se constituye en masa inerte».

Mi decisión

En un escrito del pasado 4 de agosto dije: «Seguiré por el camino de la ley. Cuando lo recorra y llegue al callejón sin salida irreformable que ustedes construyeron, no quedará otra que abrir nuevos senderos. Y lo haré». Pues bien, ya estamos casi al final del camino.

Yo no he violado ley alguna. Por el contrario, mis derechos han sido violados, he sido objeto de arbitrariedades y no se ha respetado el debido proceso. Si rechacé el Criterio de Oportunidad ofrecido por la Fiscalía de Matanzas para concluir este vergonzoso proceso y no tener que ir a juicio, es porque con la defensa de mis derechos no claudicaré jamás. Es inadmisible pagar una multa y aceptar que eliminen la regulación, como le plantearon a mi abogada, pues eso sería convenir en que yo cometí un delito.

Ahora iremos a juicio y quiero ser diáfana antes de que se dicte la sentencia, sea cual fuere. No escribo movida por la ira ni de manera irreflexiva. Tampoco se trata de una amenaza frívola. Quienes me conocen saben que nunca expreso algo que no esté dispuesta a hacer. En política, igual que en la vida, la coherencia es una virtud cardinal. La determinación que he tomado es de conocimiento de mi familia y de mi abogada, esta última no la recomienda pero entiende que es una decisión personal en última instancia.

Se trata de esto: del tribunal solo aceptaré una exoneración total y absoluta del cargo que se me imputa. Cualquier sentencia, así se trate de una multa insignificante, será desacatada por mí con plena conciencia de que puedo ir a prisión. Si ese fuera el caso, desconoceré la disciplina del penal y me declararé en rebeldía (o «plantada», como se dice en argot popular).

¿Deseo ir a prisión? No. ¿Merezco ir a prisión? No. ¿Estoy dispuesta a ir a prisión? Esa es la pregunta que respondo afirmativamente. Reitero que no voy a negociar nuestros derechos con nadie. Porque esto no se trata solo de mí. Nunca ha sido una cruzada personal, sino un pulseo entre la ciudadanía excluida y un poder opresivo que no nos respeta. Que nos desprecia.

Basta ya de sugerir que debemos esperar a que los Estados Unidos elimine el bloqueo para que los ciudadanos de esta Isla ejerzamos nuestros derechos, algunos constitucionalmente establecidos. Basta ya de insinuar que en una Cuba futura, de «empresas privadas» y «rentabilidad económica», «surgirán nuevos modos de protestar en nombre de los negocios y de la resistencia creativa», lo cual nos llevará por ley de gravedad política a ser democráticos «incluso si no se legisla sobre el derecho a la protesta».

Nuestros derechos son inalienables a cada mujer y hombre, no son exclusivos de un grupo de poder o de un sector social privilegiado. Tampoco son favores. El cartel que me fue incautado tras la detención del 14 de junio tenía escrita esta frase de Antonio Maceo: «Mendigar derechos es cosa de cobardes». La fiscal mandó a destruirlo, pero esas palabras están grabadas en mi mente y en mi voluntad. Deberían estarlo en la mente y en la voluntad de todos.