(In)Seguridad del Estado: la ilegalidad del poder en Cuba

Una realidad insoslayable

A menudo solemos escandalizarnos ante procesos o actos que ocurren en otros países, o que sucedieron en otras épocas y no nos percatamos de cuán cerca los tenemos. O peor, preferimos cerrar los ojos. En nuestras clases de historia se nos repitió hasta el hartazgo que la tortura fue uno de los mayores horrores del batistato. Sin embargo, hay una realidad ineludible: en la Cuba de hoy la tortura es una práctica sistemática, utilizada de manera constante contra los opositores. Si no lo creen, basta con mencionar un sitio: Villa Marista. ¿A qué tenemos asociado ese lugar? ¿Por qué inspira miedo?

Pero no solo ocurre allí. Prisoners Defenders ha documentado, en su informe de 2023, 181 casos de tortura o maltratos a partir de los cuales ha logrado establecer quince patrones que van desde la privación de atención médica, de sueño, alimentos o comunicación con familiares, hasta agresiones físicas o humillaciones verbales. Archivo Cuba incluso tiene registrados muchos casos de 2012 a 2022 donde ocurrió la muerte bajo custodia, en circunstancias sospechosas.

Ello no es reciente. En entrevistas que realicé en Camagüey en 2014 a «castigados» de las UMAP, estos se refirieron, con mucho temor aún a pesar de que ya había transcurrido casi medio siglo, a los abusos y torturas que sufrieron o que presenciaron, en particular contra los Testigos de Jehová. Hablaban de amenazas con armas de fuego, posturas incómodas durante horas, abuso verbal y físico, etc.

Los casos recientes de Alina López, José Luis Tan Estrada o Gorki Águila, ocurridos hace muy poco, atestiguan que estas prácticas están lejos de ser aisladas.

Hipocresía jurídica

Sin embargo, el 27 de enero de 1986 el gobierno cubano firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la ratificó el 17 de mayo de 1995. En su segundo artículo, en el segundo punto, se aclara: «En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura».

O sea, no se puede invocar al bloqueo como excusa, ni a la situación económica, ni a la agresión yanqui. Simplemente, no hay justificación. En ese mismo artículo, en el tercer punto se explicita: «No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura».

Pero también la legislación cubana actual condena la tortura. En el Código Penal vigente, en el Título XIII «Delitos contra la dignidad humana», capítulo V, artículo 368 se declara que:

«1. El funcionario público, autoridad, agente o auxiliar de esta o cualquier otra persona en el ejercicio de funciones públicas, que intencionalmente le inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, la intimide o coaccione, o la someta a cualquier otro procedimiento o condición que por su naturaleza, duración o circunstancias signifique un trato o pena cruel, inhumano o degradante con el fin de obtener de ella o de un tercero una confesión o información, para castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que ha cometido, o ejecute el hecho por cualquier razón discriminatoria, incurre en sanción de privación de libertad de siete a quince años.

2. En igual sanción incurre la autoridad, funcionario público, sus agentes o auxiliares, si el hecho ocurre a instigación suya o con su consentimiento». 

Esto es paradójico. Los funcionarios estatales están violando la ley vigente del propio régimen que dicen defender y los acuerdos internacionales que se han suscrito. ¿La Seguridad del Estado está por encima de la legislación que decidió el Estado? ¿O es que la Seguridad del Estado no responde al Estado? ¿La Seguridad de quién es, entonces?

Es importante recordar además que el Estado se debe al pueblo, y que su legitimidad, en particular en el caso cubano, debería basarse en responder a los intereses de la ciudadanía. Si no, ¿qué sentido tendría un proyecto socialista? ¿O es que esto es solo un discurso hueco? Tengamos claro entonces que, si el Estado no representa al pueblo, entonces su «Seguridad» deviene la inseguridad de este mismo pueblo, es decir, no es más que un instrumento de represión que solo garantiza el bienestar de unos pocos privilegiados.

Una experiencia

En 2017, mientras esperaba mi salida de Cuba, decidí aplicar a una beca para realizar de manera virtual el Diplomado Superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos, auspiciado por CLACSO y la Federación Argentina LGBT. Me aprobaron. Me conecté a la primera clase (era el tiempo de las zonas wifi en los parques). Nunca más logré conectarme al portal Nauta: usuario desconocido.

Luego de insistir por días (siempre pensé que sería un problema técnico), el 14 de junio, a las 8 y 31 pm, llamé al número 118. Me dijeron que no había ningún problema con Internet, que llamara al 2642266. Me extrañó el número: no tenía código de teleselección de ninguna provincia, pero al fin, es ETECSA, la única, la hegemónica. Así hice, un minuto después respondió una voz masculina que dijo ser del servicio de seguridad de los Estados Unidos (con un acento cubano inconfundible): —¿tengo algo que «informar»? Mi asombro no tenía límites.

Expliqué otra vez por qué llamé a ese número y quién me lo dio. La voz, condenatoria, más fuerte y rápido, repitió lo que había dicho antes con un cambio mínimo, preguntó si quería alguna «información» e hizo una inflexión más dulce con esta palabra. Parecía un interrogatorio y yo solo quería saber qué pasaba con mi cuenta Nauta. Juro que ya había logrado asustarme. Solo dije no y colgué. La conversación había durado 35 segundos.

Villa Marista, sede del Departamento de Seguridad del Estado (Foto: Cubanet)

Desde entonces se me dijo en ETECSA que la cuenta no tenía problemas, pero nunca pude volver a acceder a Internet. El 24 de junio, a las 6 y 20 pm, intenté llamar al número de la «seguridad estadounidense». Pura curiosidad. Se me dijo, desde una respondedora automática: «usted no tiene acceso al número solicitado», en español e inglés. Insistí varias veces, siempre la misma respuesta. Tuve que utilizar el usuario Nauta de mi abuela para continuar con mis trámites para la salida de Cuba. Obvio, en la Isla no intenté acceder más al curso: lo terminé fuera. Por supuesto, registré fechas, datos y horarios en un documento Word que me envíe a mi correo de gmail para no olvidarlos luego.

Esta anécdota es solo para ilustrar algunos puntos: supongo que ocurrió porque quise cursar un diplomado en derechos humanos, y ya sabemos qué significan esos derechos en Cuba. Supongo: esto es importante recalcarlo. Nunca supe qué pasó ni cuál fue la causa real. Así se creó una incertidumbre paranoica: ¿me dejarán escapar de Cuba? Lo que se tradujo en un miedo paralizante: seguramente el efecto esperado.

Lo más importante que quiero destacar es la increíble desproporción entre lo que hice y la fuerza de la respuesta por parte del Estado. Yo era un oscuro profesor que quiso cursar un diplomado mientras me iba del país: no pertenecía a ninguna asociación opositora, no había publicado nada demasiado crítico aún, no había pintado carteles ni me había manifestado públicamente. Me queda claro entonces que si se tomaron tantas molestias conmigo, ¿qué no harán con las personas que consideran peligrosas?

Por otra parte, este tipo de acciones lleva muchos recursos: ¿cuántas de las pérdidas que se les achaca al bloqueo en realidad son inversiones en este tipo de vigilancia panóptica? No solo es la pésima administración, es también el consumo desmedido de instituciones estatales hipertróficas, como la Seguridad del Estado o la diplomacia cubana, estrechamente vinculadas ambas.

Finalmente, a la mayoría de las personas a las que conté esta historia les causó pavor. Unas me hicieron un gaslighting brutal: «no entendiste qué pasó, seguro fue una broma, estás loco». Otras me dijeron abiertamente que no querían relacionarse conmigo para que nos los «ficharan». La mayoría me dejó solo en un proceso que no comprendía.

Con esto quisiera terminar. La intención de este tipo de instituciones y de sus prácticas ilegales es deshumanizar a las personas que consideran peligrosas, haciéndolas parecer menos dignas de derechos, incluso de estar vivas. Pero caer en su trampa también nos deshumaniza a nosotros. Quizá no queramos exponernos, quizá no queramos denunciar; pero apoyar, aún de maneras implícitas, es una forma de romper con sus mecanismos de poder.

En mi experiencia, ínfima comparada con todos los casos que se conocen, este tipo de jugada te descoloca, así que no juzguemos las reacciones de las víctimas; porque eso son: víctimas, sobrevivientes de violencia estatal organizada, individuos que la maquinaria burocrática consideró dignos de ser pulverizados. Si logramos comprender esto y actuar en consecuencia, ellos, los oscuros, habrán perdido la mitad de su poder.