Proyectos, medidas, rectificaciones y contra-rectificaciones

Durante el transcurso del denominado proceso revolucionario, la economía cubana ha sido un factor problemático. Intentando desarrollar una organización económica a tono con las metas populares enarboladas en su plataforma política, se estableció una administración estatista absoluta que se hizo propietaria de los medios y fuerzas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Para alcanzar sus propósitos, a lo largo de estos años se han acometido una serie de proyectos. Entre los más notables están la desecación de la Ciénaga de Zapata en 1959 para expandir la siembra de arroz, el Cordón de La Habana en 1967 para proveer de productos agrícolas a esa zona del país, la Brigada Invasora de Maquinarias Che Guevara para desbrozar tierras a lo largo de la isla para usos agrícolas, la Ofensiva Revolucionaria que eliminó las pequeñas empresas privadas (que ahora son mipymes), la Zafra de los Diez Millones en 1970 que impulsaría una enorme producción de azúcar, la restructuración de la industria azucarera en 2002 con la eliminación de unos 70 centrales para diversificar la agricultura y la industria, entre otras.

Todas tuvieron resultados muy pobres, si no desastrosos. El más reciente proyecto fue la Tarea Ordenamiento. A pesar de las objeciones planteadas por diversos estudiosos, el gobierno anunció en 2020 que estaban creadas las condiciones para acometer dicha acción. Sin embargo, luego de los evidentes desajustes, dificultades e inflación que ocasionó, ya en diciembre de 2023 reconocieron públicamente que la Tarea no había cumplido los objetivos trazados.

Las nuevas disposiciones, es previsible, producirán un efecto negativo en el bolsillo de los trabajadores y limitarán aún más sus capacidades de adquisición de productos. La primera lección que debemos sacar de lo descrito, es que la economía no puede conducirse desde posturas esencialmente ideológicas o voluntaristas, por muy convenientes que puedan parecer sus propósitos. Es esta una actividad social que se rige por leyes y principios que, si se desconocen, pues resultan en fracaso y frustración; además de la consecuente afectación al erario público que cada proyecto infructuoso trae consigo.

De modo que intentar avances materiales sin un plan sensata, objetiva y eficientemente concebido se vuelve anti-económico. La economía es a la sociedad lo que el cuerpo a la persona, es el elemento orgánico que le da sustento y posibilita todo el progreso sociocultural y espiritual. Precisamente, desconocer o transgredir esas leyes es lo que nos ha llevado a un recurrente círculo de proyectos, rectificaciones y contra-rectificaciones, que a la larga nos ha sumido en una situación de penuria.

A fines de 2023, la reciente proclama de otro paquete de medidas, básicamente de alza de precios a productos y servicios en busca de sanear el llamado «déficit presupuestario del Estado», ha inquietado justamente a una población ya muy lacerada por anteriores ineficacias y agobiada por largos años de privaciones y sacrificios extremos. Esto ha promovido una lluvia de rechazos. Lo peor es que este tipo de medida puede incrementar los ingresos del Estado pero no implica precisamente que beneficie el patrimonio de los ciudadanos, todo lo contrario, producirán un efecto negativo en el bolsillo de los trabajadores y sus capacidades de adquisición de productos.

Se sabe que con medidas estrictamente financieras no se adelanta la economía de un país. Solo la producción satisfactoria de productos y bienes puede sacarnos a flote. Hay que facilitar al máximo el desarrollo de las fuerzas productivas. Se impone desburocratizar la toma de decisiones, para permitir que el mayor número posible de expertos en economía (muchos de los cuales han venido advirtiendo sobre lo inadecuado de ciertas medidas, como el Ordenamiento, pero han sido desoídos) participen en el diseño de planes.

Se impone limitar la omnipresente y omnipotente dimensión del Estado, reducirlo a un mínimo funcional, con un sistema tributario racional y conveniente para cumplir planes sociales esenciales. Se impone estimular todos los empeños productivos espontáneos y posibilitar su desarrollo, aplicando un sistema de impuestos moderados, proporcionados para el beneficio del tesoro público. El momento exige eliminar o reducir toda una serie de organismos y organizaciones socio-políticos —sindicatos, Comités de Defensa, asociaciones de mujeres, campesinos, etc.— que no generan ingresos y, si bien en un momento tuvieron algún peso en el soporte ideológico del sistema, por la propia dinámica de la sociedad ya no tienen esa incidencia, pero producen cuantiosos gastos en salarios, instalaciones, electricidad, transporte, etc.

Los Comités de Defensa de la Revolución, «una organización que nació para ser eterna». (Foto: Maxist Culture / Reddit)

Como parte de una apariencia de rectificación, por estos días se ha producido la destitución de varios ministros y su reemplazo por otros funcionarios ya actuantes. Sin temor a equivocarnos, sabemos que esto no traerá resultados esencialmente fructíferos. En una situación de compleja precariedad socio-económica, la sola sustitución de dirigentes, aun estando plenamente justificada, sin que se rehagan las condiciones en que los cuadros trabajan, es solo un movimiento formal, no una solución. Ya veremos en los meses siguientes que continuarán las dificultades, si es que no empeoran. No se puede personalizar la responsabilidad en un agudo problema estructural. No se trata en esencia de meras causas subjetivas de un grupo de directivos. Se trata de un modelo sistémico que ha mostrado por más de seis décadas su ineficiencia pues no ha socializado la propiedad ni la distribución de la riqueza, sino que la ha monopolizado por el Estado-Partido.

Se hace imprescindible en la mayor urgencia, convocar toda inteligencia y experticia de los diversos sectores del país para descentralizar y horizontalizar la absoluta verticalidad en la administración del país; así como restringir la universal propiedad estatal sobre los recursos y las empresas productivas. El control estatal debe circunscribirse a lo exactamente necesario y funcional, de modo que facilite destrabar los obstáculos que limitan las múltiples posibilidades de emprendimientos económicos, tanto individuales como cooperativos. De este modo fomentaría una mayor diversidad de empresas que favorezcan el incremento en la producción de bienes, tanto para el consumo interno como para la exportación, propiciando así abastecer y recapitalizar el país.

No soy economista pero estudio a los especialistas y me informo. En primer lugar, el origen de los desajustes económicos está en la absoluta centralización estatal de toda la economía. No es posible desde el Estado ocuparse de generar cada bien o producto que se necesita para la disímil vida de un país. Solo echemos un vistazo global a las naciones con mayor bienestar económico y veremos que en ningún caso el estado es un monopolio que posee y dirige las fuerzas productivas. El déficit presupuestario se produce por un inadecuado cálculo entre el capital que consigue el Estado y las erogaciones para cubrir determinadas áreas de interés económico o social que el mismo se plantea. Hay un principio elemental: no se puede gastar más de lo que se ingresa y, de ser necesario ante alguna eventualidad, se han de considerar las posibilidades reales para lograr cubrir el desajuste, de manera que no se acumule la deuda y se vuelva una carga permanente. Y estamos claros de que no es solo nuestro país el que tiene déficit fiscal. Hay unos cuantos, pero muchos de ellos cuentan con mayores opciones de recuperación que la simple especulación comercial.

Tengamos presente, en nuestro caso, que es el propio Estado el que ha distribuido el presupuesto según sus objetivos y propósitos. Así, en los últimos años le dedicó más dinero a la construcción de instalaciones turísticas que al mantenimiento de la salud. Ahora hay hoteles vacíos y hospitales con escasos recursos. Esto nos advierte que en la determinación del empleo del presupuesto del Estado es imprescindible que haya una mayor participación, tanto de expertos como de actores del sector económico, con el propósito de que su distribución no solo sea razonable sino eficiente.

En tal sentido, pienso que al concebir el empleo del capital público en Cuba es cardinal tener en cuenta las respectivas condiciones naturales y humanas. El nuestro es un país pequeño, de exiguos recursos, con escasa población laboral, una alta tasa de envejecimiento poblacional así como cuantioso número de emigrantes en edad productiva. Por tanto, se hace necesario restringir todo gasto que no propenda a ampliar el beneficio material o espiritual de la población. Considero que se debe realizar un análisis debidamente objetivo e informado para determinar la eliminación, reducción o reestructuración de todo sector o acto no productivo en concordancia con las circunstancias y propósitos actuales de la sociedad. Ya el propio Fidel alertaba que Revolución es «cambiar todo lo que debe de ser cambiado», y la palabra «todo» se explica sola.

De igual modo, considero que debe analizarse la estructura y funciones del propio Estado. Muchos especialistas sugieren que este sea una entidad con un mínimo de funcionarios, con la capacidad y el cometido de actuar como árbitro para cuidar de que la actividad socio-económica del país se realice con justeza y para que, mediante un adecuado sistema impositivo, se obtenga el capital para asuntos que no pueden quedar en manos privadas, como la defensa, la salud y la educación. En tal sentido entiendo que es positivo que se permitan emprendimientos productivos y de servicios no estatales, sino por individuos o cooperativas particulares. Pero para que estos sean provechosos es necesario que el Estado no implante medidas arbitrariamente restrictivas que tiendan a su propio beneficio bajo el supuesto de que es el garante de la mayoría y, por ende, dificulten el exitoso desempeño de las mismas. Cuando la actividad económica se multiplica y dinamiza consiguientemente todos se favorecen.

Para que haya una economía más provechosa y eficiente se hace indispensable que el establecimiento de medidas, planes y proyectos se haga con amplia participación de factores que inciden de una u otra manera en ella. Esta labor no puede ser tarea solo de un grupo de funcionarios adscritos al sistema. Deben crearse oportunidades para el estudio objetivo, informado, desprejuiciado de la actividad económica nacional, tanto en los resultados como en los proyectos que se necesiten. En el análisis se hace indispensable que participen expertos, académicos y empresarios antes de adoptar medidas, para que las mismas sean lo más viables y eficaces posibles. Además, por un escrúpulo básico, antes de implementar alguna determinación es necesario que se debata con los principales afectados: la población. La democracia siempre hará cualquier acto no solo más justo, sino más aceptable.

Como muchos especialistas han advertido, con medidas estrictamente financieras no se adelanta la economía de un país. Solo la producción satisfactoria de productos y bienes puede sacarnos a flote. Hay que liberar las fuerzas productivas, hay que desburocratizar la toma de decisiones, hay que hacer que más expertos en economía participen en el diseño de planes, hay que limitar la omnipresente y omnipotente dimensión del Estado, que este se reduzca a un mínimo funcional, con un sistema tributario lógico y adecuado para cumplir planes sociales esenciales, hay que estimular todos los empeños productivos individuales y posibilitarles su desarrollo que mediante los impuestos redunde en beneficio del tesoro público.

Considero que se impone no restaurar, sino rediseñar nuestro sistema socioeconómico, sin perder los propósitos de justicia social y soberanía. Es un asunto que atañe a todos los cubanos y debe acometerse sin solución de continuidad sino de ofensiva transformadora e inmediata.