El peor servicio que un gobierno puede ofrecer a su pueblo es someter la política económica a concepciones dogmáticas que —por su alejamiento de la realidad y de las verdaderas necesidades sociales— son ineficaces, en lugar de encaminarse al objetivo que debería presidir la buena gobernanza: crear las condiciones para el mejoramiento del bienestar social y la prosperidad económica.

Cuando los gobiernos desconocen el funcionamiento de las leyes económicas, creyendo que pueden ajustarlas a consideraciones subjetivas, el fracaso está asegurado. Esto es lo que ha pasado en Cuba en más de seis décadas de «socialismo realmente existente».

El capitalismo jamás se instauró por decreto, fue resultado de un proceso gestado en las entrañas de la sociedad feudal y solo en pocos casos requirió una revolución política para establecerse. La teoría económica ha tratado de explicar las características del nuevo sistema que se abría paso entre fines del siglo XVIII y principios del XIX y que se desarrollaba mediante la superación de sus contradicciones internas. Marx tuvo el mérito de develar esas contradicciones, fuente de su progreso.

No obstante, la práctica de la implantación del socialismo ha sido «desde arriba», mediante el uso de la fuerza, lo cual significó la destrucción de las fuerzas democráticas y la implantación de regímenes totalitarios. Así ocurrió en la antigua Unión Soviética, en Europa Oriental, en China y otros países asiáticos, y en Cuba.

Uno de los graves problemas del socialismo «realmente existente» es que su construcción estuvo presidida por una serie de dogmas que, en la práctica, se convirtieron en obstáculos al desarrollo de las fuerzas productivas y condujeron al estancamiento e incluso al retroceso económico. Pensar que se podría forzar el camino de las sociedades humanas a partir de ideas preconcebidas ha sido un error. Insistir en ello, después de demostrada su inviabilidad, es una gravísima irresponsabilidad política. Este es el problema al que asistimos actualmente en Cuba, bajo la conducción de un gobierno empeñado en que la realidad económica puede ajustarse a sus deseos y a imponer lo que creen que es mejor para el país, cuando cada día se demuestra que es todo lo contrario.

Dogmas fracasados a los que apela la dirigencia cubana

Como es sabido, jamás se cumplió la predicción de Marx de que el socialismo se abriría paso de forma conjunta en los países más desarrollados del sistema capitalista mundial, en los que la socialización de la producción habría llegado a un nivel tan alto que agudizaría su contradicción con el carácter privado de la propiedad sobre los medios de producción.

Así las cosas, a falta de un proceso de asociación libre de productores, en la experiencia socialista la «socialización» de la propiedad se identificó con la «estatización», y a falta de mecanismos democráticos de control de la propiedad supuestamente social por parte de la sociedad en su conjunto, se impusieron mecanismos administrativos de ordeno y mando. La equivocada creencia de que resultaba posible reemplazar al mercado por un mecanismo de planificación centralizada, que técnicamente resulta imposible, llevó a errores de voluntarismo que condujeron a graves deformaciones estructurales y a cercenar la iniciativa empresarial, el emprendimiento y la competencia, que son fuente de progreso en las economías de mercado.

A lo largo de su historia como sistema económico mundial, se mantuvieron debates sobre la planificación y el mercado, la centralización y descentralización de decisiones económicas, así como acerca de la conveniencia o no de que coexistan diversas formas de propiedad; entre otros que caracterizaron a un sistema impuesto desde el centro de poder y no como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, como pensaron Marx y Engels. Y es que los propios ideólogos del socialismo basaban su análisis de la evolución de las formaciones económico-sociales en una combinación de factores objetivos junto a condiciones subjetivas, pero resaltando la preeminencia de los primeros. Sin embargo, la práctica de la construcción socialista se produjo a partir de decisiones subjetivas de los grupos de poder respectivos.

La planificación centralizada en economías estatizadas llevó a la falsa ilusión de que resultaba posible asignar recursos desde un centro de poder, decidir qué, cómo y cuánto se produce; establecer precios y salarios, todo lo cual había sido función del mercado, incluso desde mucho antes de que existiera el capitalismo industrial. Los resultados han sido evidentes: derroche de recursos, deformaciones estructurales, ineficiencia en los procesos productivos, escasa productividad y desinterés de los trabajadores por los resultados de la producción. Curiosamente, estos fenómenos dieron al traste con lo enunciado por la supuesta «ley económica fundamental del socialismo»: la satisfacción creciente de las necesidades materiales y espirituales de la sociedad.  

El derrumbe del socialismo real en la Unión Soviética y Europa Oriental, así como las profundas y exitosas transformaciones económicas en China y Vietnam hacia economías de mercado, demostraron que la planificación centralizada no resultó posible desde los puntos de vista económico y político; que el mercado resulta mucho más eficaz para la asignación de recursos y el fomento de la productividad; y que la iniciativa privada y el emprendimiento contribuyen de manera más eficiente al progreso económico que la administración centralizada de la economía con mecanismos de «ordeno y mando».

A pesar de que la historia económica demuestra que ese es un camino seguro al desastre, la dirigencia cubana no solo ha sido incapaz de superar los dogmas que definieron un sistema económico fracasado, sino que persiste en ellos. Siguen creyendo posible violentar a su antojo las leyes económicas, imponiendo precios, márgenes de ganancia y tipos de cambio.

El carácter predominante de la empresa estatal —denominada eufemísticamente «socialista» en el discurso oficial— es otro de los dogmas sempiternos del socialismo fracasado, sobre todo porque no por ser estatales son socialistas. En países capitalistas existen empresas estatales, y en algunos de ellos juegan un importante rol en la economía nacional. En el caso cubano, como en el de los demás estados socialistas, se ha mantenido el nivel de enajenación de los trabajadores respecto a la propiedad, toda vez que carecen de la posibilidad de controlar la gestión de la misma e incluso tienen un papel pasivo en el proceso de planificación debido al carácter centralizado de este.

En el último informe del ministerio de Economía y Planificación para la sesión de julio de 2024 de la Asamblea Nacional, se informó que el sistema empresarial estatal emplea a 1.300.000 trabajadores, lo que significaría que más de la mitad de los empleados por el Estado pertenece a la actividad presupuestada. En dicho informe se menciona que 340 empresas muestran pérdidas antes de impuestos, y de ellas, 319 son estatales —51 más que en abril de 2023-. Mientras tanto, a pesar de que 922 entidades, que reúnen al 54% del total de trabajadores, han entrado a los programas de «flexibilización salarial», la rentabilidad promedio se mantiene baja.

La escasa rentabilidad e incluso las pérdidas, que deben ser compensadas con transferencias desde el presupuesto, son un problema permanente del sistema empresarial en las economías socialistas. En Cuba esto tiene una particular dimensión debido a las camisas de fuerza impuestas desde el centro de poder que limitan su desarrollo.

La dirigencia cubana, sin embargo, continúa apostando a que estas son el pilar fundamental de la economía. Mientras tanto, a pesar de las muchas e intensas discusiones en tal sentido, siguen durmiendo el sueño eterno, las reformas conducentes a conferir a dichas empresas la autonomía económica, financiera y de gestión necesarias para operar en condiciones adecuadas. La existencia de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), salvo excepciones, resultan entes improductivos que reproducen el estilo burocrático de los ministerios en el control de la actividad empresarial, en lugar de propiciar su desarrollo.

Nunca he sugerido que pasemos a un proceso de privatizaciones al que no tendrían acceso los trabajadores cubanos y que favorecería a quienes lograron acumular capital en los negocios privados florecidos en los últimos años o a quienes mantienen vínculos corruptos con círculos de poder. No obstante, resulta evidente que debe renunciarse al dogma de que la empresa estatal es el pilar fundamental de la economía, y permitir el desarrollo libre de empresas privadas y cooperativas que llenen el espacio que en la actualidad dejan vacío gran cantidad de empresas paralizadas y obsoletas tecnológicamente.

Los intereses de la clase burocrática

Los teóricos del marxismo aspiraban a que, tras la superación del capitalismo, el comunismo sería una sociedad sin clases sociales. El comunismo ha demostrado ser una utopía, y el socialismo también, si consideramos que el sistema que el mundo ha reconocido históricamente como tal, no ha sido capaz de cumplir con su ley económica fundamental ni de asegurar la verdadera propiedad social sobre los medios de producción.

Lejos de avanzar hacia sociedades en que se reduzcan las diferencias sociales en condiciones de progreso económico y mejoramiento del bienestar, las economías centralmente administradas han conducido al surgimiento, como explicó magistralmente Milovan Djilas, de una «nueva clase»: la burocracia, que reemplazó a las clases explotadoras de los sistemas precedentes en su dominio sobre la sociedad, aunque a diferencia de estas, se convierte en clase cuando accede al poder y lo ejerce de forma omnímoda.

Marx no fue el primero en utilizar el concepto de «clase social»; antes que él, lo usaron los teóricos de la economía política clásica inglesa, así como historiadores políticos franceses. Sin embargo, el pensador nacido en Tréveris sistematizó el concepto a partir de la relación de los individuos respecto a los medios de producción.

La burocracia, efectivamente, no es la propietaria legal de los medios de producción en el socialismo realmente existente, pero actúa como tal. El carácter centralizado e inapelable de sus decisiones, refrendadas a través de cuerpos legislativos de bolsillo, le permite disponer de la propiedad que supuestamente es de todo el pueblo. Esto se logra a partir del establecimiento de un régimen totalitario de partido único, en el que ni siquiera ese partido funciona democráticamente.

La burocracia ejerce su poder como «clase en sí y clase para sí», y esta situación crea las condiciones para el establecimiento de relaciones corruptas que van desde la apropiación directa de recursos del Estado por parte de importantes dirigentes o sus familiares, hasta el uso de conexiones de todo tipo con los círculos de poder, sin que la sociedad cuente con los mecanismos efectivos para impedirlo, más allá de la «buena voluntad» de quienes hacen parte de la nueva clase dirigente.

Esto no quiere decir que toda la burocracia sea corrupta, sino que existen las condiciones para que puedan serlo hasta que las contradicciones en su interior desaten los conflictos en los que se destapan este tipo de entramados.

Desde todo punto de vista resulta inadmisible que el conglomerado empresarial de las fuerzas armadas, GAESA, no esté expuesto a la inspección de la Contraloría General de la República, tal y como reconoció recientemente la hoy extitular de esa entidad, Gladys Bejerano.

Los intereses de la clase burocrática cubana, interesada en conservar el poder a toda costa a través de su capacidad de intervenir en todos los aspectos de la vida económica y social de la nación, los están llevando a priorizar esto sobre la necesidad de liberar las fuerzas productivas para sacar al país de su crisis. Lejos de asumir la posición revolucionaria que pregonan, representan justamente lo contrario: el conservadurismo propio de quienes ostentan un poder sin retos, que se erosiona en la medida en que la sociedad gane en capacidad de autogestión.

Muchos cubanos se cuestionan por qué son adoptadas medidas económicas contrarias a las sugeridas por muchos economistas, no solo residentes fuera de Cuba sino incluso dentro. La explicación es política, no económica: la burocracia no está dispuesta a ceder ni un ápice de su poder, ni que este sea fiscalizado por la sociedad a través de mecanismos independientes. Al hacerlo, se suicidaría como clase. Sin embargo, el poder no se puede sostener eternamente, y mucho menos cuando la economía es un desastre y la vida de la sociedad se empobrece de manera persistente.

El desastre económico actual y su superación

Para nadie es un secreto, y mucho menos para quienes viven en la Isla, que la economía cubana está enfrentando su peor crisis de las últimas tres décadas. Finalmente se publicó el dato de variación del PIB para 2023, que fue de -1,9%, lo que significa que la variación promedio anual del principal indicador agregado de la economía para el período 2018-2023 ha sido de -1,4%, es decir, es como si cada año la economía se hubiera contraído en esa magnitud.

La dirigencia insiste hasta la saciedad en que las sanciones económicas impuestas por los gobiernos de Estados Unidos son la principal causa de los problemas. No estoy de acuerdo. De hecho, lo considero como la intención sistemática de evadir las responsabilidades que le competen desde su ejercicio del poder a través de la política económica. Las sanciones económicas existen desde hace más de sesenta años. La ley Helms Burton data de 1996. Ciertamente, la activación del título III de esta ley ocurrió en 2019, lo cual añadió un elemento de agravamiento en las presiones externas inadmisibles sobre el pueblo cubano. Insisto, sobre el pueblo cubano, no sobre la capacidad de gestión de su dirigencia que parece anclada en la inmovilidad hasta que el «maná caiga del cielo».

La clase burocrática ha sido incapaz de adoptar las medidas pertinentes para sacar al país de la crisis, al margen de los efectos negativos reales de las sanciones económicas. Muchos economistas hemos incluso listado las medidas que consideramos necesarias. Pero el gobierno, lejos de convocar a la nación a un debate, adopta justamente medidas contrarias a las que los economistas consideramos convenientes a la luz de la experiencia histórica.

El paquete más reciente, anunciado por el primer ministro Manuel Marrero, tendrá un efecto negativo sobre la economía y lejos de sacar al país de la crisis la profundizará. En lugar de presentar ideas novedosas, se apela a decisiones del pasado que, lejos de conducir a un mejoramiento del bienestar de la población, incrementaron su dependencia de las ayudas provenientes del exterior.

Se apela a una mayor dolarización parcial de la economía. Esto significa que la población seguirá teniendo salarios y pensiones de miseria en pesos cubanos, mientras deberá satisfacer una parte considerable de su subsistencia en dólares estadounidenses. Justamente aquí está el problema. La dolarización total de la economía ha funcionado adecuadamente para países como Panamá o Ecuador; la eurización ha funcionado para Montenegro; pero la dolarización parcial no ha sido efectiva en ningún lugar, al menos para la población.

Siempre he defendido que debemos fortalecer al peso cubano como moneda nacional. No solo por exceso de nacionalismo, sino porque la existencia de una moneda nacional permite que el tipo de cambio económicamente fundamentado resulte una especie de «válvula de escape» de los desequilibrios externos, y en las condiciones de adecuado clima para los negocios y libertad económica con justificadas regulaciones (lo que no significa controles), permite recuperar los equilibrios a partir de incentivos económicos positivos a la producción nacional. Pero la alternativa a una economía totalmente «pesificada» es la dolarización o eurización total, nunca parcial, porque la dolarización parcial segmenta a la sociedad, excluye a los más pobres y a quienes no tienen los mecanismos para convertir sus devaluados y casi inservibles pesos cubanos por los ansiados dólares o euros, que se imponen soberanos en el mercado.

Impulsados por una inflación de la que en gran medida son responsables —debido a la monetización sistemática de los déficits fiscales a través de la emisión de papel moneda—, los dirigentes cubanos apelan nuevamente al control de precios, a través de precios topados y ganancias topadas. Ya se demostró que eso no funciona. La teoría económica explica que cuando un gobierno, irresponsablemente, establece precios que están por debajo del equilibrio entre la oferta y la demanda, el resultado es la escasez o el desarrollo del mercado subterráneo a precios incluso mayores. Es decir, los productores retiran los productos del mercado o dejan de producir, porque no les resulta remunerativo. ¿Cuántas veces será necesario que ocurra el efecto de demostración?

Lo que sucede es que el gobierno, dada la pérdida sistemática de su credibilidad ante la sociedad, necesita mostrar que «hace algo». Pero lo que hace, lo hace mal. No es topando precios como se combate la inflación, sino creando las condiciones adecuadas para que aumente la producción, y ello no se logra con consignas políticas sino con medidas que estimulen la inversión de los diferentes tipos de actores de la economía nacional.

Precisamente las inversiones han sido uno de los aspectos peor tratados de la política económica reciente. Se ha mantenido una deformación inexplicable en la estructura de las mismas a favor de la construcción hotelera y los negocios inmobiliarios, mientras casas y edificios se derrumban ante el paso de los aguaceros; la industria se mantiene paralizada y el sector agropecuario es incapaz de asegurar la seguridad alimentaria del país. Mientras tanto, la ocupación de las capacidades hoteleras es de las más bajas de la región. Varios economistas alertamos sobre la inconveniencia de tales decisiones, sin embargo, aferrados al autismo autoinducido, quienes dirigen el país siguen actuando de forma irresponsable, sin asumir sus responsabilidades ni rendir cuentas por ellas.

Acaba de publicarse el capítulo de Construcción e inversiones del Anuario Estadístico de Cuba, correspondiente a 2023, y se observa que para ese año el 39,7% de las inversiones se dirigió al sector inmobiliario, en tanto solo el 19,2% se encauzó a la industria manufacturera; el 3,4% a la agricultura; el 1,3% a la educación; y el 1,6% a la salud pública y la asistencia social. ¿Qué clase de política socialista es esta?

El envejecimiento poblacional es una gravísima realidad en el caso de Cuba. Al fin el gobierno ha reconocido —aunque no en su total dimensión según estudios realizados por el destacado economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos—, que la población cubana ha disminuido. Esto es gravísimo para cualquier sociedad, pero en mayor medida si se trata de un país en desarrollo.

La crisis económica de Cuba y las políticas de su gobierno han conducido a una crisis de esperanza que afecta a la juventud del país, una gran parte de la cual ve en la emigración su única opción de vida. Los jubilados, muchos de los cuales fueron los constructores anónimos de esa nueva sociedad a que aspiraban, basada en la justicia social y la igualdad, hoy viven en condiciones de miseria. Sus pensiones de jubilación no les permite vivir dignamente. Mientras tanto, el gobierno se ha desentendido de ellos, como habría hecho el más abyecto de los regímenes neoliberales. Han traspasado la responsabilidad absoluta a las familias, lo cual es inmoral y vergonzoso.  

Un país capitalista desarrollado como Japón, cuya economía está sufriendo un gravísimo estancamiento, ha incrementado mucho su deuda pública para atender el gasto que representa una población altamente envejecida en un país que no admite fácilmente la inmigración. Cuba tiene el mismo problema, con la diferencia de que un régimen que se dice socialista no puede enfrentar esta realidad, no tiene deuda que incrementar ni opciones de financiación, por lo que resuelve traspasar la responsabilidad a la familia. ¿Es esa una opción socialista? Obviamente, no.

Los dirigentes cubanos dicen estar preocupados por la inflación galopante que sufre el país. De acuerdo con el citado informe del ministerio de Economía y Planificación, en mayo de 2024, la inflación interanual alcanzaba el 31,11%, frente a un 45,48% en el mismo período de 2023. Sin embargo, quiero destacar que esa no es una buena noticia, pues no significa que los precios hayan descendido, sino que se incrementaron, en menor medida, pero se incrementaron.

En la inflación que existe hoy en día gravitan diversos factores. En primer lugar, la escasez de oferta, que afecta los espacios en que funciona el mercado a través de la oferta y la demanda. Si la demanda supera la oferta, es clarísimo que los precios aumentan. En segundo lugar, influye la monetización del déficit fiscal, lo cual significa que el déficit es cubierto con emisión monetaria, inyectando pesos cubanos sin respaldo al mercado, lo que resulta un caso típico de incremento de la inflación. El tercer factor radica en los tipos de cambio, debido a la altísima dependencia de la economía respecto a la importación de bienes de consumo final. Si la demanda de divisas extranjeras para realizar importaciones supera su oferta, el valor del peso desciende y cualquier producto importado usando esa tasa de cambio resultará más caro. De esa manera, el tipo de cambio se convierte en un canal de transmisión de efectos inflacionarios sobre la economía nacional.

El Estado cubano es incapaz de conducir a la creación de un mercado formal de divisas; sin embargo, pretende imponerle a este sus condiciones, lo cual es absurdo e imposible. Los dirigentes denominan ilegal el mercado informal de divisas y satanizan a quienes desde El Toque han creado un indicador representativo de ese mercado, pero carecen de opciones alternativas, entre otras cosas porque no quieren renunciar a las rentas que significan su control sobre las transacciones bancarias.

Por eso han decidido que las operaciones de comercio exterior deberán hacerse desde bancos cubanos y no extranjeros, y además han decidido dolarizar el pago de aranceles por las importaciones. ¿Qué conseguirán con ello? ¿Que los actores del mercado usen los canales bancarios cubanos? No lo lograrán. Muchos se retirarán del mercado debido a la incertidumbre que generan estas medidas. ¿Qué se incrementen los ingresos en divisas en las arcas del Estado? Probablemente, pero al mismo tiempo subirá la tasa de cambio del mercado informal ante el incremento de las necesidades de divisas para operar en los negocios. ¿Realmente una medida como esta beneficia a la población? Todo lo contrario. El gobierno cubano hace, ni más ni menos, lo que muchos regímenes conservadores: descargar sobre el pueblo la carga de sus ineficiencias. ¿Es eso revolucionario? Obviamente no.

Los cubanos vivimos un tiempo de definiciones. Esto significa que podemos seguir otorgando a quienes mal dirigen el país una patente de corso que solo les beneficia a ellos como clase social establecida, o finalmente tomamos conciencia como ciudadanía de que las soluciones a la gravísima crisis económica y social tienen una causa política y, por tanto, los cambios necesarios deben comenzar por allí.

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Imagen principal: Tony Hernández Mena / Cubahora.